El pasado martes 6 de octubre, el Ayuntamiento de Tortosa recibía el visto bueno formal de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para culminar el proceso de descatalogación del monumento franquista. Este era el último informe que faltaba para aprobar definitivamente el procedimiento para poder retirar el monolito del medio del río.

Después de que el Gobierno se haya desentendido de la propiedad del monolito y debido a su inacción para llevar a cabo la ley de la memoria histórica, aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que obligaba a retirar todos los monumentos franquistas de España, será el Departamento de Justicia el que asumirá el coste y la ejecución del proyecto.

Según la consellera de Justicia, Ester Capella, el Gobierno ha incumplido de manera sistemática la ley de memoria histórica desde que se aprobó la anterior normativa en 2007, que obligaba a la retirada de monumentos franquistas. «Ahora reaccionan, en tiempo de descuento, cuando ya están tramitando una nueva ley que olvida lo esencial: penalizar el enaltecimiento al franquismo y la utilización de simbología fascista y nazi a través del Código Penal. Lo han olvidado en el proyecto de ley que ahora inicia el trámite en el Congreso», ha lamentado.

Está previsto que en el próximo pleno de Tortosa se apruebe la descatalogación definitiva. Una vez eso suceda, la consellera se ha comprometido a iniciar la petición de permisos y a licitar las obras para sacarlo del río Ebro lo más rápido posible..

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