Al igual que hicieron en el pasado, los partidos de extrema derecha o de ideología ultra fascista están creciendo a costa de utilizar los instrumentos de la democracia que ellos mismos quieren eliminar. Ya ocurrió en Alemania, Italia o España en la década de los años 30 del siglo XX. 100 años después el sistema democrático español está obligado a no repetir la historia. Y tiene herramientas legales para ello.

Vox está aprovechando cualquier resquicio que deja la democracia para generar desafección en el pueblo a través de un discurso basado en el odio, en el nacionalismo radical y aprovechándose de las nuevas tecnologías para llevar su mensaje ultra a todos los hogares por medio de la utilización de las técnicas de propaganda de Joseph Goebbels, unos métodos que son una herramienta común en todos los regímenes totalitarios del mundo.

La situación actual es propicia para el ascenso de Vox, y no sólo por la pandemia del Covid19. Las consecuencias de la crisis económica, al igual que ocurrió en la década de los años 30 del siglo XX, ha sido el caldo de cultivo perfecto para que el autoritarismo y las ideas populistas de la extrema derecha hayan sido vistas por muchos ciudadanos y ciudadanas como la solución que la democracia no ha podido o no ha querido dar.

Desde que Vox llegó a las instituciones democráticas, con el afán evidente de destruirlas desde dentro, han sido muchas las instituciones, asociaciones y organismos que han reclamado la ilegalización del partido de extrema derecha, muchas, incluso, cercanas a la derecha teóricamente democrática.

La Ley de Partidos de Aznar

España tiene, desde el año 2002, una herramienta para hacerlo: la Ley de Partidos aprobada por el gobierno de José María Aznar para, en aquellos años, arrinconar política y socialmente a las formaciones abertzales. Si hacemos un análisis de esta ley se comprueba que hay razones suficientes para que Vox sea ilegalizado.

Ya en la exposición de motivos de la ley se indica que el objetivo del texto legal es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades de los ciudadanos y se pretende impedir que un partido político pueda «atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas». ¿Cuántas menciones racistas y xenófobas ha hecho Vox a través de sus portavoces? No hay más que recordar las afirmaciones de Rocío Monasterio, por ejemplo, respecto a los «menas».

Si avanzamos en el análisis, el artículo 9, se incide en que los partidos deberán respetar los derechos humanos y los principios democráticos, además de realizar su actividad aceptando el pluralismo ideológico. Vox no encaja en estas palabras, no en vano, han determinado por su propia voluntad que el actual gobierno no es legítimo sólo por el hecho de que a la extrema derecha no le gusta que el pueblo español decidiera que quería ser gobernado por una coalición progresista. Además, volviendo al tema del racismo y la xenofobia, ¿cómo se puede justificar la legalidad de Vox cuando pretenden expulsar a decenas de miles de personas sólo por el hecho de ser extranjeros?

La ley aprobada por José María Aznar afirma que cualquier formación política puede ser ilegalizada cuando su actividad vulnere «las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual». Vox ha atacado a los musulmanes, a los inmigrantes, a las feministas, a los homosexuales y a todo aquel que no piense como ellos.

La reivindicación de la derogación de la ley contra la violencia de género choca, el negacionismo de que las mujeres tienen un problema con el terrorismo machista, son hechos que chocan con el espíritu de la Ley de Partidos y, por lo tanto, jurídicamente la ilegalización de Vox es posible.

Además, la ley expone claramente que ningún partido puede ir acompañado de simbología que incite a la violencia. En los actos del partido ultra se pueden ver banderas preconstitucionales, lo que supone una clara apología del fascismo y de una dictadura salvaje que se caracterizó, precisamente, por la violencia, la tortura, las ejecuciones y la persecución a quienes eran contrarios a los Principios Generales del Movimiento Nacional.

Las propias directivas y reglamentos de la Unión Europea justificarían la ilegalización de Vox. En el año 2018, el Parlamento Europeo instó a «luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos, en la línea de prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacional».

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) podría haber dado el golpe definitivo a Vox. En concreto, desde Estrasburgo se ha avalado la disolución de los grupos de extrema derecha no vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos ya que estas asociaciones están en contra de los valores de «tolerancia, paz social y no discriminación». Esto incluye también a partidos políticos.

Esta disolución, que también conlleva la ilegalización, es acorde al derecho y al respeto de los derechos humanos cuando estos grupos usen la «libertad de asociación con el objetivo de destruir los ideales y valores de la sociedad democrática». Para el TEDH la actividad de estas asociaciones es incompatible «con los fundamentos de la democracia».

El fallo se refiere en concreto a diversos grupos de la extrema derecha francesa que hacían, por ejemplo, llamamientos xenófobos a una revolución nacional para deshacerse de las personas migrantes, de raza no caucásica, o de las generaciones subsiguientes de esas migraciones. Estos grupos calificaban a estos grupos de población como «parásitos que destruyen la soberanía de Francia». También hacían referencias a que esa destrucción también venía causada por el «judaísmo político». Estos llamamientos no hacen más que recordar a las proclamas antimigración de Vox o a su lucha contra los MENA.

La sentencia no se queda solo en el territorio francés, sino que es extensiva a todo el territorio de la UE.

Para el TEDH, la disolución de los grupos de extrema derecha responde a la «protección de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos de los demás», además de añadir que se trata de la respuesta de la «democracia que es capaz de defenderse».

La sentencia del TEDH avala la posibilidad de que, en base a la argumentación del fallo, el Gobierno pueda aplicar la Ley de Partidos española que, por cierto, contiene muchos de los puntos recogidos en la sentencia.

En consecuencia, argumentos jurídicos hay de sobra. Ahora sólo queda la intención política de dignificar a nuestra democracia.

El Primer DNI Republicano