Proyecto Faq Si no hubiera impunidad, el Estado se ocuparía de los verdugos

sábado, 26 de septiembre de 2020

Si no hubiera impunidad, el Estado se ocuparía de los verdugos

Emilio Silva (ARMH): “Si no hubiera impunidad, el Estado se ocuparía de los verdugos” / Virginia Miranda:

Este octubre se cumplen 20 años de la primera exhumación científica de víctimas del franquismo. Esta semana, el Consejo de Ministros presentaba el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que amplía y mejora la Ley de Memoria Histórica de 2007 pero deja algunas lagunas sobre la responsabilidad del Estado en la búsqueda de los restos o la identificación de los verdugos. Así lo entiende Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que rechaza la posibilidad de que la primera se canalice a través de subvenciones, porque sólo el poder Ejecutivo puede dar categoría de víctima a los familiares de desaparecidos. En cuanto al relato, apela a «todas las memorias», también a la antidemocrática, «para entender lo que nos ocurrió y prevenir lo que no nos debe volver a ocurrir».

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobada por el Consejo de Ministros supone un avance respecto a la Ley de Memoria Histórica. ¿Satisfecho en este sentido?

En el caso de las exhumaciones, ahora en octubre se cumplen 20 años de primera exhumación científica que hicimos en El Bierzo. Leo el texto y no tengo muy claro cuál va a ser el mecanismo. Sé que el secretario de Estado de Memoria Democrática dijo en un briefing, después de la intervención de la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que igual lo canalizaban vía ayuntamientos con la Federación Española de Municipios y Provincias. También he leído que podría encargarse de ello la Fiscalía que van a crear en el Tribunal Supremo. Por otra parte, parece que se convocan nuevas subvenciones y se van a encargar de ello las asociaciones. No tengo muy claro el mecanismo, pero nosotros estamos en contra de este último modelo. De hecho, a esta convocatoria no nos vamos a presentar. Porque quien le puede dar al familiar de un desaparecido la categoría de víctima es el Estado. Hace unos días hemos hecho una exhumación en El Espinar, en Segovia, donde encontramos la alianza de un hombre después de que su hija nos pidiera que fuéramos a buscar los restos de su padre. Por muy bien que nosotros la tratemos, por muy rigurosos que sean los informes históricos, arqueológicos y forenses que hacemos, hay dos cosas que no le podemos otorgar porque sólo puede hacerlo el Estado: una es la categoría de víctima y, la otra, el establecimiento de una verdad oficial. Si nosotros hacemos un relato de los hechos, somos parte, pero si está respaldado por el Estado, estamos hablando de otra cosa. El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación de la ONU, Pablo de Greiff, en su informe de 2014 hablaba sobre el sistema de privatización de las exhumaciones y el daño que producía, el daño a la verdad. Nosotros llevamos 140 exhumaciones, tenemos montones de documentación y hemos generado muchísima información. Si eso lo hubiera hecho el Gobierno tendría un valor más importante. Por eso hemos pedido que se abra una oficina. O en todas las capitales de provincia hay delegaciones o subdelegaciones de Gobierno con servicios de atención a la ciudadanía; que esa sea la fórmula para que un familiar pida ayuda al Estado. Nos asusta lo que dijo el secretario de Estado sobre los ayuntamientos. Que la mujer a la que acabamos de ayudar, cuyo Ayuntamiento está totalmente en contra de su petición, tras la espera de 85 años tenga que sumar una pelea política con la corporación municipal. Ha de encargarse el poder Ejecutivo para no entrar en ningún tipo de discusión.

«Que ningún presidente haya aparecido en 45 años junto a las víctimas y quienes lucharon contra el franquismo es casi una forma de equidistancia»

Es crítico con que el papel del Estado sea subvencionar a las asociaciones. ¿Qué esperan de la tramitación parlamentaria? ¿Tienen contacto con grupos que sean sensibles al respecto?

No tenemos contacto con ningún partido. Ni lo tuvimos antes ni lo tenemos ahora. Tenemos un Parlamento donde nos podemos dirigir a todos los grupos que vayan a poder construir la ley con un apoyo mayoritario. Pero para nosotros tiene ese gran déficit y entendemos que, mientras el Estado no se ponga pública y políticamente de parte de las víctimas, vivimos en una especie de equidistancia. En este país donde a la gente no se la ha educado en lo que fue el franquismo, donde ha sobrevivido muchas veces la morralla propagandística de que el régimen creó la clase media y casi estaba inventando la democracia, que ningún presidente del Gobierno haya aparecido en 45 años junto a las víctimas y quienes lucharon contra el franquismo es casi una forma de equidistancia. Eso no puede ser y ésta es una oportunidad para algunos hijos e hijas casi nonagenarios. Si no, será otra vergüenza de esta democracia.: que hayan muerto miles y miles de hijos e hijas sin haber sido reparados por el Estado.

¿Equidistancia es también que la vicepresidenta hablara de víctimas pero no de verdugos? También usted es crítico con ello. ¿Esperan que lo haga el texto de la ley?

Nosotros vamos a pedir la creación de una institución que tenga que ver con ello igual que en Alemania, donde hay un centro en Múnich de historia del nacionalsocialismo. Aquí el término memoria democrática, así lo explicó la vicepresidenta diferenciándolo de memoria histórica, se ajusta al relato de la lucha de la sociedad por la democracia. Pero creo que en un momento en que Europa está viendo cómo sus parlamentos se llenan de diputados y diputadas de extrema derecha, no podemos cometer el error de perder de vista la memoria de la antidemocracia. Entendiendo quiénes eran los fascistas, qué hicieron, para qué lo hicieron, quiénes colaboraron con ellos, qué papel tuvo la jerarquía de la Iglesia católica en el golpe de Estado y en el franquismo… Tenemos que darla a conocer porque esa es la verdadera vacuna frente a momentos como aquellos. La vicepresidenta hablaba de centrar nuestra mirada en la vida de personas como Clara Campoamor. Por supuesto que hay que contar su historia, la de los hombres y mujeres que construyeron nuestra primera democracia. Nosotros lo llevamos pidiendo desde hace 20 años, un libro de texto es el mejor monumento que se les puede construir. Pero no podemos dejar que nos pasen por detrás los que dieron un golpe de Estado; quiénes eran, qué recursos económicos tuvieron, cómo hubo empresas que no tuvieron escrúpulos en meter las manos en charcos de sangre para construir grandes negocios… Eso tenemos que contarlo. Espero que, en el proceso parlamentario, la ley abra el foco. Me da la sensación de que es una continuación de la Transición. Y en la Transición se blanquearon las biografías de miles de franquistas mediante la quema de millones de documentos que dirigió y orquestó Martín Villa. Necesitamos todas las memorias para entender lo que nos ocurrió y para prevenir lo que no nos debe volver a ocurrir. No sólo la memoria de quienes, desde hace 200 años, trataron de luchar en este país por construir derechos. Tenemos que tener una visión más amplia porque, si no, no sólo estaremos haciendo un relato victimizador del pasado. Vemos a las víctimas que sufren y luego no vemos a los causantes. En el texto no se habla de los verdugos, de los asesinos, y tampoco en la intervención tras el Consejo de Ministros. Tenemos que ampliar el foco a todo el fenómeno y no sólo mirar a las víctimas, que por supuesto merecen toda la atención del Estado. Pero si no viviéramos en la cultura de la impunidad en la que vivimos, también el Estado se estaría ocupando del destino de los verdugos.

«No podemos perder de vista la memoria de la antidemocracia. Tenemos que darla a conocer porque esa es la verdadera vacuna frente a momentos como aquellos»

Menciona a Rodolfo Martín Villa. ¿Qué opina de que cuatro expresidentes, entre otras personalidades españolas, enviaran cartas de apoyo al exministro investigado por la jueza argentina, María Servini, en la causa por crímenes franquistas entre 1976 y 1978?

Hay tres firmas que son totalmente normales, pero la del último presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, sorprende, y la de los líderes sindicalistas, duelen. Incluso el procedimiento por el que se hizo, tratar de influir a una jueza. Aquí sería un escándalo que Aznar y Rajoy escribieran a quien está instruyendo el caso Kitchen para decirle que Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal son muy buenas personas y han hecho muchos servicios por España tratando de exculparlos. Este debería ser parte el debate: qué poco respeto por la independencia judicial, sea una jueza argentina, vietnamita o española. Luego, esto tiene que ver con el discurso de la Transición. Martín Villa nació como chivato de una asociación de estudiantes franquista y fue el gran borrador de las pruebas físicas de la dictadura. Encendió una pira y se pasó tres años quemando documentos. Es el que ha lavado la biografía a empresarios, dirigentes, chivatos de barrio, infiltrados en organizaciones antifranquistas… Él ha sido el gran blanqueador de biografías de la Transición. Entiendo que hay gente que le deberá muchos favores, pero no considero que sea alguien a quien la democracia deba rendirle ningún reconocimiento. Fue un trepa en la dictadura y ha sido un trepa en la democracia. Un hombre sin escrúpulos. Cuando quiso medrar, independientemente de que lo hiciera un régimen que encarcelaba a los homosexuales, torturaba a estudiantes, presos políticos o miembros de sindicatos o llegaba a aplicar la pena de muerte, no tuvo ningún problema. Y cuando tocaba otra cosa y había que barrer millones de documentos para limpiar biografías, tampoco tuvo ningún escrúpulo y gracias a eso le ha ido también en la vida. Forma parte de esta cultura de la Transición que admitió cosas que moral, ética y políticamente no son admisibles.

Hablaba antes de la importancia del relato y usted ha defendido que el Valle de los Caídos pudiera convertirse en un centro de la memoria. ¿Qué opina de la solución que han dado para que sea un cementerio civil?

Es muy complicado. Tiene que haber una operación de resignificación para que podamos llamar cementerio civil a un lugar con esa arquitectura. Debe serlo, por supuesto, hay gente enterrada que tendría creencias religiosas y gente que hay que respetar esa diversidad. Pero debe haber una intervención simbólica para apartar al nacionalcatolicismo de ese lugar o rebautizarlo laicamente, si queremos decirlo así. Luego, yo creo que es un gran centro de interpretación. Incluso podría ser un centro de documentación del fascismo y del nacionalcatolicismo. El de Múnich está construido sobre un edificio que tuvo relación con el partido nazi, que fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvo una intervención por parte del Estado democrático alemán y que ahora es el centro de documentación del nacionalsocialismo. Tiene muchas posibilidades y, sobre todo, lo que tiene que hacer es contar bien su historia. Debería ser un lugar que nos sirva de unidad didáctica para quienes hoy vivimos en democracia y quienes tienen que hacerlo en el futuro.

«En la Transición se blanquearon las biografías de miles de franquistas mediante la quema de millones de documentos que dirigió y orquestó Martín Villa»

¿Esa resignificación debería eliminar la cruz?

No, digo que con esa cruz es muy difícil que represente un cementerio civil. Lo que he dicho es que tendría que haber una intervención que puede ser en la cruz, que puede ser en la basílica o que puede ser en la explanada. Pero tendría que haber una intervención muy poderosa para desactivar toda esa simbología nacional católica si queremos que realmente sea un cementerio civil.

¿Qué le parece la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y que ésta vaya a recurrir? ¿Cree que correrá la misma suerte que los nietos del dictador, a los que la justicia no dio la razón ni con la exhumación ni ahora con el Pazo de Meirás?

Lo vienen haciendo desde 2006, cuando se retiró la última estatua ecuestre de Franco de Nuevos Ministerios en Madrid y recurrieron la decisión por la vía administrativa. Lo han hecho siempre porque de vez en cuando meten un gol por la escuadra del poder judicial, como ese juez que intentó paralizar la exhumación del dictador aludiendo a riesgos laborales. Que recurran, es un derecho que tienen. Lo que no se puede consentir en un Estado democrático es que un franquista done 100 euros a la Fundación Francisco Franco y en la declaración de la renta del año que viene el Gobierno le descuente 72 euros y, por tanto, le estemos dando una subvención encubierta. Hay que acabar con el amparo que supone para personas que ensalzan o justifican violaciones de derechos humanos. Nosotros presentamos en el Congreso hace más de cuatro años 128.000 firmas pidiendo su ilegalización y nos parece correcto. Ha tardado, pero que se haga y que sea determinante. Y la fundación, que recurra, que tiene la suerte de vivir en una democracia y puede denunciar, presentar recurso y acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


Fuente → elsiglodeuropa.es

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