“Había miedo y sigue habiéndolo ahora”. Quien habla es Inma Rey, sentada a escasos metros de la fosa común en la que pueden estar los restos de su abuelo paterno, Vicente Rey. El mercurio se acerca a los 40ºC en el cementerio de Fuentes de León, en Badajoz, mientras el equipo del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (PREMHEX) trabaja a destajo para tratar de encontrar a las personas asesinadas que llevan casi 84 años bajo una tierra ácida que acelera el paso del tiempo.

Es agosto de 2020 y la guerra acabó hace más de ocho décadas. Sin embargo, una de las palabras más repetidas durante toda la mañana es “miedo”. Un sentimiento que late todavía en nuestra sociedad y que paraliza a muchos familiares. “En estas fosas hay 84 personas y mira los familiares que estamos aquí, que somos cuatro. Creen que puede pasar otra vez lo de antes”, explica mientras mira a su alrededor, donde se congregan media docena de personas, entre ellas su hermana Loli, que también remarca que hay personas mayores que todavía “saben muchísimas cosas” pero que no atreven a contarlas por la misma razón: “Porque tienen miedo”. Carmen Méndez, de 84 años, recuerda los inicios de su lucha por recuperar los restos de su padre José: “Estábamos solas. No se atrevía a venir nadie”.

El pasado martes 15 de septiembre, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera Carmen Calvo llevó al Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria, que vendrá a sustituir a la anterior de 2007. Esta primera versión de la nueva norma establece que será la Administración General del Estado la encargada de capitanear la búsqueda de las personas fusiladas durante la Guerra Civil y la dictadura, aunque el resto de administraciones seguirán contando con sus propias competencias. Esto, según Calvo, hace que se trate de “una ley que tardará mucho en el tiempo para que pueda aplicarse plenamente».

Irene Herrera se considera una “afortunada”. Hace escasos días, durante la reapertura de las fosas de El Espinar (Segovia), apareció la alianza de bodas de su abuelo Eugenio Insúa, lo que vendría a demostrar que los restos de su familiar se encuentran entre los que han podido extraerse de la fosa. Herrera defiende que debe ser el Estado el que, con sus medios propios, exhume todas las fosas del país: “No vale con dar subvenciones a algunas asociaciones y dejar caer la responsabilidad sobre ellas. Debe ser el Estado quien se encargue de sacar hasta el último cuerpo”, solicita.

“Yo soy también un caso de silencio”. Las palabras son ahora de Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Recuerda la primera vez que se atrevió a romper el miedo, en la fosa de su abuelo, temblando. “Me acuerdo que dije ‘aquí nació mi silencio y aquí murió mi silencio’”. Como Herrera, cree que la nueva norma seguirá valiéndose del sistema de subvenciones, en lugar de que sea el Estado quien lleve a cabo las exhumaciones: “Estamos totalmente opuestos a ello porque no entendemos que se utilicen intermediarios”.

En este anteproyecto de ley sí se establece que será la Administración central o regional quien incoe de oficio la búsqueda de los y las desparecidas. En el caso de que las fosas se encuentren en un terreno privado, tendrán la potestad de autorizar una ocupación temporal de la zona. Posteriormente, será el Estado quien se encargue de realizar las pruebas genéticas para identificar los restos que se exhumen, para proceder después a devolverlos a sus familiares.

Para Silva, “una ley, sin voluntad política, puede servir de poco”, por lo que defiende que el Estado debe romper con la “equidistancia” en la que se mantiene desde la Transición y permita acabar de una vez por todas con el miedo que impregna los cimientos sobre los que se construye la democracia española. “El mayor asesino del silencio sería un acto público del presidente con víctimas del franquismo y luchadores contra la dictadura”, explica. Pero en suelo español, ya que considera que los continuos actos en el exilio se han venido disfrazando de “nostalgia despolitizada”.

Irene Herrero, nieta de Eugenio Insúa, pide valentía al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con esta nueva ley, que todavía puede cambiar tras pasar por el Consejo de Ministros y por el Congreso: “No vale con esconder la memoria debajo de la historia; porque el resultado de tapar es que los jóvenes conocen cada vez menos y eso da alas al fascismo”, critica. Esta memoria tapada es la que ha provocado que, durante demasiados años, en muchas familias haya reinado el silencio. Por miedo, un “miedo heredado” que seguimos manteniendo actualmente, según la historiadora y directora del PREMHEX Candela Chaves.

Otros puntos de la ley

El anteproyecto también incluye la supresión de aquellos títulos nobiliarios que fuesen concedidos entre el 48 y el 78 y que exalten el franquismo o la guerra civil. De la misma forma, se retirarán los honores “manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales”, incluidos aquellos a título póstumo; algo que llevará aparejado la eliminación de la recompensa, si es que la hubiese. Lo mismo sucederá con las medallas policiales que fueron concedidas para premiar a policías amparados en la legislación franquista.

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) también tendría los días contados con esta nueva ley, al igual que cualquier otra organización que realice apología del franquismo, de la guerra civil o incite al odio contra las víctimas. Según Irene Herrera, la supresión de los títulos y de las medallas o la ilegalización de la FNFF es lo “mínimo” que se debería haber hecho hace ya muchos años: “No nos podemos conformar solo con esto. Para muchas personas es importante una ley que de verdad vele por sus muertos, y les repare”.

En unos términos similares se expresa el presidente de la ARMH. “Está bien que se les quiten los títulos, pero es triste que la mayor agresión que van a sufrir unos criminales de guerra por parte del Estado sea esto y no mucho más. La retirada debería ir acompañada de un extenso informe que sirva para hacer pedagogía”, reclama Emilio Silva.

Otro de los aspectos que recoge el borrador del anteproyecto es la creación de una “Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura” y la nulidad de los tribunales y sus resoluciones “por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal”. Asimismo, se contempla la realización de una auditoría del expolio para conocer “las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura” y el “reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados”, instando a que las organizaciones o empresas que “utilizaron trabajos forzados en su beneficio” también reparen a las víctimas.

Emilio Silva considera que estas medidas son “interesantes” pero cree que deberían implicar “consecuencias” para los verdugos. “Es interesante conocer y sacar a la luz la documentación que tiene el Estado para demostrar eso, pero le vamos a pedir más cosas. El Gobierno tiene que hacer público un informe de todas las reparaciones que hizo el franquismo pero solo a los suyos y con el dinero de todos: les dieron gasolineras, loterías, puntos en las oposiciones, becas, pensiones especiales…”, subraya.

Este conocimiento de la verdad, según el presidente de la ARMH, busca evitar que miles de españoles todavía bajen la voz al hablar de temas relacionados con la guerra civil y la dictadura. O que miren si la ventana está abierta para evitar que nadie les escuche. “El sello del Estado como validador de la verdad que todavía guardan las fosas tiene un gran valor simbólico. Y por eso no puede mirar hacia otro lado”, zanja.

El Primer DNI Republicano