Amnesia y magnesia para Martín Villa

A principios del pasado mes de septiembre, cuando Martin Villa fue citado a declaración indagatoria en el procedimiento de la llamada Querella Argentina, relevantes personalidades −cuatro de los anteriores presidentes de gobierno, y antiguos líderes sindicales entre otros− enviaron escritos a la jueza y la opinión pública mostrando un apoyo sin fisuras hacia al ex ministro. Tuvo tal repercusión que tanto CCOO como UGT emitieron comunicados desvinculándose de las misivas.

Alguna de las rúbricas no sorprenden, pero otras sí. Debo reconocer que resultaba desconcertante ya que a algunos de los firmantes han contribuido de manera importante a mucho de lo que esta sociedad ha conseguido.

Coincidían las cartas además de en la defensa cerrada de Martín Villa en hacer una simbiosis entre él y la transición de tal manera que cuestionarle es poner en la picota a la Transición. 

La sentencia de 1990 declaró probado que fueron personas vinculadas a los servicios policiales españoles. De querella en querella, de demanda en demanda, el asunto coleó hasta la que la Audiencia Nacional, en octubre de 2003, sentenció condenando al Ministerio del Interior

Lograr que los presos políticos salieran de las cárceles, la legalización de los partidos políticos, las elecciones y el conjunto de derechos democráticos son logros suficientes para que el resultado tenga un balance muy favorable por más que el enquistamiento del poder judicial o las cloacas donde habitan siniestros personajes nos pongan ante una realidad no edulcorada del proceso, salvo que pretendamos sublimar todo lo dramático que ocurrió en ese convulso periodo y reescribir un cuento de hadas.

Zapatero, a quien debemos que bajo su presidencia se aprobaran leyes tan transcendentes y progresistas como la de la Dependencia, la Memoria Democrática o el matrimonio entre miembros del mismo género, decía en su carta: “… debe destacarse que el pueblo español ratificó con un nítido y reiterado apoyo el pacto de la transición” −cosa que hasta ahí es evidente− pero afirma a continuación: “Primero con ocasión del Referéndum sobre la Ley de la Reforma Política en diciembre de 1976”. Con humildad, pero con claridad, hay que recordar que en ese Referéndum toda la oposición −aún en la ilegalidad− unánimemente, incluido el PSOE, pidió la abstención precisamente por la no inclusión de un programa de amnistía, libertades de reunión, asociación… Fue después cuando se consiguieron a contrapelo, tras las grandes huelgas y movilizaciones que le sucedieron, los acuerdos para el restablecimiento de los derechos democráticos. Durante el Referéndum siendo Martin Villa Ministro de Gobernación –llamado luego de Interior− se produjeron multitud de detenciones por hacer propaganda de la abstención y se condicionaba a los ciudadanos con múltiples artificios y presiones como el certificado de voto que podían exigir en las empresas −se celebró en día laborable precisamente para propiciarlo−. Todavía recuerdo que en el regimiento en el cual hacía la mili, se premiaba a los votantes con días de permiso y se castigaba a los abstencionistas con la retirada de los pases pernocta y de fin de semana. No, Sr. Zapatero, con todo respeto, el Referéndum no formó parte de los pactos ni acuerdo alguno; fue un plebiscito, con los mismos tics de los que organizaba Franco, para legitimar a los reformistas dentro del propio régimen y rechazado por toda la oposición. El ministro del ramo jugó un papel antidemocrático al frente del aparato represivo.

Otro de los firmantes, mi admirado Antonio Gutiérrez −y no hay ironía en esta adjetivación− escribe: “paradójicamente una forma de arruinar la memoria es sustentar querellas como la que culpa de delitos tan atroces como falsos a Rodolfo Martín Villa asociados a la transición democrática. Convertir aquel logro colectivo en una frustración histórica solo beneficiaría a quienes alientan el resentimiento que antes y ahora es el abono de la intolerancia”. Por el contrario soy de la opinión de que el conocimiento de los hechos –y el único resquicio que hay para la veracidad tras el muro levantado por la justicia española es este tipo de querellas− restaña rencores, fortalece la memoria, hace aún más potentes los logros conseguidos y motiva el estar alerta para no perderlos. Lo contrario, borrar lo que no nos guste de la imagen, pasarle el photoshop para quitarle las verrugas, es distorsionar la realidad.

Descalificarla por “sustentar querellas tan atroces como falsas” es dar en la línea de flotación de la última patera de esperanza en la que navegan esas víctimas que, como dice Amnistía Internacional, “están en situación de “total impotencia judicial”. Recordemos que esta “atroz querella” tiene el apoyo además de esa prestigiosa organización, el de varios parlamentos de Comunidades Autónomas, el de un nutrido grupo de diputados y senadores españoles, el de CEAQUA –que agrupa más de ciento cincuenta organizaciones−, o la Cámara de Diputados de Argentina. Lo recuerdo no sea que acabemos viendo a los querellantes –más de nueve mil− como a las “locas de la Plaza de Mayo” que decía Videla.

¿Tuvo Martín Villa algo que ver en los sucesos de Vitoria? −una de las cuestiones por la que le cita la jueza Servini es por los cinco muertos que allí hubo, además de otros siete en otros lugares y fechas posteriores. El de Gobernación, cuando lo de Vitoria, era Fraga, pero Martín Villa lo era de Relaciones Sindicales. El encierro en la Iglesia de los obreros vitorianos se produjo por el enquistamiento de la negociación sindical y el bloqueo de la negociación. Sin entrar a valorar la responsabilidad, como ministro, en aquellos crímenes, formaba parte de un gobierno en el que el comportamiento de las fuerzas policiales se refleja en la en la grabación de la que trascribo algunos párrafos:

• Charly a J-1... Ya han procedido a desalojar porque tú no estabas allí.
• J-1 a Charly. Muy bien, enterado y lástima que no estaba yo allí.
• J-3 para J-1: …Manden fuerza para aquí. Ya hemos disparado más de dos mil tiros…/…. Muchas gracias, ¡eh! ¡Buen servicio!, dile a Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo. Pero de verdad una masacre.

Pues sí eso fue: cinco muertos y más de ciento cincuenta heridos. Nadie del gobierno −el ministro de Relaciones Sindicales tampoco− exigió responsabilidades ni dimitió. Hay abundante jurisprudencia internacional, −causa yugoslava, Argentina de ESMA II− que sostiene que quienes tienen altos cargos no actúan para detener el plan criminal, pasan a ser parte de la empresa criminal, aun cuando no hubieran dado órdenes directas. El hecho ser citado a declarar por aquella “masacre”, como fue calificada por los propios policías, no parece excesivo agravio ni un disparate.

Cierto que “genocidio” es una palabra muy fuerte que solemos asociar a la solución final pero en la legislación internacional tiene un sentido más amplio considerando, dentro de los crímenes de lesa humanidad, los delitos especialmente atroces cometidos para aplicar las políticas de un estado: genocidio, crímenes de guerra, homicidios, torturas… entre otros.

La valoración jurídica está en manos de la jueza, pero al margen del aspecto jurídico, ¿se produjo algo de esto desde septiembre del 76, fecha en la que fue nombrado Martín Villa Ministro del Interior y hasta que dejó de serlo? Porque, si no se produjeron cosas calificables de esa manera, podría llevar razón el Sr. Zapatero cuando dice: “…. A partir de mi propia memoria de la transición vi desde un principio en la figura de Martín Villa a uno de los jóvenes políticos que, aunque había pertenecido a alguno de los gobiernos del franquismo como el propio Suarez, con mas convicción y eficacia contribuyeron…/…a afianzar la democracia en nuestro país. No tengo duda de que esa y no otra es la que deja en la historia reciente de España”.

¿Fue así? Rememorando sin amnesia, durante el conjunto de la transición el periodista y escritor Mariano Sánchez Soler computa 591 muertos hasta 1982, en esta cifra están incluidos los asesinados por terrorismo, pero 188 de ellos lo son por “violencia política de origen institucional”. Una gran parte se producen en la égida ministerial del Sr. Martín Villa. Solo en 1977 la policía cargó contra 788 manifestaciones en España, el 76% del total. (Fuente: Diario Público. Alejandro Tomás; 24/1/2018). Había que reducir la presión de las calles para que los reformistas del antiguo régimen marcaran el ritmo y los límites. En esas manifestaciones hubo decenas de muertos y miles de heridos. Como las cifras son frías un solo ejemplo: los Sanfermines de 1978 durante los que hubo un muerto y 155 heridos, de ellos 11 por bala. En el casco viejo se dispararon ráfagas de metralleta resultando muerto Germán Rodríguez. Según el informe del propio Ministro se efectuaron 130 disparos de bala, más de 7.000 disparos de material antidisturbios (5.000 pelotas de goma y 2.000 botes de humo. −No es un error, no sobra ningún “0”− Todo eso durante seis horas de terror. Quedó zanjado con solo dos ceses o dimisiones de subalternos. Con posterioridad hubo otros “acontecimientos” similares: Rentería, Tenerife, Almería... O, poniendo nombres propios a algunos: Rafael Gómez Jáuregui, Zabala, Javier Verdejo, este último muerto a tiros por estar haciendo una pintada en la que pedía “PAN, T….”; no le dio tiempo a completar la frase “Pan, trabajo y libertad”.

Durante ese periodo continuaron las torturas en las comisarias. Por citar un caso y no espesar con datos, el dirigente estudiantil vallisoletano José luís Cancho fue arrojado, o “se tiró por la ventana” según la versión oficial, al estilo de Enrique Ruano unos años antes. Torturas por cierto con las que Martín Villa parece ponerse una medalla en una entrevista a Juanjo Millás asegurándole que telefoneó a la comisaría donde estaba detenido Carrillo para que no le torturaran; el propio periodista le espeta que eso es aceptar que se torturaba y como máximo responsable parecía consentirlo…, salvo cuando llamaba para impedirlo. El entrevistado se encogió de hombros: Así son las cosas, parecía decir.

Enero de 1977 arrancó con los asesinatos de Arturo Ruíz a manos de ultraderechistas ligados a servicios paralelos de información: el SCOE. Los asesinos se refugiaron en la comisaria de la calle Rey Francisco 21, de uso habitual de la propia SCOE. Al día siguiente, en una manifestación de repulsa, la policía lanza botes de humo y mata a Mari Luz Nájera. Y en la siguiente jornada el 24 de enero se producen los tristemente célebres crímenes del despacho de abogados de Atocha. ¡Otra vez la ultraderecha, claro! Pero la que se ampara y busca refugio en comisarías, que no solo no es perseguida sino que se le facilita la fuga. Nada extraño, de hecho hasta el año 1979 se mantienen los somatenes, −cuerpos para-policiales organizados oficialmente sus componentes gozaban de permiso para arma corta, las armas largas estaban depositados en los cuartes de la guardia civil para cuando fuesen requeridos para actuar−. Esta es la opinión del Sr. Martin Villa en 1978: “Cuando fui Gobernador de Barcelona, participé en una concentración de somatenes y me lleve una extraordinaria impresión de ellos como cuerpo disciplinado con capacidad de servicio”.

Alguno de aquellos “trabajos”, realizados por organizaciones de esa índole, fueron los asesinatos de Montejurra contra los seguidores del Partido Carlista, organización que estaban en la Junta Democrática con otros partidos y personalidades antifascistas y que si bien fueron perpetrados cuatro meses antes de ser ministro de Gobernación, bajo su mandato correspondía perseguirlos. Los medios de comunicación también sufrieron atentados. En el edificio de la revista humorística “El Papus”, el 20 de septiembre de 1977, estalló una bomba y murió el portero del inmueble. Durante toda su trayectoria la permisividad con la ultraderecha y con los torturadores fue la tónica general. Por poner un ejemplo que evidencia sus simpatías: de las trece jefaturas superiores de policía de España, nueve estaban ocupadas por antiguos miembros de la Brigada Político Social.

Pero Martín Villa no solo ha sido citado por la justicia internacional, también por la ordinaria española. En abril de 1978, Antonio Cubillo, dirigente del canario MPAIAC, fue víctima de un intento de asesinato que le causó pérdidas motoras irreversibles. Desde el principio se achacó a fuerzas policiales españolas inducidas por las más altas estancias del Ministerio. La sentencia de 1990 declaró probado que fueron personas vinculadas a los servicios policiales españoles. De querella en querella, de demanda en demanda, el asunto coleó hasta la que la Audiencia Nacional, en octubre de 2003, sentenció condenando al Ministerio del Interior, por los hechos provenientes de ese intento de asesinato, a indemnizar a Cubillo con 150.253 euros (ABC- 22/1/2003)

Volviendo a las cartas de apoyo, quiero pensar que en algunos casos son imputables a la generosidad con el contrario. Pero eso no debe llevar a la mezquindad para con las víctimas ni a reproducir ese extraño comportamiento de comprensión hacia el que te ha tenido retenido que, cuando te permite salir del zulo, encima le quedas agradecido sin recordar que fue tu carcelero.

“Sin acritú” como diría uno de los firmantes, pero sin amnesia, ni magnesia para blanquear: esperemos al menos que, en el imaginario colectivo, el protagonista no quede como “uno de los jóvenes políticos que con convicción y eficacia contribuyeron a afianzar la democracia en nuestro país”. Una cosa fue el consenso y otra poner a todos al mismo nivel: en esta historia hubo héroes y hubo villanos.