La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña ha prohibido a la familia Franco retirar cualquier bien del Pazo de Meirás y ha ordenado realizar un inventario, que comenzará el próximo miércoles.

Así, según ha informado el TSXG, la jueza ha estimado la petición de medida cautelar efectuada este mismo lunes por el Estado y ha acordado la realización de un inventario que abarque la totalidad de los bienes existentes, tanto en el interior como en el exterior del inmueble también conocido como Torres de Meirás.

Mientras que el inventario no esté finalizado y la jueza lo autorice expresamente, la familia Franco no puede trasladar o retirar ningún tipo de bien de la finca.

El inventario, que se elaborará con la colaboración de los técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta, comenzará a realizarse el día 11 de noviembre de 2020, a las 10:30 horas, bajo supervisión de la comitiva judicial.

Más bienes estatales en manos de los Franco

El Gobierno «no tiene constancia» en estos momentos de que existan bienes o derechos de titularidad estatal que obren en poder de la familia del exjefe del Estado Francisco Franco por los que deban realizarse actuaciones, aunque en caso de identificarse, ejercerá las «facultades y prerrogativas» para defender el patrimonio del Estado.

Así consta en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo ante la pregunta del senador de Izquierda Confederal Carles Mulet, que preguntaba al Gobierno si tras devolverse la titularidad del Pazo de Meirás al Estado, el Gobierno va a emprender otras acciones para «intentar recuperar lo máximo posible de lo amasado» por Franco y que pudiera ser de titularidad del Estado y no de su familia.

No obstante, el Gobierno añade que, con carácter general, las administraciones públicas ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para «proteger y defender su patrimonio».

La familia está condenada a la devolución del Pazo de Meirás al Estado

La magistrada Marta Canales condenó el septiembre pasado a la familia Franco a la devolución del Pazo de Meirás a su legítimo propietario, el Estado.

Los seis nietos de Franco, herederos del inmueble además de entregar el Pazo, no serán indemnizados por los gastos en los que afirman haber incurrido para el mantenimiento y reformas de la propiedad pagados con fondos de la familia.

La demanda formalizada en los Juzgados de A Coruña y que se basaba en que Franco habría cometido un «posible fraude» para «dar apariencia de legalidad» a la adquisición de la vivienda, fue interpuesta por el Estado y más tarde se adhirieron a ella la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial.

La magistrada ha estimado que Franco realizó una compra simulada de la propiedad, con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad sin mediar precio alguno, tres años después de haberle sido donada en 1938 durante su condición de jefe de Estado, una donación que ha declarado nula «por carecer del requisito esencial de forma». El inmueble fue donado a Franco en su calidad de jefe de Estado y no a título particular, por lo que pertenece al patrimonio público.

La donación fue realizada por la Junta pro Pazo del Caudillo después de haberla comprado a sus legítimos propietarios hasta entonces, los herederos de Emilia Pardo Bazán.

La juez ha tachado la operación de «ficción» y ha desestimado todos los argumentos empleados por los herederos de Franco para defender que debía seguir a nombre, aunque pueden presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña al no ser una sentencia firme.

El Primer DNI Republicano