La desmemoria oficial del régimen establecida por las leyes de la cúpula del PSOE

Caos político en la gestión de la pandemia

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la proposición destinada a borrar del callejero de Madrid a algunos de los principales dirigentes del socialismo de los años 30. Se trata de la eliminación de la Avenida Francisco Largo Caballero y del Bulevar de Indalecio Prieto. Instando también al Gobierno de Sánchez a retirar las estatuas que en su memoria fueron situadas por el gobierno de Felipe González en 1985 en el perímetro de los Nuevos Ministerios. La propuesta ha sido realizada por VOX y apoyada tanto por Ciudadanos como por el PP.

El bloque de formaciones franquistas que gobierna en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid justifica su decisión en aplicación del artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica de Zapatero de 2007. El citado artículo -que sirve de base para la revisión histórica radicalmente falsa que se proponen llevar a cabo- permite que sean retirados los símbolos y monumentos públicos que exalten la sublevación militar, la represión de la dictadura o de la Guerra Civil. ¿Qué significado tiene la represión de la Guerra Civil ? En la Guerra Civil hubo una represión sistemática contra la población civil y contra todos los defensores de la República. Represión que constituye una serie interminable de crímenes de guerra, la que se llevó a cabo contra la población de las zonas geográficas que iban siendo bombardeadas y asediadas, e invadidas definitivamente por los ejércitos de ocupación. Y de otra parte, hubo una amplia y justa resistencia militar y popular, que comenzó el mismo 19 de julio de 1936, y que no acabó con la ocupación de Madrid, sino que se prolongo con la lucha del maqui hasta finales de los años 50.

Los dirigentes socialistas, que fueron víctimas de la represión monárquica de los años 20, de los crímenes contra la paz y por la guerra, que por su militancia sufrieron cárceles, campos de concentración y exilio, como fue el caso de Largo Caballero y de Prieto, ahora son denigrados por el régimen con falsas acusaciones, por las facilidades que dan las leyes de la desmemoria del PSOE, ya que no distingue víctimas de verdugos.

Las leyes de la Memoria promovidas por la cúpula del PSOE, todas ellas tendentes a mantener los efectos de la Ley de Amnistía, impiden un juicio justo, según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo contra el derecho de las víctimas y sus familiares al ejercicio de sus derechos como víctimas, concentrados en la exigencia de un juicio justo. Son medidas que han sido hechas para el mantenimiento del régimen del 78 y a fin de prolongar en el tiempo los consensos y compromisos políticos fundamentales con los franquistas. Así se ha permitido la persistencia de la más absoluta impunidad y la vigencia de leyes e instituciones contrarias a la democracia. Leyes que se han establecido en todo momento de espaladas a la verdad, la justicia y la reparación. Con estas leyes -como la que ahora se prepara como Ley de Memoria Democrática en Cortes- se viene a negar de forma permanente lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, cuando por primera vez en la historia se elevó la Humanidad a sujeto de derecho, dándole un rango superior al de los propios Estados.

Con estas leyes se elude la aplicación de los principios jurídicos que son norma de derecho internacional, normas que emanan de los “Principios del Estatuto y la Sentencia del Tribunal de Nuremberg”. Teoría jurídica internacional que se estableció sobre la derrota del nazismo y del fascismo, excepto en España. Excepción que ha dado lugar tanto a la impunidad, como al régimen del 78, contrario al derecho internacional democrático. El reino de España, establecido por voluntad del dictador a modo de herencia franquista, fue hecho suyo, íntegramente, por los partidos del consenso constitucional del 78. Y lo han mantenido hasta ahora contra todo derecho y reivindicación social y democrática.

Para las leyes de la memoria oficial de las cúpulas del PSOE no hay delitos contra la humanidad, ni responsabilidades penales de las autoridades franquistas. Con dicho artilugio se trata de someter a las víctimas a un limbo jurídico de absoluta indefensión. Muy al contrario, dichas leyes “de Memoria” declaran legal al franquismo, y por tanto todos sus actos criminales, y con esas leyes en las manos es, por tanto, muy fácil convertir a las víctimas en verdugos, tal y como hace el Ayuntamiento de Madrid a propuesta de VOX. Aberrante situación que solo es posible por el hecho de que los poderes políticos en España están constituidos en violación permanente del derecho internacional.

¡Romper con el franquismo y la impunidad!, es el grito que sale de los millones de víctimas y de toda la sociedad, grito que el PSOE de Sánchez tampoco quiere oír.

El régimen político de la monarquía y sus administraciones son también incapaces de ponerse de acuerdo en lo más elemental, que es la defensa del derecho a la vida de la población. Después del bochornoso acuerdo de las banderas entre Ayuso y Sánchez, por el que se consolidaba la segregación de Madrid entre barrios obreros y barrios burgueses, se continuaba sin atacar de frente la expansión de la pandemia con más personal sanitario y más medios financieros y materiales. El Ministerio de Sanidad y los representantes de las Comunidades Autónomas han llegado más tarde a un plan para restringir la movilidad en las ciudades que registren más de 500 contagios por 100.000 habitantes, al que se opusieron las gobiernos autonómicos del PP -alegando que carece de “validez jurídica”- y de Cataluña, quienes, por su parte, afirman que “dicho documento es papel mojado”. El desastre del Estado autonómico tiene mucho que ver con el deterioro de la sanidad, la educación y los transportes públicos…, que permiten la extensión de la pandemia que está conociendo estos días las más altas cifras de contagio en la Comunidad de Madrid.

Si las determinaciones de las cúpulas del régimen siguen de una parte al servicio de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea y, de otra, vienen sometidas a los enfrentamientos internos de sus partidos clientelares (como estamos viviendo de forma especial bajo los efectos del coronavirus), es imposible que en estas condiciones se pueda dar respuesta a las demandas democráticas y sociales de la población trabajadora.

Los hechos nos vuelven a dar la razón: la Audiencia Nacional, continuidad del Tribunal de Orden Público, acaba de establecer una sentencia a la medida de los acusados de estafa y falsedad contable de la salida a Bolsa de Bankia, que entra en contradicción sobre el caso con sentencia del mismo Tribunal Supremo. Todo para proteger a los altos cargos del Banco de España, de la CNMV, FROB…, miembros destacados del régimen del 78.

El Primer DNI Republicano