Os acordáis? Ese año iba a ser el de la “revuelta feminista”. La convocatoria de huelga feminista que en 2018 y 2019 logró un amplio apoyo se convertía en 2020 en una propuesta más extensiva en el tiempo —con un programa distribuido a lo largo de todo el mes de marzo— y en el espacio —con acciones descentralizadas—. Asambleas feministas en todo el estado entendían que las redes tejidas en los años anteriores justifican esta estrategia.

El 8 de marzo de 2020, en más de mil convocatorias en todo el Estado, el feminismo demostró que seguía fuerte… aunque no tanto. Llegaba a este Día Internacional de la Mujer exhibiendo su división, una división entre —supuestamente— un feminismo abolicionista de la prostitución y uno que no lo es. 

Pero las diferencias van más allá y abarcan no solo a un movimiento heterogéneo y diverso por definición. A lo largo del año, esta brecha se han hecho visible también en el primer Gobierno de coalición: un Gobierno que hacía pública su composición un 12 de enero y dos meses después tenía que gestionar la crisis del covid-19.

Despedimos el año en que se intentó criminalizar el 8M y el año en que las víctimas de violencia de género quedaron confinadas con sus agresores. Pero también el año en el que se configuró el segundo Ministerio de Igualdad y en que los colectivos de personas trans advirtieron de que no darán un paso atrás en la conquista de sus derechos.

La criminalización del 8M

El 8 de marzo ya habíamos conocido a Fernando Simón, aunque aun no podíamos comprar camisetas con su cara: el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aseguraba el 7 de marzo que cada persona debería decidir si asistir o no a las manifestaciones feministas: “Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera”. Seis días después, el Gobierno decretaba el estado de alarma y empezaban los señalamientos al 8M.

El 19 de marzo de 2020, este señalamiento por parte de partidos de derechas se materializaba en la denuncia presentada por un abogado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra los delegados del Gobierno en las 17 comunidades autónomas. El letrado cuestionaba que se hubieran autorizado manifestaciones después del 2 de marzo, fecha en la que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), calificó como “moderado” el riesgo de una expansión generalizada del virus en los países de la UE.

En medio del hostigamiento al 8M, el feminismo ya había tenido que inventar nuevos lemas adecuados a la nueva situación: “Vecina confinada, aquí están tus hermanas”  

Tras declararse la jueza competente para investigar a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid —e instar a acudir a otras instancias en el resto de los casos—, comienza una investigación que culmina con la entrega en mayo de un informe de la Guardia Civil a la jueza. A finales de mayo y tras más de dos meses de silencio, la Comisión 8M de Madrid lanzaba un comunicado, se negaba a formar parte de la estrategia “fango”, y el 12 de junio la jueza archiva la causa. 

En medio del hostigamiento, el feminismo ya había tenido que inventar nuevos lemas adecuados a la nueva situación: “Vecina confinada, aquí están tus hermanas”

Confinamiento y violencias

Mientras el confinamiento domiciliario nos ponía a salvo del virus, a muchas mujeres el decreto del estado de alarma del 14 de marzo les supuso un encierro con sus agresores. El Ministerio de Igualdad reacciona rápido e impulsa un Plan de Contingencia contra la violencia de género con medidas como habilitar un servicio de mensajería instantánea y asistencia psicológica inmediata.

La violencia de género no cesa durante el confinamiento y las llamadas al 016 llegan a aumentar un 60%. Los recursos para actuaciones urgentes en violencia de género, tanto judiciales como policiales, son declarados servicio esencial y siguen activos.

Pero, mientras se actúa de inmediato contra la violencia de género en pareja, otra violencia en la sombra: los abusos contra la infancia. En la semana del 23 al 30 de marzo, el servicio de atención de la fundación ANAR atiende 270 peticiones en su chat o por correo electrónico, de las que el 3,5% están relacionadas con situaciones de abusos sexuales a la infancia. “Con el confinamiento los agresores tienen más oportunidades para cometer abusos contra la infancia, pero para esto no hay campañas”, lamentaba la asociación El Mundo de los ASI.

Los retos del Ministerio de Igualdad

El 12 de enero Pedro Sánchez presentó a las ministras y los ministros del primer Gobierno de coalición de la historia en España. Sánchez renunciaba al Ministerio de Igualdad que había sido marca-PSOE para dejarlo en manos de Podemos. Encabezado por Irene Montero, Igualdad asume un área que hasta entonces había liderado la socialista Carmen Calvo. “Frente a la destrucción de lo común que propone la extrema derecha, nos encontrarán unidas y fuertes para defender un país feminista”, defendía Montero durante la toma de posesión de las y los altos cargos del Ministerio de Igualdad.

Además del reto de atender las violencias machistas durante el confinamiento, el Ministerio de Igualdad ha estado ocupado en 2020 en otros asuntos de calado. El más reciente se lo han asignado los Presupuestos Generales del Estado, que consignan para Igualdad un presupuesto con el que afrontan el reto de cerrar la brecha de los cuidados. Los presupuestos contemplan la puesta en marcha de un plan de cuidados desde Igualdad por 200 millones y 300 millones de la Seguridad Social para equiparar los permisos de nacimiento, acogida y adopción a partir de este enero de 2021. Los PGE también suponen una partida significativa para luchar contra la violencia de género.

Además, Igualdad tiene en sus manos varias iniciativas legislativas. Una de ellas, la “ley del sí es sí”, fue aprobada en el Consejo de Ministros del 3 de marzo y ha recibido a pocos días de acabar el año el respaldo del Consejo Fiscal, pese a los continuos intentos de poner en duda la calidad del texto legislativo por parte de diferentes sectores.

Además, Igualdad tiene el compromiso de desarrollar una Ley de Igualdad LGTB y una ley trans. En ambas, y pese a las continuas críticas de un sector del feminismo, el equipo de Montero se ha comprometido a garantizar la “autodeterminación de género”, que los colectivos de personas trans entienden como un principio vertebrador de sus derechos. 

Derechos de las personas trans

Contra los vaticinios de Montero en ese discurso en el que pedía unidad “frente a la destrucción de lo común que propone la extrema derecha”, este 25 de noviembre, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Montero pedía unidad, pero ya no era frente a la extrema derecha.

La movilización del feminismo que se autodenomina “radical” y que denuncia un supuesto “borrado de las mujeres” que, a su entender, supone la inclusión de las mujeres trans en el movimiento feminista, ha tenido varios hitos a lo largo de este año.

Así, en febrero, IU expulsaba al Partido Feminista —integrado hasta entonces en esta federación de izquierdas—. En junio se conoce a través de las redes sociales un manifiesto del PSOE  “contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres” y contra “la autodeterminación sexual”, un texto que pone en evidencia una división que sobrepasa al movimiento feminista y se adentra en el seno del los partidos del Gobierno de coalición al posicionarse en contra del posicionamiento de Montero y su equipo. 

La otra cara de esta moneda es la reacción de los colectivos de personas trans, dispuestos a no dar ni un paso atrás en la conquista de sus derechos. La plataforma Confluencia Trans, constituida este año, sigue presionando para que se apruebe una ley estatal que reconozca unos derechos que no son nuevos: desde 2014, varias leyes autonómicas, muchas impulsadas por el PSOE, reconocen la autodeterminación de género.