Ilegalización del franquismo y del “atado y bien atado” del régimen

Tan habituados estamos a entrar de lleno en la especulación de las propuesta de las leyes de la Memoria, y de los recursos manidos de unos y de otros, de todo lo que corresponde al mundo oficial de la política de la Corte,… que a veces obviamos el terreno más inmediato de todos los días: el de la lucha directa, el que en última instancia está poniendo en crisis y, por tanto, vaciando de legalidad y legitimidad los compromisos izquierda-derecha del continuismo franquista.

El caso del Pazo de Meirás es más que un buen ejemplo de lo que decimos. La juez de Primera Instancia de la Coruña, que ha condenado a la familia Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado, solo ha podido establecer la claridad necesaria sobre los hechos, a saber: que la compra del Pazo el 24 de mayo de 1941 no fue sino una “simulación”, una simulación con ánimo de fraude, donde existía un contrato y una escritura notarial que no había sido sino un fraude, una donación de guerra que se tramitó como si hubiera sido una verdadera compraventa. Operación ilícita destinada a defraudar y ocultar la violación legal realizada. La ministra portavoz del gobierno, que tan dada es a frases sin sentido, lo bordó en esta ocasión para valorar lo juzgado sobre el Pazo, diciendo: “Nos parece de justicia, es un patrimonio que pertenece al pueblo español y tenía que volver al pueblo español”. De forma que la devolución del Pazo de Meirás al pueblo gallego ha sido el paso democrático y de justicia más importante que hemos conocido en la larga lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo.

En Vigo, en el centro de la industria gallega, se libra una batalla laica y democrática en torno a la conocida como “cruz de la discordia”. En 1961, el dictador y su séquito de curas y falangistas inauguraron un monumento más a la victoria, es decir, al crimen contra la humanidad, en forma de cruz labrada en piedra de doce metros de altura, que fue bendecida por el obispo de la época. Monumento fascista, que pasó a ser conocido como la cruz de O Castro. Dedicado, como tantos otros monumentos fascistas, a los “caídos por Dios, por la Patria y la División azul”.

Desde 1979 hay una lucha democrática de la población de Vigo que tiene su reflejo en el consistorio, tendente a acabar con ese monumento, por ser un insulto a las víctimas del franquismo y a la democracia; pero el bloqueo del PP y de un sector del PSOE permite que aún se mantenga en pie. El alcalde de Vigo y exministro felipista, Abel Caballero, ha tomado partido por el mantenimiento de la cruz. El conflicto se judicializó con sentencias contradictorias, y terminó su recorrido judicial con la inadmisión del último recurso al Tribunal Constitucional. ¿Para qué ha valido la Ley de la Memoria que disponía de esa manera la eliminación de los monumentos de la exaltación del fascismo?

Miles de cruces y monumentos franquistas siguen en pide en diferentes puntos de la geografía después de más de cuatro décadas de supuesta democracia; y de entre ellas la más insultante, por lo que representa, es la del monumento al crimen, al nacional catolicismo y a la reconciliación política, la terrible cruz del “Valle de los Caídos”. Allí siguen amontonados los restos de miles de soldados republicanos que, fueron secuestrados para adornar el que fuera mausoleo de Franco, negándose el gobierno a entregar dichos restos a los familiares que tienen sentencias judiciales favorables en los bolsillos. Se mantiene todavía el lugar de honor de la Basílica a José Antonio Primo de Rivera, jefe de la Falange, custodiado por los monjes Benedictinos, y bien pagado todo ello por el Estado. Tanto el gobierno de Zapatero como el de Sánchez, que han tomado resoluciones variopintas sobre el monumento al crimen del Valle de los Caídos, no pueden esconder su incompetencia para resolver problemas fundamentales de la ruptura democrática con el franquismo y con la Iglesia franquista.

Más aún cuando el franquismo no se reduce a una cuestión de víctimas que exigen verdad, justicia y reparación, o de una Memoria democrática que demanda la ilegalización del franquismo y el fin de todos sus privilegios. El franquismo sobrevive en las principales instituciones fundamentales del régimen del 78, que niegan la democracia y la soberanía de los pueblos.

En estos días se cumple el 45 aniversario de la proclamación por las Cortes franquistas de Juan Carlos de Borbón como rey. Aniversario que el Emérito va a celebrar con el botín cosechado desde su lujoso refugio de los Emiratos, y que sus descendientes lo harán desde el uso y disfrute de la jefatura del Estado, protegidos todos ellos por una supuesta democracia que desahucia todos los días a cientos de familias de sus casas, que llena las calles de colas de parados y de familias atenazadas por el hambre.

La Memoria histórica y democrática no es un asunto del pasado, aunque quienes legislan sobre estos asuntos de tanta importancia traten, de una u otra forma, de limitar su alcance político e institucional. Ellos parten de la defensa incondicional del régimen que ayudaron a construir a la muerte del dictador, como si se tratase de un terreno conquistado al que no están dispuestos a ceder, por mucho que tengan en contra el derecho internacional y a buena parte de la población. De forma que desde el Gobierno y desde las mismas Cortes tuercen y retuercen los términos para tratar, sea como sea, de mantener la impunidad de los crímenes del franquismo; en tanto que la impunidad se ha constituido en la base de sustentación del régimen constitucional del 78. La ilegalización del franquismo y del “atado y bien atado” franquista, establecido mediante un régimen corrupto, vitalicio y hereditario, es la asignatura pendiente de la lucha por la democracia y de la laicidad contra los privilegios de la Iglesia.

Todo el entramado de la impunidad ha sufrido un gran deterioro, que obliga a leyes y a decisiones políticas cada vez más confusas e inconcretas para tratar de salir del atolladero. Entendemos que el muro de la impunidad se ha comenzado a romper con la sentencia sobre el Pazo de Meirás y, pese a leyes como la que ahora presenta el gobierno como una ley democrática, no es sino un nueva ley de impunidad.

La crisis del régimen lleva meses y meses abierta de par en par, desde la cúspide, aunque los votos del PSOE, del PP y de Vox traten de bloquear en las Cortes todo intento de arrojar luz sobre los asuntos de abuso de poder, de grandes cuentas secretas y escándalos internacionales… La sentencia de la juez de Coruña sobre la “simulación” de los Franco con el Pazo de Meirás -y puede que con muchos bienes más del botín de guerra- deberá ser puesta sobre el tapete político y judicial a la hora de investigar, juzgar y sentenciar todos y cada uno de los casos de corrupción de Estado.

El Primer DNI Republicano