Luces y sombras de la ley de Memoria

El Anteproyecto de la Ley de Memoria Histórica abrió el debate entre los que la aplauden y los que la consideran insuficiente. Esta semana dio una buena noticia en clave local. Dos familias viguesas, las de Xosé Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo, celebraron la modificación del primer borrador, en respuesta a la enmienda presentada por Anmistía Internacional que anulaba los juicios sumarísimos de 1975. Benefició también a Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot “Txiki” y Ángel Otaegui, ejecutados el mismo día y a Salvador Puig Antich, un año antes en Barcelona.

Supuso la respuesta a una campaña iniciada por Mariflor Baena hace veinte años para limpiar el expediente y la memoria de su hermano. Contó con el apoyo de la delegación viguesa de Amnistía Internacional que la asesoró en esta lucha. “Esta nueva ley elimina la barrera temporal que cubre desde la Guerra Civil hasta el final de franquismo”, afirma Alberto Estévez, activista que acompañó la reivindicación iniciada desde Vigo en todo el proceso. “Supone el cierre de un ciclo, que comenzó en el 36 con ejecuciones como la de mi abuelo y que se repitió 40 años después con los fusilamientos del 75 basándose en la misma historia; esta ley será un salto gigantesco”, asegura.

Para Estévez, la clave en este avance está en el cambio generacional de los legisladores y en una nueva sensibilidad social. “En 2004 Aministía presenta el caso desde una nueva óptica, deja de considerar los muertos de la guerra para verlos como víctimas de la vulneración de los Derechos Humanos para hablar de los desaparecidos, los esclavos en trabajos forzados, los torturados o los ejecutados”. Así, considera que hay un cambio de concepción en la sociedad porque deja de ser un tema de enfrentamiento político y pasa a ser un delito internacional.

La aceptación de la enmienda de Amnistía Internacional que beneficia directamente a los últimos ejecutados del franquismo, entre ellos dos vigueses, se debe en parte a la suma de apoyos. Cuando se cumplían 45 años de los fusilamientos, Mariflor Baena escribió cartas a todos los portavoces de la Comisión Constitucional, a miembros de los grupos políticos en el Parlamento, a líderes de opinión y a representantes públicos, recibiendo un gran respaldo. “Ya se había intentado antes, pero con un Gobierno que no escuchaba poco se podía hacer”.

Desde Amnistía Internacional señalan que hay la necesidad imperiosa de decir la verdad. “Hay que nombrar una comisión de la verdad atemporal para sanear el discurso y acabar con mitos como que Franco mantuvo la paz social, lo cierto es que la transición dejó muchos cadáveres por el camino”. Alberto Estévez considera que es esencial actuar en las escuelas. “No se hizo un proceso de desfranquización, hay toda una generación que no conoce lo que ha pasado; la educación es la mejor vacuna contra los totalitarismos”.

Una cuestión de justicia

Cerca de un centenar de colectivos de Memoria Histórica mantuvieron un encuentro estatal en el que analizaron el anteproyecto de la nueva ley. Si bien felicita “el debate público y político” que genera, reconoce que es “un importante avance con respecto a la Ley de 2007” y la considera como “un paso destacable al recoger buena parte de las reivindicaciones esenciales de esta larga lucha”, también la tilda de “insuficiente”, ya que “debería incluir la declaración de nulidad de uno de los cimientos fundamentales de la impunidad del franquismo: la ley de amnistía de 1977”.

Telmo Comesaña, presidente de la Asociación Viguesa por la Recuperación de la Memoria Histórica, comparte las conclusiones del encuentro: “Si no se elimina la amnistía del 77 no se puede impartir justicia y sin justicia la verdad no vale nada”. Con 86 años, señala que la mayoría de los dirigentes del movimiento memorialista nacieron en los 60: “Todo lo que pasó antes no existe para ellos, no conocen el terror y el control permanente al que era sometida la sociedad; lo que oigo hoy en el Parlamento me recuerda a lo que se decía en el 34; que se permita que militares en la reserva lancen doctrinas similares al 36 son hechos que en países como Alemania o Italia no sucede porque serían juzgados inmediatamente, pero aquí no es ilegal”.

Comesaña admite no esperar demasiado: “Por todo lo que he vivido soy muy escéptico con esta nueva ley, se queda en acciones intermedias, en imágenes, pero no hace lo que hay que hacer, eliminar los juicios sumarios, como recoge la ONU; si no dentro de 50 años cuando ya no quedemos ninguno para decir lo qué pasó, se acudirá a los archivos y allí aparecerá que la mitad de los españoles era ingobernable, pero eso es mentira”.

Otra carencia importante de la ley para Comesaña, hijo de represaliado, es descargar la responsabilidad de las exhumaciones en los ayuntamientos. “Es competencia del Estado, tiene que hacer un mapa de las fosas, identificar y entregar los restos; pero también enviar un juez para certificar qué pasó o no habrá delito”.

Miguel Ángel Gómez ‘Gus’, víctima de torturas durante el franquismo, arrastra aún las secuelas de lo vivido en el calabozo, pero la nueva ley no incluye los casos como el suyo entre las víctimas. Participó en el encuentro de los colectivos por la Memoria y también encuentra lagunas. “Encajan la investigación de los crímenes del franquismo en un enjuiciamiento civil, sin consecuencias penales; acabará siendo un reconocimiento simbólico; tampoco hay una declaración clara que ilegalice el franquismo y mantiene la legalidad de la transición”.

La cuestión judicial es, en opinión de ‘Gus’, de lo más grave: “No incide en el principio de convencionalidad que permitiría que se investiguen los crímenes del franquismo basándose en la legislación internacional”.
Los colectivos esperan que el Anteproyecto sea llevado al Parlamento entre enero y febrero. Será cuando presenten las enmiendas.