Cada año, la Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes, en estrecha colaboración con el Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, convoca el concurso nacional de la resistencia y de la deportación, un certamen escolar que apela a la participación de colegios y liceos de todo el país. Es el hilo de la trama de La profesora de historia (2014), película en la que la vindicación de la identidad de las víctimas del Holocausto, tan plurales, tan distintas y tan frágiles, actúa como denominador común para promover la integración del alumnado en entornos escolares multiculturales.

A pesar de ello, la pugna del conocimiento académico con las percepciones espontáneas es constante. Los programas de enseñanza se enfrentan en desigual combate a la influencia de los mass media. Un ejemplo: recién terminada la Segunda Guerra Mundial, un 57% de franceses atribuía a la Unión Soviética la mayor contribución a la derrota de la Alemania nazi, frente a un 20% que lo hacía a los norteamericanos y un 16% a los británicos. En junio de 2014, las proporciones entre las dos antiguas superpotencias se habían invertido. Casi tres cuartos de siglo de superproducciones de Hollywood no pasan en balde.

En Reino Unido, el Ministerio de Educación ha editado una guía curricular para el profesorado en la que el anticapitalismo aparece caracterizado como una “postura política extrema” a la misma altura que la negación de la libertad de expresión, el antisemitismo y el terrorismo 

La entropía provocada por el paso del tiempo también juega sus cartas. En 2018, una encuesta realizada en la República Federal Alemana entre menores de entre 14 y 16 años reveló que solo un 47% sabía lo que significó Auschwitz. En la misma fecha, un 66% de los estadounidenses nacidos a partir de 1990 tampoco fue capaz de identificarlo. Diversos autores atribuyen este hecho a que la Historia se encuentra a la defensiva en el sistema educativo. Los docentes se lamentan de que las horas dedicadas a su estudio son insuficientes y de que sus saberes se han ido disolviendo en contenedores curriculares de carácter multidisciplinar o meramente culturalista. 

La Historia habría dejado de ser uno de los savoires savants a los que se referían críticamente Marc Bloch y Lucien Febvre para derivar en una especie de antropología cultural divulgativa. En Noruega, el proyecto de reforma educativa y su apuesta por contenidos que fueran “relevantes para el futuro” suscitó en 2018 una agria polémica al difundirse que los estudiantes aprenderían la historia de los samis, los habitantes originarios de Laponia, sus ritos, su folklore y su cosmovisión, pero no sería prescriptivo saber qué ocurrió bajo el régimen colaboracionista de Quisling entre 1940 y 1945. En Reino Unido, el ministerio de Educación ha editado una guía curricular para el profesorado en la que el anticapitalismo aparece caracterizado como una “postura política extrema” a la misma altura que la negación de la libertad de expresión, el antisemitismo y el terrorismo. Tal lectura, llevada a las últimas consecuencias, excluiría de las aulas cuestiones como la historia del laborismo y el sindicalismo en cuanto impugnadores del modelo liberal capitalista.

En este contexto, resulta sumamente importante el doble proceso de reforma legislativa que está teniendo lugar en España y que, de una u otra manera, afecta a la enseñanza de la historia reciente. A falta de lo que se concrete en la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática (LMD) dedica su artículo 45 a medidas en materia educativa, en concreto la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato y la adopción de medidas por parte de las administraciones educativas para implementar planes de formación inicial y permanente del profesorado. 

Una política eficaz en este campo debe partir del principio de que la primera página y, para muchos, la única y principal de la genealogía de la democracia se lee en la escuela

La verdad es que un solo artículo dedicado a educación, de un total de sesenta y seis, sabe a poco. Era muy necesario abordar todo lo relativo a la reparación y dignificación de las víctimas, la prohibición de la apología de la dictadura, la remoción de recompensas a torturadores, la resignificación de espacios, etcétera. Pero, junto a ello, la educación, el vehículo capilar para la formación de la ciudadanía en valores democráticos, merecería mucho más que una mera declaración de intenciones. No es de recibo que cada año titulen en torno a 350.000 estudiantes de la ESO y casi 250.000 de Bachillerato sin haber tenido ocasión de adquirir un conocimiento sólido sobre el pasado reciente que ha configurado la sociedad en la que van a integrarse en plenitud de derechos y obligaciones. Una política eficaz en este campo debe partir del principio de que la primera página y, para muchos, la única y principal de la genealogía de la democracia se lee en la escuela.

Los dos apartados del anteproyecto de la LMD son demasiado vaporosos y necesitarán de ulterior concreción. Hay que evitar partir de un falso problema: los contenidos sobre la dictadura franquista ya están en el currículum. El de la LOMCE —citando el desarrollo de la Comunidad de Madrid de 2015—, contempla para 4º ESO, en el bloque 7, apartado 2.2: “Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de Franco”; en el 3: “Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975”; y en el 3.1: “Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica”.

Solo si se actúa decididamente se pueden esperar resultados

El quid de la cuestión no está tanto en el currículum como en su temporalización: si la LOMLOE no acomete una revisión a fondo, reservando para 4º ESO y 2º Bachillerato la enseñanza de la Historia del presente —a semejanza de lo que ocurre, sin ir más lejos, en el diseño curricular francés— se seguirá arrancando una y otra vez de la crisis del Antiguo Régimen (o de Atapuerca, en Bachillerato) y, como demuestran una y otra vez las encuestas realizadas a estudiantes y docentes, se llegarán a impartir con dificultad o dejando al albur de la autopreparación los acontecimientos medulares del siglo XX español.

Respecto a las actividades formativas del profesorado, el Ministerio de Educación debería preocuparse por establecer un marco normativo general en virtud del porcentaje de competencias que conserva si no quiere encontrarse con que, en virtud de las que tienen transferidas, las comunidades autónomas refractarias al desarrollo curricular de la memoria democrática impongan una inercia paralizante, en el mejor de los casos, cuando no la adhesión a un franco —nunca mejor dicho— revisionismo seudohistoriográfico. Ya lo hicieron en Madrid cuando, para impartir un curso sobre la República y la Guerra Civil — ¡siempre la misma secuencia teleológica!— convocaron como experto a un célebre exterrorista metido a divulgador. La convocatoria de un certamen nacional de investigación educativa y de innovación docente sobre la memoria democrática sería una iniciativa que, sin duda, suscitaría una amplia y positiva respuesta por parte de docentes y estudiantes y vincularía a su cumplimentación algunas de las actividades a realizar en las aulas.

El Primer DNI Republicano