Diez tesis sobre la Memoria Democrática en España

1. Los desafíos que pretende abordar el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Consejo de Ministros son urgentes y reales. A pesar de lo que diga la derecha, no son problemas que España, a 45 años de la muerte de Franco, tenga resueltos.

2. España no es una excepción. Muchos otros países lidian con desafíos similares, también sin resolver del todo. España no es el único lugar donde el relato sobre los capítulos violentos del pasado compartido es un campo de batalla político. (Véase la orden ejecutiva sobre la “educación patriótica” que acaba de firmar el presidente de Estados Unidos.)

3. Aunque los desafíos que pretende abordar esta ley no se resuelven sin acción legislativa, es importante subrayar que esta sola no basta. Cada uno de sus puntos principales, desde las exhumaciones, las condenas y los expolios hasta el tema educativo, quedarán en papel mojado sin seguimiento institucional –a nivel estatal, autonómico y municipal– y apoyo de la sociedad civil.

4. El modelo alemán, en el que parece inspirarse el proyecto en parte, demuestra a las claras lo que puede y no puede hacer la acción legislativa en lo que respecta a la educación y la libertad de expresión. La famosa doma o superación del pasado (Vergangenheitsbewältigung), emprendida en serio desde los años 70 (como acaba de recordarnos Francisco Espinosa), no ha podido evitar que décadas después haya resurgido una extrema derecha xenófoba que reivindica el orgullo nacional, también en torno a la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, hoy por hoy, esta ultraderecha se estrella contra un cordón sanitario constituido por un consenso político antifascista que la misma líder del centroderecha, Angela Merkel, se empeña en afirmar cada vez que puede. En España, ese consenso político moral no existe de la misma forma.

En Alemania la ultraderecha se estrella contra un cordón sanitario constituido por un consenso político antifascista. En España, ese consenso político moral no existe

5. Proscribir determinadas organizaciones o expresiones públicas, como lo propone la Ley de Memoria Democrática, es un claro intento de establecer una normalidad antifascista como la alemana. Está por ver si, en términos prácticos, es hoy la mejor forma de contrarrestar el auge de una extrema derecha antidemocrática. Así como con otros problemas complejos de carácter moral, distintos países han adoptado distintas alternativas en ese sentido. Desde los años 50, Alemania no ha dudado en prohibir ciertos partidos y sus símbolos (incluido, por cierto, el Partido Comunista). Estados Unidos, en cambio, ha tendido a privilegiar la libertad de expresión. (En una paradoja difícil de comprender para ciertos europeos, la misma Unión de Libertades Civiles, la ACLU, defiende el derecho de expresión del Ku Klux Klan. Así como, en otra paradoja de difícil comprensión para extranjeros, en España parece tener más peso el derecho al honor de fascistas muertos que la libertad de expresión o el derecho de las víctimas a la verdad, como señala Espinosa.) Cuál de estas tácticas –prohibición o libertad de expresión– funciona mejor en la coyuntura actual es una pregunta que merece más debate. Es sumamente irónico que grupos de extrema derecha, como la misma Fundación Franco, se erijan hoy en mártires de la libertad. Pero la ironía no le quita rendimiento político al martirio. El fiasco de la Ley Mordaza enseña que hay que andar con mucho cuidado.

6. Vistas las reacciones del centroderecha español al anteproyecto de ley, llama la atención lo poco que ha cambiado su discurso en los últimos 20 años. Se recurre a la misma batería de tópicos de siempre: que la memoria es personal y la historia objetiva; que ya hubo reconciliación; que el propio PCE abogaba por ella desde 1956; que Zapatero lo echó todo a perder cuando rompió el consenso de la Transición; que el tema de la memoria solo sirve para distraer al electorado de los problemas verdaderamente acuciantes del país... Desde que se empezó a cuestionar la Transición –gracias en gran parte al movimiento memorialista pero también impulsado por el contexto internacional–, el centroderecha se ha empeñado en ignorar lo que son verdades históricas como puños: que al pacto de la Transición no se llegó bajo condiciones de igualdad entre las fuerzas intervinientes; que la España postfranquista dejó sin tocar el poder y los privilegios acumulados en 40 años de franquismo; y que, desde los años 70, se han universalizado las teorías y prácticas de la justicia transicional y los derechos humanos –evolución plasmada en tratados y convenios internacionales que España ha firmado–. Ignorar todo esto exime a la derecha de reconocer otra verdad como un puño: que ella ha sido la principal beneficiaria, en términos económicos y políticos, de que la Transición asumiera como base la continuidad institucional con el franquismo.

7. La idiosincrasia de la Transición también explica la dificultad del debate actual –el diálogo de sordos– sobre el pasado en España. La ausencia continuada de una política pública de la memoria –el hecho de que la España postfranquista, en expresión de Ricard Vinyes, privatizara la memoria de la guerra y la dictadura– ha fomentado una tendencia que, en otro lugar, he identificado como una confusión entre filiación (genealógica) y afiliación (política). Durante mucho tiempo, en España los relatos sobre el pasado reciente se narraron con más frecuencia e intensidad en el seno familiar que el espacio cívico que es el salón de clases de una escuela pública. Para demasiados españoles, la historia de la guerra y del franquismo era memoria: era el relato de las madres, los padres, las abuelas y los abuelos. Era un relato cargado de afecto, qué duda cabe. Pero era también un relato que se quedó sin contrastar y contextualizar, dada su ausencia conspicua en el espacio educativo. No es casual que, a muchos españoles –políticos incluidos, e independientemente de su identificación ideológica– les cueste separar la lealtad genealógica o el afecto familiar de la necesidad de elaborar un consenso basado en valores y principios que no necesariamente compartieron sus padres o abuelos.

8. De ahí también la asombrosa persistencia de los discursos equidistantes. Cuando Francesc de Carreras se queja de que el anteproyecto de Memoria Democrática declara nulas “las condenas y sanciones dictadas … por los órganos de represión franquista” sin incluir los “órganos de represión” republicanos, pasa por encima el hecho evidente de que no hay continuidad entre el orden republicano y orden actual, continuidad que sí existe, y flagrante, en el caso de las condenas franquistas. Y cuando Cayetana Álvarez de Toledo vitupera contra el anteproyecto llamándolo “orwelliano”, afirmando que es “franquista en su desprecio a los hechos” y que “construye una leyenda … pueril y falaz” de la Segunda República y la Guerra ya que “demócratas hubo pocos, en un bando y en el otro”, no nos engañemos: la suya es una apuesta por la excepcionalidad española dentro de Europa y contra las recomendaciones de Naciones Unidas, en la medida en que postula la existencia de un justo medio entre fascismo y antifascismo.

9. Aunque el discurso del PP sobre la memoria de la Guerra Civil y del franquismo no ha evolucionado desde 2007, sí lo ha hecho la sociedad española, gracias en gran parte al movimiento cívico en torno a las fosas y la impunidad, y a su cobertura por los medios, incluidos documentalistas pioneros como Montse Armengou, Ricard Belis, Almudena Carracedo, Robert Bahar y Willy Veleta. Si el PP no tuvo reparos en votar contra la ley de 2007, en 2020 se lo tendrá que pensar dos veces.

10. Pero incluso si el PP se abstiene y llega a aprobarse la nueva Ley de Memoria Democrática, será solo un primer paso en un camino largo y duro. No es casual que Elizabeth Jelin, investigadora argentina pionera del tema, acuñara hace tiempo la expresión “los trabajos de la memoria” o que los alemanes hablen de durcharbeiten, donde el prefijo durch indica que la labor se tendrá que realizar con empeño, constancia y rigor. Aunque el trabajo de la memoria que queda por hacer en España será difícil para la clase política conservadora, tampoco será fácil para la izquierda, que, por lo general, ha tenido mucho más entusiasmo por los gestos simbólicos –pero relativamente vacíos– hacia su electorado que por la dura tarea de afrontar los fantasmas de su propio pasado, cuestionar sus tópicos, afrontar sus paradojas o reconocer sus oscuridades en general.