Carteles republicanos para proteger el patrimonio artístico

Para concienciar a la población sobre la necesidad de conservar las obras de arte en tiempo de guerra, los alumnos de la escuela de Bellas Artes de Madrid diseñaron una serie de carteles que explicaban a una población enfrentada con el clero y las oligarquías que un santo es mucho más que una imagen religiosa.

En julio de 1936, apenas unos días después del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil, se creó la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico. El objetivo de este organismo era proteger el patrimonio artístico del país en una situación en la que obras de arte, edificios y libros podían correr riesgo de saqueo, pérdida o destrucción.

Entre otras intervenciones, la Junta se encargó de incautar e inventariar los bienes en manos privadas como las familias Álvarez de Toledo o la Casa de Alba y de proteger las obras del Museo del Prado que, cuando el asedio sobre Madrid se intensificó, fueron sacadas del país. Ni siquiera cuando los camiones con las piezas estaban saliendo de la ciudad, Franco detuvo los bombardeos sobre la capital.

Además, a través de su comisión de Concienciación y propaganda, la Junta creó campañas para explicar a la a la población de la importancia de preservar el patrimonio histórico y hacerle ver que aquellos que erigieron muchos de los monumentos del país, como catedrales e iglesias, también eran obreros.

Entre los carteles que se realizaron en esa época, destacan los creados por los alumnos de la escuela de Bellas Artes de Madrid, pertenecientes a la Federación Universitaria Escola (FUE), organización estudiantil enfrentada a la Asociación de Estudiantes Católicos. Se trataba de unos trabajos rotulados a mano y en los que explicaban que lo que aparentemente no era más que un santo, una virgen, un libro o un jarrón, en realidad era una pieza de arte que debía ser respetada y conservada para el bien común. Para aumentar su eficacia, los carteles fueron colocados por las calles de las ciudades y, especialmente, en las inmediaciones de iglesias y otros edificios, susceptibles de contener piezas de arte.

Aunque las explicaciones que se contenían en esos afiches pueda parecer innecesaria hoy en día, hay que tener en cuenta que en la España de los años 30 la tasa de analfabetismo era cercana al 30% y que la población, harta de los abusos de una jerarquía eclesiástica que además se había puesto del lado de los golpistas, tenía una actitud bastante hostil hacia lo que representaba la Iglesia y la opulencia de la oligarquía.

A lo largo de la guerra, la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico cambió de denominación pero sus funciones siguieron siendo las mismas. Al finalizar la contienda, sus responsables entregaron todas las fichas de los bienes inventariados al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, organismo semejante pero del bando vencedor que, a lo largo de los siguientes cinco años, recuperó los bienes y se dedicó a la restauración de aquellos que habían sufrido desperfectos.

Finalmente y aunque los fines de la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico y del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional eran aparentemente los mismos, mientras que el organismo republicano hacía hincapié en la necesidad de preservar el patrimonio para el común de la sociedad, los estamentos franquistas primaban los caprichos y gustos del dictador. Así lo acredita el hecho de que dos de las figuras de los apóstoles de la catedral de Santiago de Compostela lleven más de seis décadas en poder de la familia del dictador después de que les fueran «regaladas» por el Concello de Santiago a Carmen Polo, esposa del sátrapa.