Es una gran noticia, que se acabe de presentar en el Consejo de Ministros del 15 de septiembre del 2020 una ambiciosa Ley de memoria democrática,
que entre otros importantes temas, recoge la ilegitimidad de los
tribunales políticos franquistas y la nulidad de sus resoluciones por
causa ideológica.
Esta esperada Ley, que se viene reclamando por las asociaciones de
memoria histórica desde el año 2003, tuvo su antecedente en la aprobada
durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2007 y en los
13 años que han transcurrido han sido numerosos los intentos por
mejorarla y ampliarla, sobre todo en lo referente a la ilegitimidad de
los Consejos de Guerra, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el
Tribunal de Represión de la Masonería y el Tribunal de Orden Público.
Hubo que esperar a que se conformara un Gobierno de coalición de
Unidas Podemos con el PSOE para que se pudiera incluir la anulación de
las sentencias franquistas, y en enero de 2020 ya tenían preparado el
anteproyecto de Ley, pero con la crisis del coronavirus se fue
retrasando hasta el 15 de septiembre.
Se declara ¡por fin! “ilegitimas y nulas, por vicios de forma y
fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos,
políticos o de creencia religiosa durante la dictadura, contra los que
defendieron la legalidad institucional anterior ...”.
La represión franquista, a través de esos tribunales ilegítimos y sus
sentencias, acabaron con ellos, la mayoría se exiliaron, tras la guerra
civil, algunos sufrieron exilio interior, y unos pocos se hicieron
franquistas
La declaración de nulidad dará lugar al derecho a obtener una
declaración de reconocimiento y reparación personal “sin que pueda
producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial
del Estado, ni indemnización.
Lo fundamental, es que con ello se condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior Dictadura, plasmado en el BOE (que fue creado por el franquismo en contraposición a la Gaceta de la República).
Los golpistas siempre se fundamentaron en que la Institución Libre de
Enseñanza (ILE), la gran institución cultural, pedagógica y científica
(JAE) fue la causante de todos los males de la patria siendo la
desencadenante de la guerra, como se dice en dos libros: “los
intelectuales y la tragedia española, de 1937 escrito por el catedrático
de pediatra Enrique Suñer, que sería luego Presidente del aberrante
Tribunal de Responsabilidades Políticas, y Presidente del consejo general de los colegios de médicos.
El segundo libro, “Una poderosa fuerza secreta”, la ILE, auspiciado
por la Confederación Nacional Católica, fue publicado en 1940, con el
mismo enfoque.
También la secta del Opus Dei, estuvo detrás de la implacable
persecución a los de la ILE, y luego, nada más terminar la guerra, el
nuevo organismo, Consejo Superior de investigaciones Científicas, CSIC,
se apropió del patrimonio de la Junta Para Ampliación de Estudios, hasta
hoy en día.
Pero en cambio destruyo un patrimonio arqueológico republicano, el refugio antiaéreo, que se encontraba debajo de la Residencia de Estudiantes,
construido por la II República, para proteger a los milicianos que se
curaban de una epidemia de malaria, en el Hospital de Carabineros pues
en el lugar caían muchas bombas nazifascistas.
Y eso que dicho lugar tenía la máxima protección como Bien de Interés
Cultural (BIC), borraron toda huella de dicho Hospital, de su director
el doctor Calandre y de l exitosa lucha contra la epidemia de malaria.
Cuando
estudie el expediente sancionador que el Colegio de médicos de Madrid
hizo a mi abuelo, el eminente cardiólogo Luis Calandre Ibáñez, me llamo
la atención que en su declaración jurada, con fecha de diciembre de 1939
en el apartado f) “Filiación Política y sindical, pusiera dentro del
punto 3: Agrupaciones especiales y cotización a Amigos de Rusia, Socorro
Rojo, Institución Libre de Enseñanza y entidades análogas” a lo que
Calandre contesta que “contribuía a la obra de las colonias escolares de
la ILE”. La verdad es que, además fue uno de los médicos de esas
colonias en Santander.
Leyendo la lista que sale al final del libro, en el Apéndice, pagina
221, del gran pedagogo de la ILE, Lorenzo Luzuriaga “La ILE y la
educación en España“, publicado en Buenos Aires, en 1957, donde pone a
los profesores y colaboradores, saco algunas conclusiones:
Los fundadores, tuvieron la suerte de morir antes de la guerra civil
española, como su fundador Don Francisco Giner de los Rios (1915), Don
Manuel B. Cossio (1934), Don Ramón y Cajal (1934), Presidente de la
Junta para ampliación de Estudios.
Muchos de los que si estuvieron, se exiliaron, al principio de la
GCE, como José Castillejo, el secretario de la Junta para ampliación de
Estudios, JAE, Alberto Jimenez Fraud, Director de la Residencia de
Estudiantes, Juan Ramón Jiménez, el poeta, Francisco Barnes (ministro de
Instrucción Pública), José Ortega y Gasset, Ramón Menéndez Pidal,
Presidente de la Real Academia Española.
Otros muchos se quedaron a defender la legalidad republicana, que
ellos mismos ayudaron a traer, como Fernando de los Rios, (Ministro de
exteriores) Pablo de Azcarate, (embajador en Londres) Julian Besteiro,
que fue Presidente de Las Cortes de 1931 y acabo muriendo en la cárcel
franquista, Ricardo de Orueta, historiador del arte, Antonio y Juan
Madinaveitia, Enrique Moles, todo ellos grandes científicos, el gran
poeta Antonio Machado, (vocal de la JAE en Barcelona 1938) Ángel Llorca,
el gran pedagogo, (que falleció en casa del Dr. Calandre), Bernardo
Giner de los Ríos, Ministro de Comunicaciones, Ignacio Bolívar,
Presidente de la JAE, Rubén Landa, Secretario de la JAE en Valencia en
1938, el doctor Luis Calandre Ibáñez, eminente cardiólogo, subdelegado
en Madrid de la JAE (1938-39) y director del Hospital de Carabineros
situado en la Residencia de Estudiantes, durante la GCE.
La represión franquista, a través de esos tribunales ilegítimos y sus
sentencias, acabaron con ellos, la mayoría se exiliaron, tras la guerra
civil, algunos sufrieron exilio interior, y unos pocos se hicieron
franquistas, como Ramón Menéndez Pidal, que había sido muy republicano y
asesor de Azaña, y José Ortega y Gasset.
La mayoría tuvieron que padecer las cuantiosas multas del Tribunal de
Responsabilidades Políticas, que en el caso de Calandre, fue “solo” de
10.000 pts, que casi le arruinó.
Ahora, con esta nueva ley, que anula toda esa justicia franquista
represiva, podrán las víctimas y sus familiares acudir a una Fiscalía de
Sala, que se crea, para “investigación de los hechos producidos con
ocasión de la GCE y la Dictadura… antes de la entrada en vigor de la
Constitución...” Yo intentare recuperar algo de lo que le robaron a mi
abuelo, por ejemplo la perdida económica de los 5 años que el Colegio le
quito el carnet de médico, para que no pudiera ejercer la medicina, o
esas 10.000 pts, y la restitución en su puesto, conseguido por
oposición, como jefe del servicio de cardiología del Hospital de la Cruz
Roja, claro que soy consciente de que ya queda muy claro en la Ley que
se ”incluirá en una auditoria del expolio las sanciones económicas en
aplicación de la normativa de responsabilidades políticas“, pero que el
Estado no tendrá responsabilidad patrimonial, ni de indemnización.
Veremos qué dice la norma sobre qué se puede hacer tras la auditoria
del expolio para implementar las posibles vías de reconocimiento de los
afectados. Quedan varios meses de trámite, pues tras pasar por el
Consejo de Ministros, el 15 de septiembre, se tiene que debatir en el
Congreso de los Diputados, y según fuentes oficiales, estará aprobada a
finales del año 2020.
La nueva Ley también provee un censo de victimas que sufrieron esa
represión. como ya hiciera la Generalitat de Catalunya, en base a la ley
11/2017 sobre reparación jurídica de víctimas del franquismo, donde
aparece publicado un listado de las víctimas de los consejos de guerra,
que se va actualizando, con su condena, incluso cuando se ejecutó la pena de muerte,
que fueron bastantes. Yo incluiré a mi abuelo y también a mi padre Luis
Calandre Díaz de la Cebosa, que estuvo dos años entre el durísimo campo
de concentración de San Marcos en León, el Seminario de Ávila y
finalmente en la prisión de Torrijos en Madrid, en la enfermería.
Será la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
relación con las Cortes y Memoria democrática, Carmen Calvo, la que
presentara el anteproyecto de Ley, y que ya entrego en enero del 2019,
los diplomas a los grandes científicos de la Junta para Ampliación de
Estudios, entre ellos Ignacio Bolivar, Enrique Moles y Blas Cabrera, con
motivo de la restitución de las medallas de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que les fueron injustamente arrebatadas por los franquistas en 1941.
Emotivo acto al que tuve el honor de asistir (ya que mi prima y nieta
del Sr Moles, Beatriz Moles Calandre, no pudo ir), y precursor de la
restitución de la legalidad republicana, que ahora esta Ley de memoria
democrática, va a concretar jurídicamente.
Ya era hora, después de 80 años, de condenar y anular la justicia
represiva franquista, cómplice del Holocausto, como las normas de
depuración del Colegio de médicos contra los médicos judíos y
republicanos y la norma de paso de fronteras, contra los judíos, y
republicanos, entre otros!! La primera se aplicó a mi abuelo paterno por
republicano y la segunda a mi abuela materna por judía.
Fuente → nuevatribuna.es
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