Una segunda república, cuatro monarcas y siete golpes después, la construcción del Estado español se ha desarrollado en torno a un modelo centralista, que se ha correspondido también con un modelo de desarrollo económico determinado. Al mismo tiempo que se ponía en marcha un modelo vertical en las relaciones entre las distintas naciones que componen España, se obturaba la redistribución en la propiedad y la riqueza. Ese diagnóstico es compartido, con pocos matices, por las fuerzas soberanistas que valoran para El Salto los resultados de la mayor encuesta hecha sobre el reinado de Felipe VI. 

Con la publicación el pasado 12 de octubre de ese estudio, que fue encargado por la Plataforma de Medios Independientes gracias al apoyo de casi dos mil mecenas, se alcanzó una repercusión poco sorprendente: la iniciativa apenas fue cubierta y valorada por el ‘establishment’, los medios o la representación política instalada en Madrid y, sin embargo, concitó interés en las opiniones públicas de Catalunya y Euskal Herria y fue seguida también por medios públicos asturianos y gallegos. A priori, los resultados más destacados de la encuesta muestran la fotografía de un periodo difícil pero no terminal para la Casa Real. A pesar de los escándalos económicos protagonizados por Juan Carlos I, de su salida pactada a Emiratos Árabes Unidos y de la crisis institucional derivada de múltiples factores, el actual rey cuenta con una base de apoyo amplia y, si bien es cierto que una mayoría de la muestra, el 40,9%, votaría por la República en caso de referéndum, la ciudadanía cree que de convocarse una consulta, el rey Felipe VI sería refrendado en las urnas. 

Los resultados de la encuesta no dejaron lugar a la sorpresa. La ciudadanía de Madrid y Andalucía se muestra más comprometida con la Casa Real, en las naciones históricas con un proyecto soberanista más definido dos de cada tres personas se muestran favorables a la “vía republicana”, mientras que la diferencia se estrecha en territorios con escasa o nula tradición independentista como el País Valencià o el Principado de Asturias. Jéssica Albiach, presidenta de En Comú Podem, recuerda la larga tradición republicana de Catalunya, pero también que el sector monárquico nunca se sintió vinculado a la rama de los Borbón que representa Felipe VI. Las cicatrices que dejó el Carlismo aún explican una desafección hacia la casa Borbón que apenas se consiguió suavizar en los años 80 y 90.

Para Albiach, contando con esas cicatrices históricas, el tiempo nuevo que se ha abierto tras la abdicación de Juan Carlos I a favor de Felipe VI está definido por una actuación determinada y por el cambio generacional. La actuación es el discurso del 3 de octubre de 2017, en el que la monarquía “dejó bastante que desear como institución democrática”. Una “performance” en clave recentralizadora por parte de Felipe VI que aumentó los grados de malestar en Catalunya y País Vasco. El cambio general, en segundo lugar, determina que la Casa Real haya perdido transversalidad. Su público está cada vez más envejecido y “creo que estamos viendo que es una institución cada vez más asociada a gente de derechas y con una visión centralista de España”, resume Albiach. 

LOS JÓVENES

La encuesta dirigida por la agencia 40dB. apunta en esa dirección. Para la población mayor de 65 años, Felipe VI es importante en cuanto “estabilizador” entre las distintas posiciones políticas e ideológicas. La juventud, sin embargo, considera mayoritariamente que la monarquía “no tiene sentido en democracia”. Un 64% de la población que tiene entre 18 y 24 años valora como anacrónica a la actual jefatura del Estado.

Ángela Aguilera, portavoz de Adelante Andalucía, percibe que la desafección de la juventud con la Casa Real encuentra su lógica en los contextos. A partir de los 45 años, más de la mitad de los españoles se muestran de acuerdo en que Juan Carlos I trajo la democracia a España, mientras que de los de 24 para abajo no llega al tercio quienes se muestran conforme con la afirmación. “Nosotros crecimos con la idea de que Juan Carlos había salvado la democracia, se nos vendió como el gran símbolo de la reconciliación, pero nuestros jóvenes están viendo todo lo contrario: que es una institución corrupta, anacrónica, un régimen injusto con las aspiraciones de la ciudadanía”, expone la gaditana, que hace referencia también al elevado nivel de formación de la generación presente.

Los medios de comunicación de entonces contribuyeron a la consolidación de ese gran símbolo de reconciliación y, a pesar de que las informaciones que cuestionan la Monarquía siguen sin encontrar siempre espacio en los grandes medios hoy en día, la juventud no encuentra en el emérito ningún ejemplo —entre 18 a 24, le valoran con un 2,5 sobre 10—. “Del héroe nacional que vendieron llegamos al hombre que se iba a matar elefantes, al de la Corinna o la evasión de impuestos, y a quienes creyeran en la Monarquía se les habrá caído un mito, pero la generación joven directamente ha visto de manera descarnada un rey corrupto que ha tenido que salir por patas de su país”, defiende Aguilera. También Felipe VI suspende —4,4—  entre los jóvenes mayores de edad.

Antes de configurarse como Coalició Compromís, su apuesta por un modelo de Estado federal con una clara figura republicana ya constaba en el ideario de los partidos que le dieron forma, reseña Carles Mulet, senador por designación de las Cortes Valencianas. “Entendemos que haya miedo a los cambios y que cuanto mayor es la persona, más rechazo pueda mostrar a la República, también porque comparan el cambio con procesos anteriores que desencadenaron la Guerra Civil, aunque no tenga absolutamente nada que ver”, defiende el político castellonense. Del mismo modo que el mantra de que Juan Carlos I trajo la democracia perdura, un segundo mantra también lo hace entre un sector de la población: la República, de por sí, traerá inestabilidad.

Sin embargo, nada es tan sencillo como parece. El propio estudio revela que, junto a la monarquía, se produce un suspenso general en los principales ejes del sistema entre la población más joven —no se salvan los sindicatos y la institución mejor valorada son las fuerzas armadas— y ese descolgamiento se traduce en otro dato relevante: la desafección hacia la vida en democracia es mayor entre la población más joven.

LOS TERRITORIOS 

La llegada de un nuevo periodo republicano sigue siendo objeto de debates teóricos en determinados territorios, donde, como defendió el periodista Enric Juliana en su análisis del estudio, solamente se puede hablar de “clubes republicanos” frente a un “bloque monárquico” con una capacidad de intervención casi ilimitada. 

Pero la debilidad del “bloque monárquico” en País Vasco y, especialmente en Catalunya sitúa el problema de la monarquía en las mismas coordenadas en las que estaba durante la II República. Parafraseando a Xavier Domènech, la pregunta que se planteó a partir de 2017 no es solamente cómo debe ser Catalunya, sino cómo debe ser España. 

Para Joan Puigcercós, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya entre 2008 y 2011, no hay que irse tan atrás en el tiempo para explicar el proceso que se ha dado entre distintas sociedades: “En Catalunya y Euskadi el antifranquismo se ha mantenido vivo como cultura política por el hecho nacionalista, en Madrid, sin embargo, el antifranquismo se ha reducido a la mínima expresión”, explica. En el País Valencià, la denominada Batalla de Valencia condicionó el desarrollo de los sentimientos nacionalistas: también con una lengua y cultura propias, la comunidad que había acogido el último gobierno de la II República asustaba al establishment de la Transición, y el anticatalanismo quedó aupado a través de lo que algunos historiadores siguen considerando una estrategia. 

Aunque Madrid “es una ciudad con todo tipo de sensibilidades”, matiza Jon Iñarritu, la acumulación en las últimas décadas de las altas administraciones, las jefaturas de las Fuerzas Armadas, de las Altas Magistraturas y de las direcciones de los partidos políticos ha convertido a la capital “en algunos aspectos, en un gueto ultra”, en opinión de este diputado de EH Bildu. No es lo único que se reprocha de Madrid: para Ángela Aguilera, también está el proceso de asimilación que ha padecido Andalucía por parte de la capital, que “se ha apropiado de sus símbolos hasta confundirlos con los de España”. Eso ha condicionado el sentir todavía mayoritariamente monárquico de una comunidad que supone el 18% de la población española. “Hemos sufrido como ningún otro pueblo un proceso de asimilación y apropiación cultural por parte de España, y eso tiene sus consecuencias sociales en nuestra comunidad”, asevera la portavoz de Adelante Andalucía, que reprocha también el papel subsidiario al que se ha condenado al territorio. 

La discusión en torno al centralismo, un modelo de administración de la riqueza que comenzó a funcionar antes de que se concibiese el nacionalismo español, genera mucho menos morbo o debate que la cuestión entre monarquía y república, pero sin duda es uno de los aspectos que más pesan en el relato de los partidos soberanistas e independentistas. En las naciones históricas, la posición actual de la Casa Real solo suma en una ofensiva contra la redistribución de competencias que se remonta nada menos que a 1714. “Cada vez se invaden más competencias de las escasas que tenemos”, lamenta Jon Iñarritu, que habla de “estatutos incompletos” 40 años después de la restauración de la democracia y de la dinastía Borbón. 

Néstor Rego, diputado en el Congreso por el Bloque Nacionalista Galego, cree que el proceso recentralizador se remonta al comienzo de la segunda restauración borbónica, en concreto a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, aprobada en 1982 con el eco en el Parlamento del golpe de Estado del 23-F. Para el Bloque, esa negación de la capacidad de decidir se ha plasmado en el debate, en la semana del 20 de octubre, sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o en la futura ley educativa LOM-LOE, “también con ese sesgo”.

No se trata de economía, de financiación o de solidaridad entre territorios, explica Joan Puigcercós, sino más bien de respeto a la cultura y la lengua. “Ese nacionalismo español es monolingüe, mononacional y monocultural. Muy excluyente”, lamenta el exdiputado republicano. Sin un cambio, que pasa por el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, hecha a medias y solo en momentos muy concretos por la socialdemocracia dominante, es imposible alcanzar el nivel de fraternidad necesario para superar la actual dislocación entre territorios. Mulet defiende como ideal un modelo que “supone más o menos avanzar en el que tenemos ahora, que respete la capacidad de autolegislar y los derechos históricos de cada nacionalidad histórica, porque un Estado plural es la única manera de que todos nos entendamos y hay comunidades que sí son nacionalidades históricas, que sí que tenemos una tradición incluso legislativa”. 

Para Albiach, el reconocimiento y el blindaje de la lengua, así como la reforma del sistema de financiación, son las bases para un nuevo impulso de fraternidad que se dirija hacia una República plurinacional, “que se basaría en un federalismo asimétrico” y que pasaría por el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Pero, incide esta diputada del Parlament, “tenemos que ser capaces de llenar de contenido la III República con las necesidades y los retos actuales, es importante vincular ese proyecto como el feminismo y la ecología, y obviamente a la descentralización del poder y la riqueza”.

Del mismo modo que Compromís lleva años encabezando una campaña por el “financiamiento justo” al considerar que las inversiones del Estado en territorio valenciano resultan del todo insuficientes, Adelante Andalucía también señala a Madrid y a lo que denominan el “dumping fiscal insoportable” en lo que se refiere a la descentralización de la riqueza. Dentro de casa, el andalucismo reprocha a las casi cuatro décadas del gobierno socialista haber condenado a su población, según valora Aguilera, al “desconocimiento del patrimonio y la aportación constitucional” de Andalucía, la única comunidad a la que se le ha reconocido ser nacionalidad histórica: “El PSOE no ha hecho nada para enseñar esto en las escuelas públicas, y tienen una responsabilidad importante en que Andalucía no tenga esa conciencia como nación, o no la tenga al menos desde un punto de vista soberanista”.

LOS SOCIALISTAS

Cinco años después de que se abortase la primera experiencia republicana, el 2 de mayo de 1879, se fundaba en Casa Labra el Partido Socialista Obrero Español. Hoy, 141 años después, el PSOE sigue siendo la clave para la llegada de una tercera república. Aunque el actual presidente del Gobierno, sus antecesores en ese cargo, la plana mayor del partido y sus principales figuras de referencia siguen insistiendo en su compromiso con la Casa Borbón, el ruido acerca de ese compromiso se da en el interior del partido y en el exterior. La encuesta publicada por El Salto muestra cómo la mitad de los votantes del PSOE se muestran favorables a la República y es mayoritario el suspenso a Juan Carlos I entre la base de una organización que acuñó el “juancarlismo” y que ahora defiende la fórmula paradójica de que el rey “encarna” los valores republicanos. La moción de censura del 21 y 22 de octubre marcó un nuevo hito en la auto-identificación de Vox con la monarquía y en la acusación por parte de este “partido del rey” de que el PSOE tiene en su agenda desmontar el sistema del 78 y proclamar la república.

La realidad, no obstante, dista mucho de esa interpretación, señala Jon Iñarritu, para quien el PSOE “es prisionero de los pactos de la Transición y considera que debe sustentarlos incluso cuando la institución de la monarquía fue una imposición de los sectores más reaccionarios del sistema”. Para este diputado de EH Bildu, el factor generacional es una clave que explica que cada vez sea más difícil para los socialistas redefinir su republicanismo programático. Del mismo modo, Néstor Rego cree que el partido que dirige Sánchez no sustenta su apuesta federal de la que “solo habla de vez en cuando” mientras que el resto del año “trabaja en sentido contrario”. 

Puigcercós resalta que esa corte establecida en torno a Felipe VI “con sus medios de comunicación y plataformas” dificulta cualquier paso del PSOE en dirección contraria al centralismo. “Cuando Zapatero dio algún paso hacia el reconocimiento del otro, en este caso Catalunya, el entorno sociopolítico hizo mucha presión”, indica antes de definir ese entorno como una superestructura, “un sindicato de intereses” formado por cuerpos nacionales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, técnicos comerciales (TECO), jueces y fiscales que configuran un búnker “casi inexpugnable”. Para Puigcercós, el principal problema de la izquierda socialdemócrata española es que intenta jugar según las reglas de ese búnker. La respuesta, denuncia, es la utilización de todos los medios, incluso las cloacas, para frenar cualquier intento de apertura.

En el debate con ese “otro” que hoy son los partidos soberanistas, nacionalistas e independentistas, se llega recurrentemente a la idea de la “España irreformable”. Además de parte de un argumentario político, el concepto remite a los movimientos de impugnación popular de 2011 y 2012 y a la demanda de reformas en el sistema, que es transversal a toda la población. El 71,9% de las personas encuestadas por 40dB. creen que son necesarios cambios en la Constitución de 1978 y respecto a la jefatura del Estado es transversal la idea de que debe rendir cuentas al Parlamento y realizar declaraciones de bienes en un marco de transparencia total.

Pero, aunque la opinión pública no zozobra en esa necesidad de cambios, la reforma o, de manera más ambiciosa, el Proceso Constituyente necesario para superar los límites a los que ha llegado el sistema de 1978 parece una entelequia en un momento de crisis económica marcado también por el bloqueo generacional entre quienes protagonizaron la Transición y quienes han crecido entre sus costuras. 

Si no es irreformable, como denuncian los diputados de ERC o BNG, el intento de construir globalmente el Estado y la sociedad española sobre bases radicalmente diferentes es un horizonte muy lejano. Con un Gobierno híbrido formado por el PSOE más vinculado a los poderes económicos y un grupo recién llegado y agotado por la carrera para llegar a cotas de poder, el impulso para el debate sobre la forma del Estado queda en manos de una sociedad civil que, hasta ahora, no se ha movilizado de manera federal y masiva por una vía republicana.

Parte de la explicación está en los medios con que cuenta el bloque monárquico y con los que no cuentan los clubes republicanistas. “La encuesta se da en un contexto de ausencia de voces republicanas en los medios de comunicación”, apunta Jéssica Albiach, quien cree que los resultados tienen que ser valorados también como una consecuencia de esa falta de debate: “No es lo mismo decir que no te gusta la monarquía a ser capaces de prefigurar o visualizar cómo tendría que ser una República”. Carles Mulet añade que, de hecho, en la histórica equiparación de la figura de la Corona con la unidad del Estado está la trampa: “Se ha utilizado una figura representativa como garante de esa unidad ante esa teórica amenaza de que se rompe todo”.

La historia puede servir de guía para comprobar cómo se afrontaron estas cuestiones en las dos experiencias republicanas previas. Xavi Domènech, en 'Un haz de naciones', destaca que el republicanismo histórico hizo “de la territorialidad y la diversidad sus principales fuerzas”. El hecho de que, después de dos siglos de derrotas, gran parte de la población siga creyendo en la idea de una federación de naciones sin reyes ni vasallos indica que, a pesar de las dificultades, no todo está perdido.