Silvia Casado Arenas y Carlos Fernández Liria, autores de los libros ¿Qué fue la guerra civil?, y ¿Qué fue la segunda república? (Akal, 2018, 2019)

Mientras exista la enseñanza privada existirá el derecho de los padres a adoctrinar a sus hijos. Ese es el supuesto derecho que los defensores de la privada llaman “libertad de enseñanza”: el derecho de los padres a imponer a sus hijos un totalitarismo ideológico sin fisuras, haciendo que sean educados en recintos estancos blindados frente a toda pluralidad y toda diversidad. Este prejuicio no sólo es patrimonio de la derecha, también lo es de algunas izquierdas progresistas, aunque (menos mal) en mucha menor medida. De este modo, los padres del Opus educan a sus hijos en colegios del Opus, perpetrando la más monumental de las manipulaciones, al hacerles creer que el Opus es una cosa normal o incluso la normalidad misma, en lugar de una secta más comparable a cualquier otra. Lo mismo, no decimos que no, es aplicable a ciertos izquierdistas que pretenden educar a sus hijos en reservas progres a su medida: el caso es que se creen con derecho a imponer los vástagos sus propias creencias, en lugar de correr el riesgo de abrir sus mentes a la pluralidad del mundo que nos rodea, algo que sólo es posible, como es obvio, en la Escuela Pública.

Estas ideas, que ya hemos repetido mil veces, nos han venido a la cabeza leyendo el libro de Enrique Javier Díez Gutiérrez, La asignatura pendiente. La memoria histórica democrática en los libros de texto escolares (Plaza Valdes Editores, 2020). Hemos recordado, ante todo, la enorme responsabilidad que tiene la escuela pública respecto a lo que es, en efecto, una “asignatura pendiente”. Lo que nos presenta Enrique Díez es un pormenorizado estudio de los libros de texto de Historia en la enseñanza secundaria y el bachillerato. Y su diagnóstico, como bien resume Alberto Garzón, que escribe el prólogo del libro, es que existió durante la Transición un “pacto implícito para congelar y no remover el pasado” que ha impedido y sigue impidiendo algo tan elemental como hacer un relato objetivo de lo que supuso el golpe de Estado, la guerra civil y los cuarenta años de dictadura que vinieron a continuación. Se “congeló y no se removió” por razones políticas, más o menos encomiables o detestables, pero la Escuela Pública no puede ¡un siglo después!, seguir siendo rehén de este acuerdo tácito por la desmemoria y el olvido.

Es parte de su tarea incorporar en la nueva ley educativa, que legislará los currículos en los próximos meses, el estudio de la memoria histórica democrática. Es decir, transmitir y estudiar “el significado de lo que supusieron para los valores democráticos la Segunda República, la dictadura franquista y la resistencia antifranquista”. Con este objetivo, en La asignatura pendiente, el autor revisa los libros de texto de la materia de Historia de 15 editoriales centrándose no sólo en el tratamiento de los contenidos, sino también en las imágenes, gráficos, actividades y materiales didácticos de cuatro apartados fundamentales: causas y consecuencias de la Guerra Civil, represión franquista, lucha antifranquista y movimiento por la recuperación de la memoria histórica.

Al estudio de los libros escolares se suma el análisis de los currículos desde la LOGSE hasta la LOMCE y 610 entrevistas a profesores y profesoras de Historia de secundaria y bachillerato.

Respecto a los libros de texto, la visión ideológica es variada dependiendo, evidentemente, del grupo editorial al que pertenezcan. En consonancia con lo que algunos estudiosos han denominado “la amnesia de la transición”, nos encontramos con que buena parte de “los enfoques, análisis y contenidos” relacionados con la dictadura y la represión franquista se alinean con la teoría de la equidistancia o equiparación, con el tan manido “todos fueron iguales”. En resumen, el mismo vicio que los firmantes de esta reseña ya criticamos respecto del libro de Arturo Pérez Reverte, La Guerra Civil contada a los jóvenes, pues resulta obvio que cuando se trata de víctimas y verdugos, la única equidistancia posible es alinearse con las víctimas y condenar a los verdugos.

Otro de los elementos que llaman poderosamente la atención, en la mayoría de los libros de texto, son los silencios u ocultaciones de lo que el autor denomina “temas tabú”: el expolio de bienes de las familias no afectos al régimen, el papel de la Iglesia dentro del aparato represor de la dictadura, el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo, y un largo etcétera.

Las entrevistas al profesorado ponen de manifiesto cómo la inclusión de la memoria histórica es un reto. La extensión de los currículos de Historia y el tiempo disponible en los cursos es una de las barreras más dificultosas. Es más, podríamos afirmar que es la mayor “censura” que existe, pues, por ejemplo, en un segundo de Bachillerato, con contenidos que van desde el hombre de Atapuerca hasta la actualidad, intentar explicar con detenimiento y profundidad los períodos de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista es un reto inasumible. De este modo, la censura se disfraza pragmáticamente de la imposibilidad anual de cumplir con los programas con un poco de dignidad.

Y aquí está la cosa, que la derecha sí tiene clarísimo lo que quiere en lo que a la enseñanza de la Historia se refiere. Si no recordamos mal, fue en la etapa de Esperanza Aguirre como Ministra de Educación cuando mediante un Real Decreto nos colaron el aumento de los contenidos mínimos en segundo de bachillerato, pasando del estudio de la Historia de España del siglo XIX y XX a toda la Historia de España, porque era inconcebible, en palabras de Aguirre que “los alumnos salieran del instituto sin saber quién era Felipe II”. Cualquier persona puede hacerse cargo de la dificultad que tiene un profesor o profesora de Historia para poder abarcar esa dimensión histórica que abarca desde el hombre de Atapuerca al 15M español.

Es curioso lo de izquierdas que son los del PSOE cuando están en la oposición y lo cobardes que resultan ser cuando llegan al gobierno. Ahora es el momento en el que tenemos una oportunidad “histórica” para poner en marcha lo que buena parte del profesorado y la sociedad llevamos décadas reclamando y que de forma tan pormenorizada analiza Enrique Díez en La asignatura pendiente. Este Gobierno tiene que asumir el derecho que tienen nuestros estudiantes a la objetividad histórica. Pero no solo los estudiantes, sino la sociedad entera. No podemos seguir ocultando, en esta especie de “ejercicio de desmemoria colectiva”, lo que las investigaciones históricas llevan décadas demostrando. El “silencio, el miedo y el olvido” que impuso la dictadura no puede seguir causando efectos en los currículos de la escuela pública. Y, sin embargo, es preciso leer el libro La asignatura pendiente para caer en la cuenta de que esos efectos siguen aún presentes, mucho más de lo que a veces pensamos. Para poner remedio a esta situación no basta con confiar en la buena voluntad del profesorado. Hace falta una “voluntad política”, dispuesta a plantear la cuestión de la memoria histórica en todo el sistema educativo.

Enrique Díaz, profesor y vicepresidente del Foro de la Memoria de León, como un guerrillero por la democracia y la memoria, termina su libro presentando un conjunto de materiales pedagógicos para “evitar la amnesia histórica”. Son tres unidades didácticas que se publicarán en breve en la editorial Plaza y Valdés, y que actualmente podemos encontrar en formato digital en http://memoriahistoria.unileon.es. La primera unidad se centra en al causa democrática republicana, la segunda en la represión franquista y la última en la resistencia antifranquista, más una apartado final dedicado a la recuperación de la memoria.

Los que somos profesores y profesoras de Historia tenemos que estar muy agradecidas a Enrique por su incansable trabajo por la memoria histórica democrática. Creemos que este libro es de imprescindible lectura para todo profesor crítico, pero, sobre todo, para un gobierno de coalición progresista que tiene el deber de escuchar a los colectivos que tanto han trabajado por rescatar del olvido a millares de hombres y mujeres que como funcionarios de la humanidad lucharon por la democracia contra la dictadura y la represión.

El Primer DNI Republicano