Proyecto Faq La Ley Trans y las necesidades del colectivo

sábado, 2 de enero de 2021

La Ley Trans y las necesidades del colectivo


La Ley Trans y las necesidades del colectivo
Luna Ramos

Desde que el nuevo gobierno asumió su mandato, el Ministerio de Igualdad, liderado por la ministra de UP, Irene Montero, ha venido haciendo pública su intención de sacar adelante lo que se llama en los medios la “Ley Trans”.

Esta ley es una reivindicación histórica del movimiento por los derechos de las personas trans, ya que ella supondría un avance en la protección institucional y la despatologización de nuestras identidades (dejarían de considerarse una enfermedad). Celebramos por tanto que el Ministerio de Igualdad esté recogiendo las demandas de un movimiento que viene luchando desde hace años por mejorar las condiciones de vida del colectivo.

A pesar de este avance con respecto a las demandas del movimiento, no son pocas las voces que se posicionan en contra de otorgar derechos a las personas trans, incluso dentro del mismo gobierno, tal y como expresaron en junio de este año varios dirigentes del PSOE en un comunicado interno, firmado también por su Secretaría de Igualdad.

Nos preguntamos entonces ¿cómo puede asegurar el Ministerio de Igualdad la aprobación de una ley con la que ni siquiera acuerda el total de la coalición de gobierno? No olvidamos que este proyecto de ley ya fue presentado en 2018 por Unidas Podemos y lo único que salió fue la foto que se tomaron con organizaciones trans a la puerta del Congreso, pues la propuesta acabó caducando por su inacción.

Han pasado casi 3 años desde entonces y lo que ha hecho hasta ahora UP es habilitar una cuenta de correo electrónico para poder expresar apoyo o rechazo al proyecto de ley (a pesar de que no existe un nuevo documento posterior al de 2018). 58.993 correos electrónicos apoyaron la propuesta, mientras que 1.386 expresaron su rechazo.

Desde luego, un gran sector de la población, incluido Corriente Roja como organización política, apoyamos que se otorguen derechos a la población trans. A pesar de ello, no confiamos en la capacidad del Congreso de garantizarlos, por los motivos expuestos anteriormente, y por la falta de recursos sociales que venimos sufriendo desde que empezaron las políticas de austeridad allá por el 2008.

En este contexto, UP parece experto en prometer sin poder garantizar resultados. Durante la presente legislatura llevó dos veces una Propuesta No de Ley por la regularización de los inmigrantes sin papeles, llevando al movimiento #RegularizaciónYa por un camino institucional sin salida, ya que la PNL fue rechazada por el Congreso en ambas ocasiones.

A UP, hayándose en plena caída en intención de voto, le sale rentable institucionalizar este tipo de movimientos y posicionarse como garante de derechos, aunque nunca los consiga. Desmovilizar para llevar las reivindicaciones de la calle a cámaras de eco solo puede tener intenciones electorales, pues UP sabe, tanto como nosotros, que sólo con la movilización y organización de explotades y oprimides, desde abajo, podremos arrancarle a este sistema nuestros derechos.

Ante la segunda crisis económica mundial que atravesamos en menos de dos décadas nos permitimos dudar de viejas promesas de protección social, más cuando se trata de colectivos vulnerables como el trans. Incluso leyendo el proyecto de ley presentado en 2018 encontramos vacíos y nos asaltan dudas.

Se plantea la protección de las personas trans en el ámbito sanitario, empezando por suprimir el diagnóstico psiquiátrico para poder modificar el sexo registral (autodeterminación de género) y acceder a recursos en materia de transición (hormonación, operaciones). Reivindicamos esta medida, aunque consideramos que no basta con eliminar la traba de la psiquiatrización. Sin una reversión total de los recortes a la Sanidad Pública las promesas de recursos quedan vacías. Entre 2009 y 2018, el gasto público en salud disminuyó un 11’21% mientras que el PIB aumentó un 8’6%.

El proyecto de ley también plantea formación del personal sanitario en la realidad trans para evitar su discriminación, algo que concierne especialmente a la Atención Primaria, pues es la puerta de entrada al sistema sanitario. De nuevo, nos encontramos con que los recursos destinados a esta área se han reducido un 13’10% de 2009 a 2018. ¿Cómo formarán a nuestros médicos de cabecera si no dan abasto ante un sistema sanitario colapsado, tal como hemos podido presenciar durante la pandemia de la COVID?

Lo mismo ocurriría en materia educativa. La propuesta de ley promete recursos para formación de profesorado y alumnado dirigida a la sensibilización sobre realidades trans. Nos preguntamos cómo se puede materializar esta promesa no sólo por la evidente pérdida de recursos en la Educación Pública (de 2009 a 2017, encontramos una pérdida de 7.000 millones de euros) , sino también por la creciente inversión pública en educación concertada, regentada en un 60% por la Iglesia Católica.

En los últimos 15 años, la educación concertada ganó una media de 22.407 alumnos por curso como consecuencia de la desinversión en Educación Pública: de 2007 a 2017 la financiación pública a la concertada creció un 24’4%, mientras que el crecimiento de la pública solo fue de un 2’3%. ¿Cómo se protegerá al alumnado trans bajo la imposición moral de la Iglesia en las aulas? Recordemos además, que incluso en los centros públicos la Iglesia está presente, acorde a los Acuerdos de la Santa Sede de 1979, que imponen la religión católica como asignatura cursable.

Por último, debemos abordar otra esfera crucial para las personas trans: el ámbito laboral. El 80% de las personas trans se encuentran en situación de desempleo en nuestro país, siendo la prostitución una de las salidas forzosas más recurrentes para las mujeres trans. En el proyecto de ley se plantea guardar un cupo de empleo público para las personas trans, aunque no se especifica cuál sería el porcentaje reservado. También se plantean deducciones fiscales de un 60% para las empresas privadas que contraten a personal trans. Ante la creciente privatización del sector público y destrucción de empleo dudamos de la eficacia de estas medidas, tanto por su imprecisión en cuanto al supuesto cupo de empleo público, como la no obligatoriedad a las empresas de contratar a personas trans. Además, consideramos insuficiente el incentivo fiscal ya que, al igual que ocurre actualmente con las personas discapacitadas, las empresas pueden aprovechar esta medida para cubrir puestos por los que el Estado prácticamente está pagando (con nuestros impuestos) mientras la empresa explota con salarios de miseria a estes trabajadores.

La ley también pretende asegurar la protección de las personas trans en el entorno laboral mediante la creación de protocolos contra acoso transfóbico y cláusulas anti-discriminatorias en los convenios colectivos. Tal como ha ocurrido con los protocolos contra el acoso machista, la obligatoriedad de la ley es relativa para las empresas privadas y no es sino mediante la organización sindical de les trabajadores, muchas veces contra la dirección de los sindicatos mayoritarios, que se consigue parar situaciones de acoso machista en los centros de trabajo, siempre a pesar de la patronal.

Desde Corriente Roja creemos que ese es el camino a seguir: la organización de toda la clase trabajadora contra todo tipo de opresión. A pesar de que reconocemos como un avance en la lucha la voluntad de parte de este gobierno de impulsar una Ley Trans, queremos señalar las dificultades que, sin ley o con ella, tendremos que enfrentar las personas trans de clase trabajadora. Dificultades que tendremos que superar como lo hemos venido haciendo hasta ahora con la lucha, junto al resto de explotades y oprimides. Por ello, desde Corriente Roja exigimos a este gobierno:

  1. Creación de empleo público con cupo laboral trans ¡Expropiación de los sectores estratégicos de la economía para tal fin!
  2. ¡Reversión de la totalidad de recortes a la Sanidad y Educación públicas!
  3. ¡Abajo los acuerdos de la Santa Sede! Educación Sexual en valores de igualdad obligatoria en el currículo escolar y formación específica para profesorado.
  4. ¡Expropiación de los recursos de la educación concertada y privada ¡fuera la Iglesia de nuestras aulas!
  5. Derecho a la autodeterminación de género sin requisitos de diagnóstico psiquiátrico ¡Basta de patologización de las identidades trans!

Fuente →  corrienteroja.net

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La Ley Trans y las necesidades del colectivo Rating: 4.5 Diposkan Oleh: La Voz de la República
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