Este texto nace de la insatisfacción ante los argumentos que se están esgrimiendo en torno al anteproyecto de ley de “memoria democrática” que anunció el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos en septiembre de 2020.

Por un lado, una parte de la derecha social, mediática y política ha asumido un discurso negacionista sobre los crímenes del franquismo, mientras que otra se refugia en el discurso de la “reconciliación nacional” de la Transición para denunciar que este tipo de leyes reabren heridas y, por lo tanto, que no es necesario remover el pasado.

El ejemplo más claro de esta segunda versión fue la decisión del nuevo Ayuntamiento de Madrid de retirar, en 2019, las placas con los nombres de todas las personas fusiladas por la dictadura de Franco en el cementerio del Este entre 1939 y 1944 del memorial que había construido el consistorio anterior, y sustituirlas por una inscripción que dice “El pueblo de Madrid a todos los madrileños que, entre 1936 y 1944, sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas. Paz, piedad y perdón”. 

Una nueva memoria cívica lo que debe arrebatar a las víctimas de los discursos del franquismo, dotarles de un nuevo significado, y situarlos en un nuevo marco narrativo

Bajo la apariencia de reconocer a todas las víctimas por igual, en realidad la decisión del nuevo Ayuntamiento de Madrid provocaba un mayor enquistamiento del conflicto de memorias por cuatro motivos fundamentales: 1) invisibilizaba (una vez más) a las víctimas de la dictadura de Franco, 2) humillaba a estas víctimas y provocaba un mayor sufrimiento en sus descendientes, 3) difuminaba las lógicas de violencia que operaron durante el conflicto armado español, hasta el punto de equipararlas, y 4) reproducía un discurso de “reconciliación nacional” elaborado durante la Transición que está poblado de silencios, olvidos e impunidad.

Por otro lado, la izquierda social, mediática y política ha tendido a asumir la teoría de que existen dos tipos de memoria: una “apología memoriae” de las víctimas asesinadas en la zona republicana y una “damnatio memoriae” de las víctimas del franquismo.

La teoría de la “damnatio memoriae” sostiene que las víctimas del franquismo fueron estigmatizadas, negadas y olvidadas durante la dictadura franquista y, lo que es más grave, durante el periodo democrático tras la muerte de Franco. Por ese motivo es tan importante dignificar la memoria de las víctimas del franquismo. De este modo, además, se reforzaría nuestra cultura democrática al establecer un claro cordón umbilical (y sanitario) entre la experiencia democrática de los años 30 y el presente.

Desde mi punto de vista, la primera premisa es innegable y no se puede reconstruir una memoria cívica sin reconocer el carácter subalterno que han tenido estas víctimas desde 1936 hasta la actualidad. Ochenta años de negación e invisibilidad colocan a estas víctimas en una posición subordinada, aspecto que debe ser tenido en consideración a la hora de construir una memoria cívica.

La segunda premisa es más problemática. Sin lugar a duda, estas muertes fueron causadas por una política de limpieza implementada por los insurgentes desde julio de 1936, que pretendía arrancar de raíz todo rastro de cultura ciudadana y democrática en el país. Sin embargo, hay que evitar un discurso banal que puede oscurecer la complejidad de los proyectos democráticos en los años 30 en España, que ni eran homogéneos ni una réplica de la democracia liberal parlamentaria actual.

En cualquier caso, las conclusiones que se derivan de la teoría de la “apología memoriae” son las que me parecen más problemáticas. Esta teoría sostiene que las víctimas del bando nacional fueron homenajeadas por la dictadura durante 40 años hasta saturar el espacio público y la memoria; lo que es totalmente preciso. Ahora bien, el problema radica entonces en qué hacer hoy en términos de políticas de memoria con las personas asesinadas y fusiladas en la zona republicana.

La conclusión a la que llega la izquierda social, mediática y política –aunque habitualmente no se suele hacer explícita– en que como estos muertos ya recibieron un reconocimiento público y fueron dignificados por la dictadura, ya no es necesario incorporarlos a las políticas públicas de memoria.

Este argumento resulta problemático por diversos motivos, pero particularmente por uno que me parece grave: si no incorporamos a estas víctimas en un relato de memoria cívica, lo que estamos haciendo es asumir y reforzar la memoria de los Mártires y los Caídos de la dictadura de Franco. Una nueva memoria cívica lo que debe hacer es justo lo contrario: arrebatar a estas víctimas de los discursos del franquismo, dotarles de un nuevo significado, y situarlos en un nuevo marco narrativo. ¿Acaso la dictadura no suplantó la voz de muchos de aquellos que habían perdido a un familiar en la zona republicana?

Una nueva memoria cívica consiste en reconocer las complejidades del pasado y las diferentes lógicas de violencia que operaron en el conflicto armado español

Una memoria cívica en España no puede olvidar o negar el carácter subalterno que ha tenido durante 80 años la memoria de las víctimas del franquismo y la existencia todavía hoy de miles de cadáveres sin identificar en fosas comunes. Sin embargo, tampoco puede expulsar a las personas asesinadas y fusiladas en la zona republicana porque la dictadura de Franco las convirtiera durante años en un eje central de su discurso. Una memoria cívica lo que debería hacer es deconstruir estos discursos e integrarlos en una memoria cuyo eje se vertebre en la ciudadanía y los derechos humanos.

Esto implicaría que la derecha española abandonara los discursos negacionistas o en favor del olvido, además de romper definitivamente con los vínculos emocionales que todavía le unen con las narrativas de la dictadura. La izquierda, por su parte, debería abandonar esa cómoda posición de identificarse exclusivamente como víctima del franquismo y asumir que, en su nombre, también se difundieron discursos excluyentes y se cometieron asesinatos.

En cualquier caso, una nueva memoria cívica no consiste en un juego de equidistancias sino todo lo contrario: reconocer las complejidades del pasado y las diferentes lógicas de violencia que operaron en el la guerra española. De esta manera, se lograría, entre otras cosas, visibilizar hasta qué punto la violencia insurgente del golpe de Estado rompió con una larga, compleja y heterogénea cultura ciudadana en España.

Del mismo modo, una memoria cívica no puede obviar otros aspectos incómodos del pasado, como el hecho de que para que existieran víctimas, también tuvo que haber promotores de la violencia, perpetradores y colaboradores. Pero tampoco puede olvidar el papel crucial de intercesores y salvadores, gracias a los cuales la violencia no existió o se redujo drásticamente en muchos pueblos y ciudades de España.

Cabe hacer una última apreciación. Una memoria cívica debe prestar especial atención a aquellos civiles que fueron asesinados y que luego acabaron en cunetas, en fosas comunes o en tumbas sin nombre. Pero tampoco debe olvidar a los miles de combatientes –la mayor parte de ellos soldados forzados– que perdieron su vida en los campos de batalla. Muchos de ellos yacen todavía en colinas y fosas desconocidas.

Una nueva memoria cívica de la guerra de España debería fundamentarse, por lo tanto, en dos ejes centrales: la ciudadanía y los derechos humanos. Así podríamos empezar a reflexionar con mayor libertad sobre ese pasado incómodo donde todos los muertos tendrían cabida en un nuevo relato.

El Primer DNI Republicano