Proyecto Faq Los fiscales progresistas piden que la nueva Ley de Memoria garantice el enjuiciamiento de los responsables de crímenes franquistas

viernes, 18 de septiembre de 2020

Los fiscales progresistas piden que la nueva Ley de Memoria garantice el enjuiciamiento de los responsables de crímenes franquistas


Los fiscales progresistas piden que la nueva Ley de Memoria garantice el enjuiciamiento de los responsables de crímenes franquistas / Elena Herrera:

 La Unión Progresista de Fiscales (UPF) solicita en un comunicado hecho público este jueves que la nueva de Ley de Memoria, además de "garantizar el derecho a la investigación" de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil o el franquismo, incluya en su articulado una “referencia expresa” a que “la investigación de estos crímenes conllevará, cuando proceda, el enjuiciamiento de sus responsables y su castigo penal”. 

El colectivo de fiscales sostiene que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ambos ratificados por España, así lo prevé. Y recuerda que el artículo 10.2 de la Constitución establece que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".

La nueva Ley de Memoria Democrática, cuyo trámite comenzó este martes y que el Gobierno calcula que entre en vigor en el primer semestre de 2021, incluye una batería de medidas que pretende dar un paso más a la regulación de 2007 y cubrir los vacíos por los que instancias internacionales llevan años señalando a España. Una de las claves del anteproyecto, que consta de 66 artículos, es la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos con la que el Estado pretende por primera vez "garantizar el derecho a la investigación" de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil o el franquismo, según consta en el texto.

El Gobierno sostiene que, de esta forma, se pretende asegurar que todas las personas que han sufrido torturas, persecuciones o que quieren recuperar los restos de sus familiares puedan denunciar y cuenten con la indagación de los hechos. Sin embargo, las trabas a los enjuiciamientos en base a la Ley de Amnistía o el argumento de la prescripción de los hechos siguen vigentes. 

En este sentido, la UPF valora que el anteproyecto trate de garantizar el derecho de las víctimas a “la verdad, justicia, reparación y no repetición” y entiende que al hacer una “referencia expresa” al Derecho internacional de los derechos humanos “es inequívoco en la consideración del carácter imprescriptible e inamnistiable de los crímenes de lesa humanidad, y su sujeción al principio especial de legalidad internacional, con interdicción absoluta de la impunidad”. 

A juicio de esta organización profesional, el anteproyecto es “un gran avance para la necesaria normalización democrática” que permitirá “superar” las “graves carencias” existentes hasta ahora en el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 


Fuente → eldiario.es

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