• El abogado Jacinto Lara, que se ha encargado del caso por torturas de Gerardo Iglesias, reconoce que siempre que asisten al Constitucional lo hacen "sin esperanza" y como paso previo obligado a llevar la cuestión ante otras instancias internacionales.
• El único movimiento que se salió de lo habitual en el tribunal de garantías se produjo en 2013, cuando un fiscal pidió a los magistrados que reconsideraran una inadmisión señalando que tenían la oportunidad de pronunciarse sobre el alcance de la Ley de Amnistía.
• Contra los muros del Constitucional también chocaron las familias del comunista Julián Grimau y del poeta Miguel Hernández cuando trataron de anular las sentencias del franquismo por las que fueron condenados

El Constitucional se erige como muro infranqueable para las víctimas del franquismo / Álvaro Sánchez Castrillo:

Ni siquiera llegaba a la mayoría de edad, pero eso apenas importaba en pleno franquismo. Corría el año 1963 cuando el histórico dirigente de IU y el PCE, entonces trabajador minero en el Pozo Carbones de la Nueva, fue detenido por la Brigada Político Social de Oviedo, capitaneada por el terrorífico Claudio Ramos, por incitación a la huelga. Permaneció arrestado en comisaría tres días. Aquellas setenta y ocho horas fueron las primeras en las que vivió en sus carnes la brutalidad de unas torturas, físicas y psicológicas, que representaban una forma de actuar sistematizada de los cuerpos represores. Fue allí, con solo diecisiete años, cuando conoció por primera vez a Pascual Honrado de la Fuente, el Billy el Niño asturiano. "Estaba especializado en tumbarte al suelo dándote puñetazos en el hígado. Te daban patadas, hostias de toda clase, sufrías todo tipo de ensañamientos, aparte de humillaciones", explicó el propio Iglesias ante un juez décadas después, cuando decenas de víctimas de todos aquellos torturadores franquistas dijeron que ya bastaba de tanta impunidad en suelo español. Junto a él, otros históricos de la lucha antifranquista como Felisa Echegoyen, Chato Galante o Luis Suárez.

Fue en aquella declaración frente a un juez cuando el histórico dirigente comunista quiso dejar constancia del grado de impunidad y seguridad con el que actuaban esos policías y, en concreto, Honrado de la Fuente. "Un día me dijo que cuando muriera Franco ellos no iban a perder nada porque eran funcionarios", explicó Iglesias. El inspector no erró en sus pronósticos. Su trayectoria nunca se vio truncada por estos actos. Es más, sobre su pechera siguen colgando a día de hoy condecoraciones que incrementan sustancialmente su pensión vitalicia. Pero, además, sigue sin haberse producido en suelo español ningún tipo de reproche penal por las palizas que en su momento dio a Iglesias y otros compañeros de lucha antifranquista. Y seguirá sin suceder, a la vista del movimiento dado esta semana por el Constitucional, quien se ha negado en redondo a admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el exdirigente de IU. De nuevo, el tribunal de garantías mantiene ese muro infranqueable alrededor de cuestiones relativas a la dictadura. Cualquier melón que entra con este cariz, es tajantemente rechazado. Da igual si es por torturas o si tiene que ver con la anulación de sentencias. No hay margen.

La decisión sobre Iglesias es importante. Es la primera respuesta en forma de auto que dan los magistrados del Constitucional a un recurso de amparo relacionado con las torturas producidas durante el franquismo. Y su inadmisión anticipa la suerte que correrán todos aquellos recursos que han ido detrás, como los de los históricos comunistas asturianos Vicente Gutiérrez o Faustino Sánchez, para los que, salvo sorpresa, también espera el cajón de la inadmisión. Para la mayoría de los magistrados de la sala, la decisión de los órganos judiciales que han rechazado investigar está perfectamente motivada. En resumen: los delitos de lesa humanidad no se incluyeron en el Código Penal hasta 2003, por lo que no cabe aplicación retroactiva; los hechos son de hace medio siglo, por lo que si se trata como delitos comunes ya estarían prescritos; y, de no estarlo, la Ley de Amnistía de 1977 impediría cualquier reproche penal. "Lo que se hace es una interpretación restrictiva. Nosotros seguimos defendiendo que hay argumentos jurídicos para investigar. Otra cosa es lo que luego pase judicialmente, pero eso no quita que se tengan que investigar estos crímenes", explica al otro lado del teléfono el abogado memorialista Miguel Ángel Muga.

Se pronuncia en la misma línea Francisco Javier Rodríguez, portavoz de La Comuna d'Asturies: "Lo que se aplica es una suerte de amnistía preventiva, sin que ni siquiera se produzca un juicio en este sentido, aunque luego se decida si los hechos se entroncan dentro de esta norma". En julio de 2014, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, emitió un duro informe en el que, entre otras cosas, ponía el foco en la Ley de Amnistía. En concreto, decía que no había ningún impedimento "en el sistema judicial español" para "revisar o anular las disposiciones" que fueran incompatibles con las obligaciones del Estado en el marco de la Convención de Derechos Humanos. Y, en este sentido, apuntaba directamente al tribunal de garantías: "Sería la institución idónea para debatir y pronunciarse sobre la interpretación de la norma". Sin embargo, con lo que no contaba era con que el Constitucional es una pared con estos temas. "No se quiere abrir ningún resquicio", apunta Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

El valiente paso de un fiscal

El paso más lejano que se ha producido en el Constitucional en relación con un asunto de estas características lo dio en diciembre de 2013 un fiscal del órgano. En concreto, Manuel Miranda, quien emitió un informe pidiendo al tribunal que se replantease la decisión de inadmitir un recurso del abogado memorialista Eduardo Ranz en relación con la exhumación de los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos. En aquel escrito, el miembro del Ministerio Público recordaba a los magistrados que el órgano judicial nunca había tenido la oportunidad de abordar los efectos de la Ley de Amnistía "sobre el deber de investigación judicial efectiva y su conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva". "La demanda de amparo plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, que trasciende el concreto caso denunciado. [...] La eventual nulidad de la Ley de Amnistía, las discrepancias de interpretación respecto de su alcance y su efectos [...] adquieren una singular relevancia jurídica en nuestro ordenamiento", concluía. Hoy, ocho años después de aquello, el propio Ranz recuerda al otro lado del teléfono que "en cuarenta y ocho horas, su jefa dejó sin efecto la calificación y archivó el asunto". "Es lo más lejos que se ha llegado", continúa.

Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño'. | EFE

Jacinto Lara es el abogado de Ceaqua que se ha encargado del caso de Iglesias. Responde al teléfono después de un día intenso. De momento, prefiere no entrar en el fondo del asunto hasta conocer el contenido íntegro del auto que afecta al histórico comunista. Pero reconoce que cada vez que llevan cualquier cuestión relacionada con la represión franquista ante el Constitucional lo hacen sin apenas "esperanza" y como trámite a agotar antes de trasladar el asunto fuera de las fronteras. "Es una máquina de inadmisión", resume. A lo largo de décadas, recuerda, el tribunal ha tenido la oportunidad de aclarar de una vez por todas el alcance de la amnistía. Herramientas no han faltado. Lo podía haber hecho, apunta el jurista, en "cualquier demanda de amparo". Pero hasta ahora ha sido un debate ignorado. Y Ranz no tiene muchas esperanzas en que deje de serlo en un margen corto de tiempo: "Si admite y responde a un amparo sobre los crímenes del franquismo, eso podría llevar a revisar actos y decisiones de otros órganos judiciales". Como por ejemplo los del Supremo, que hace una década cerró la puerta a la investigación penal de la represión franquista como crímenes de lesa humanidad.

El letrado de Ceaqua tampoco alberga muchas esperanzas. Al menos no con la actual composición del órgano, de mayoría conservadora. No obstante, vuelve a poner el foco en el auto de su cliente. Y apunta una diferencia importante respecto a todas las respuestas del Constitucional que había recibido previamente y que puede llevar a pensar que algo se está moviendo en el tribunal. "Antes emitían una providencia tipo de un par de párrafos en la que básicamente alegaban falta de trascendencia constitucional. Ahora, tenemos un auto. Y no hay respuesta monolítica", explica. En este caso, la decisión de tumbar el asunto se tomó por ocho votos a tres: Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca o María Luisa Balaguer apostaban por revisar las torturas. A la espera de conocer en profundidad el contenido del auto, el abogado ya deja claro que en cuanto lo tengan entre sus manos pondrán, de nuevo, camino a otras instancias internacionales, que es a lo que las víctimas de la dictadura llevan años agarrándose: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité de la Tortura... Mientras, tienen un ojo puesto también en la justicia Argentina.

De Miguel Hernández a Julián Grimau

Felisa Echegoyen ya ha puesto su historia sobre la mesa del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En concreto, las torturas de las que fue víctima a manos del expolicía de la Político Social Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, quien a comienzos de octubre de 1974 se plantó en su casa con otros cuatro inspectores y la agredió violentamente antes de conducirla a la Dirección General de Seguridad. Tenía 26 años y formaba parte de la Liga Comunista Revolucionaria. "Tenemos que intentarlo fuera porque en España siempre nos encontramos con el mismo muro", apunta. De momento, está a la espera de que este organismo se pronuncie. Pero lo cierto es que González Pacheco ya ha fallecido sin que se haya producido reproche penal. Y, al igual que él, también algunas de las víctimas de torturas sin encontrar la justicia que tanto buscaban. Otras, a pesar de sus años, siguen resistiendo. Es el caso de Vicente Gutiérrez, de 88 años y torturado por Pascual Honrado de la Fuente. "No desistimos, luchamos. Y cuando no lo hagamos nosotros, lo harán los que vengan detrás si no lo hemos conseguido", señalan.

Protesta por el asesinato de Julián Grimau.

Como con las víctimas de torturas, el inmovilismo del Constitucional, recuerda Muga, también abarca los continuos intentos de anular las sentencias de la dictadura. "Su permanencia suponen un reconocimiento de la legalidad franquista", apuntan los juristas consultados. Se ha buscado por activa y por pasiva. Uno de los intentos más destacados fue el de la familia de Julián Grimau, el dirigente comunista asesinado por el régimen franquista en la década de los sesenta tras un consejo de guerra. En 1990, el fiscal general del Estado y la viuda del dirigente fusilado acudieron al Supremo, pero se rechazó anular la sentencia al entender el Alto Tribunal que el recurso era defectuoso. Luego, se fue al Constitucional, contra el que también se chocaron. Los magistrados argumentaron la decisión alegando que la Constitución no tiene efectos retroactivos, por lo que, decían, no cabía "enjuiciar mediante su aplicación los actos de poder pronunciados antes de su entrada en vigor".

El mismo camino a ninguna parte siguió la familia del poeta Miguel Hernández. En 2011, el Alto Tribunal dijo que no podía tumbar la sentencia al entender que la Ley de Memoria Histórica no contemplaba una anulación individualizada de estas condenas por motivos políticos e ideológicos. El recurso de amparo ante el Constitucional también terminó guardado en un cajón. En opinión de los colectivos memorialistas, estas resoluciones "permanecen" como "un monumento a la infamia" y suponen una "prueba más de los restos del franquismo que aún perviven en la democracia española". Un aroma a una España en blanco y negro que también, consideran desde las asociaciones memorialistas, resiste todavía en la judicatura. "Sigue existiendo una ligazón, lazos políticos o familiares vinculados todavía al franquismo. Una parcialidad que queda demostrada con la imposibilidad que tenemos las víctimas de acceder a la justicia", sentencian desde La Comuna d'Asturies.