El pasado mes de marzo, la Casa Real anunció en un comunicado que el jefe del Estado, Felipe VI, renunciaba a la herencia de Juan Carlos I “que personalmente le pudiera corresponder”, así como a “cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”.

La Casa Real emitió aquel comunicado a raíz de las informaciones publicadas por varios medios sobre que Felipe VI aparece como beneficiario de las fundaciones Zagatka y Lucum. La Casa Real aseguró que en el caso de la fundación Zagatka el jefe del Estado lo desconocía y que en el caso de la fundación Lucum –investigada por haber recibido una presunta donación de Arabia Saudí de 65 millones de euros– Felipe VI lo supo un año antes –es decir en marzo de 2019– por el despacho de abogados que representa a Corinna Larsen, examante del anterior jefe del Estado de su padre. Y que en abril de 2019 compareció ante notario para manifestar que había dirigido una carta a su padre para pedirle que “si fuera cierta su designación o la de la princesa de Asturias” como beneficiarios de la fundación Lucum, la dejara sin efecto, “manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad”. La Casa Real también aseguró que Juan Carlos I había pedido “que se haga público” que “en ningún momento facilitó información” a Felipe VI sobre las fundaciones Zagatka y Lucum.

Ocho meses después de aquel comunicado, Juan Carlos I no tiene abierta en la Fiscalía del Tribunal Supremo una investigación sino tres: esa primera relacionada con el presunto cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca, una segunda relacionada con el presunto uso de tarjetas de crédito opacas abonadas desde una cuenta a nombre de terceros y una tercera –abierta tras la recepción de un informe del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) sobre presuntas irregularidades relacionadas con el blanqueo de capitales– relacionada con una fortuna oculta en la isla de Jersey, por lo que la Fiscalía investiga un presento ‘trust’ del que el anterior jefe del Estado aparece como beneficiario y que se nutre de fondos de otro instrumento financiero similar constituido en la década de los noventa en las islas del Canal. La nueva fortuna oculta fue trasvasada en 2005 al citado ‘trust’, que habría movido al menos cinco millones de euros. Juan Carlos I tiene casi diez millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey, y recientemente habría intentado mover dinero de esa cuenta en ese paraíso fiscal, según ha informado laSexta.

Ahora que las fortunas ocultas del anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, se multiplican y saltan a los medios de comunicación, cabe preguntarse si el actual jefe del Estado, su hijo Felipe VI, las conocía cuando la Casa Real emitió el comunicado del pasado mes de marzo.