Si hablamos de un monarca que mandó a sus esbirros deshacerse de un disidente en el extranjero, pensamos inmediatamente en el jeque saudí que hizo desaparecer al periodista Yamal Jashogyi cuando fue al consulado de Estambul para tramitar su boda. Si de un presidente de gobierno que usa a sus espías para liquidar a oponentes políticos allí donde estén, señalamos a Putin y los letales envenenamientos que se le imputan, el último frustrado contra Alexei Navalny. Aunque, sin necesidad de salir fuera, durante el franquismo también tuvimos lo nuestro: el asesinato de Humberto Delgado, un militar portugués enfrentado al dictador Oliveira Salazar, en la localidad pacense de Villanueva del Fresno; y el de Mohamed Khider, uno de los padres de la revolución argelina, en pleno centro de Madrid. La <<neutralización>> del adversario ha sido y sigue siendo el idioma vehicular de la razón de Estado.
Lo que no resulta tan frecuente en democracia es que un Rey se valga del responsable de los servicios secretos como su mayordomo para amedrentar a su amante despechada. Eso es lo está que sucediendo con luz y taquígrafos entre nosotros, con sospechosa naturalidad. Corinna Larse, la última amiga íntima del Rey emérito, acaba de testificar en sede judicial contra su ex pareja por amenazas contra ella y su familia. Mediante videoconferencia desde Inglaterra, la aristócrata alemana declaró haber sentido en peligro su integridad cuando el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le dijo que <<no podía garantizar su seguridad ni la de su hijo>>. Advertencia que el emisario, el general Félix Sanz Roldán, le comunicó personalmente en Londres por encargo de Juan Carlos I.
Sin embargo, este bochornoso episodio de matonismo real no alcanzó a protagonizar la portada en ningún diario español de referencia del sábado 16 de enero, periódicos que en la mejor tradición cortesana trataron el tema como una astucia más del controvertido comisario José Manuel Villarejo. Incluso en las cabeceras que pasan por representar ideológicamente a las<<dos Españas>> (El País y ABC), el hecho delictivo fue directa y desvergonzadamente ninguneado (https://www.europapress.es/nacional/noticia-portadas-periodicos-sabado-16-enero-2021-20210116004623.html). En la sociedad de la información, la opinión publicada arma la opinión pública y, en consecuencia, solo existe la realidad paralela que sale en los medios. Por cierto, a la hora de escribir esta nota no se tienen noticias de que ninguna de las ministras integrantes del gobierno con más mujeres del mundo haya alzado la voz en protesta por la violencia machista del Soberano. Y ello, a pesar de que la retirada de los cargos por parte de la fiscalía presuponga la veracidad del testimonio prestado por Corinna.
El <<affaire Corinna>> adquiere así una nueva catadura, como ejemplo palmario de inmunidad de lesa majestad. Hablamos de un Rey en ejercicio, un jefe de Estado y de las Fuerzas Amadas, que en plena crisis económica de 2012 utiliza recursos estratégicos del país para acojonar a su querida a través del máximo responsable del CNI. Un monarca que supuestamente reina pero no gobierna, y que al abdicar dos años después, obligado por los casos de corrupción que asediaban a la Corona (Nóos entre otros más solapados), se ve recompensado con la pedrea vitalicia de la condición de <<Rey emérito> y los privilegios que conlleva la innombrable distinción a costa del presupuesto nacional. Una estampa impropia de una democracia de verdad, y más común en regímenes-basura, uncidos en la saga de Ali Baba y los 40 ladrones, una democracia hemofílica de amiguetes. De esta forma se ha pasado de la inmunidad constitucional a la impunidad sistémica. De ciudadanos a súbditos.
Porque ante la cascada de escándalos que han escoltado la etapa de Juan Carlos I, en activo o en su dorada jubilación blindada, la mayoría de las fuerzas políticas le siguen apoyando convirtiéndose en cómplices de sus fechorías. Una actitud que mina cualquier intento de exigencia democrática y corresponsabilidad social entre gobernantes y gobernados en todos los planos de la convivencia. Lo cual exige que los poderes de control, desde el judicial a los medios de comunicación, se sometan a los caprichos de un personaje errático y una institución anclada en la superstición, el derecho divino y la pureza de sangre. Eso es lo que conlleva que PP, PSOE y Vox, el 75% del arco parlamentario, se nieguen a aprobar una comisión de investigación para depurar responsabilidad sobre los últimos latrocinios del emérito. La corrupción endémica que significaba el Estado franquista no arrastró consigo a la sociedad de la época porque, además de contener una ilegitimidad de origen y de ejercicio, siempre hubo un activismo renuente a comulgar con sus inhumanas prácticas. Por el contrario, en el Estado de Derecho surgido de la transición sin ruptura con la dictadura, la dudosa legitimidad de origen tenía que ser compensada a mansalva con la excelencia de la legitimidad de ejercicio para lograr la plenitud democrática. Y eso es precisamente lo que la corte de los milagros que protege al Rey emérito y lo que le cuelga, anestesiada la sociedad civil por la atrabiliaria polarización política, pone en cuestión por <<razón de Estado>>
Fuente → kaosenlared.net
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