Proyecto Faq Violencia Antidemocrática

domingo, 2 de agosto de 2020

Violencia Antidemocrática


Violencia Antidemocrática
Colectivo Prometeo Córdoba

Incitación al odio, amenazas, insultos, acoso y ataques a representantes institucionales de la izquierda están siendo practicados a diario en este país, sin que el aparato del Estado esté dando las muestras contundentes de amparo y garantía de la seguridad necesaria para que todo parlamentario tenga blindada su integridad y la intimidad de su hogar.

El delito de amenazas está tipificado en los artículos 169-171 del Código Penal. Se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el propósito de crear intranquilidad de ánimo, inquietud y zozobra en el sujeto amenazado, por lo que se considera como un delito de peligro, no de lesión. La jurisprudencia lo caracteriza por elementos con respecto a la acción, a su naturaleza, al plano subjetivo, (es decir que la expresión de dicho propósito por parte del agente sea serio, firme y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes), y por último, que las circunstancias subjetivas y objetivas doten a la conducta de entidad suficiente como para merecer una contundente repulsa social que fundamente razonablemente el juicio de antijurídico de la acción y por tanto su calificación como delictiva.

El momento y lugar, las frases y las formas utilizadas habrán de tenerse en cuenta a la hora de valorar si nos encontramos ante una amenaza grave, seria, creíble y cuyo resultado pudiera devenir en un comportamiento agresivo que pueda llevar a efecto el mal amenazado.

El Código Penal en su artículo 172 tipifica el delito de acoso. Este delito menoscaba gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima al estar sometida a persecuciones, vigilancia, llamadas u otras intromisiones constantes que constituyen actos continuos de hostigamiento.

El artículo 510 del Código Penal, recoge en su apartado a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a su ideología,…En fin, no vamos a reproducir aquí todo su contenido, que también hace referencia a la elaboración y distribución de material o soportes con afán de perjudicar a la víctima o al grupo al que pertenezca.

Cuando se producen insultos y amenazas de muerte a la Ministra Yolanda Díaz por razón de su función de Gobierno como es la inspección de las condiciones de trabajo en las actividades agrícolas y ganaderas, dónde se han detectado mafias de tráfico con inmigrantes ilegales y su puesta a disposición de empresarios, cuyas condiciones de trabajo rayan la esclavitud y viven hacinados en situaciones de insalubridad inadmisibles en plena pandemia, trabajadores que carecen de los equipos de protección necesarios para su trabajo y tampoco se cumplen las medidas de seguridad en su transporte, si la Ministra de Trabajo es amenazada de muerte por tomar medidas para erradicarlo, díganme en qué país vivimos cuando se ataca y desacredita así a las Instituciones y a las personas que las representan.

Pero la cosa va a mayores, porque de las amenazas ya se pasó a hechos cuando el 24 de julio en Toledo, elementos del lobby taurino increparon a la Ministra, llegando a lanzarse sobre el coche en el que salía de un acto público, golpeándolo y rompiéndole el espejo retrovisor. Ya no son palabras, son hechos consumados. Hechos ante los que la plataforma antitaurina gallega ha puesto la situación en conocimiento de la Sala Especializada en delitos de odio y discriminación de la Fiscalía General del Estado.

Aunque ella no es la única. La situación que vienen padeciendo la Ministra Irene Montero y el Vicepresidente segundo del Gobierno desde hace más de dos meses, sobre todo por parte del instigador Miguel Angel Frontera Díaz y el grupo que lo secunda, conlleva un corolario de delitos que va desde coacciones, acoso, revelación de secretos, alteración del orden público, desobediencia a la autoridad y delito contra el medio ambiente.

El pasado 12 de julio, el señor Frontera, (quién ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para financiar el hostigamiento), fue descubierto encaramado en la tapia de la vivienda familiar de Irene Montero y Pablo Iglesias grabando el interior con un teléfono móvil. También se difunden viñetas con un revólver apuntando a la boca del Vicepresidente del Gobierno. ¿Qué será lo siguiente?

Los insultos y vejaciones constantes a la Ministra de Igualdad Irene Montero, hieren no solo a cualquier mujer que se precie, sino que lastiman la sensibilidad de cualquier ser humano que no esté imbuido del machismo más rancio y retrógrado. No es tolerable semejante acoso y vejación pública y constante a ninguna mujer, y tampoco cuando se trata de la representante de una Institución del Estado, como es un Ministerio del legítimo Gobierno de España.

La campaña de amenazas, acoso y derribo no para ahí. El pasado fin de semana, la eurodiputada de Unidas Podemos, Mª Eugenia Rodríguez Palop y Juan Carlos Monedero salieron a tomar unas tapas al bar El Bigotes de La Jara de Sanlúcar de Barrameda; allí fueron insultados y atacados, destacando por alborotador Antonio Florido Garat, responsable de la sede de Banca March y el de mayor renta per cápita de Sanlúcar, conocido también por su odio a Podemos. El otro destacado por su virulencia, Luis Fernando Marín Lampero, es el director gerente de la poderosa Asociación de Empresas Productoras y Exportadoras de Frutas y Hortalizas de Andalucía y peso pesado en la firma de convenios del sector con la Junta.

Salvaguardando y respetando la libertad de expresión y el derecho a disentir y criticar aquello con lo que no se está de acuerdo, sea la labor de un miembro del Gobierno, un funcionario público, periodista, político, empresario o profesional del ámbito que sea, no hay que confundirlo con lo que, traspasando la línea de lo lícito, entra en el terreno delictivo de la calumnia, la difamación injustificada y consciente, el acoso y hostigamiento, la amenaza o la agresión. Cuando se traspasa esa línea roja, la situación conlleva la necesidad de que el Estado aplique las medidas necesarias para salvaguardar los derechos inherentes tanto a las personas como a las Instituciones.

Cuando la ideología o el peso de la posición económica pretenden estar por encima de la Ley, amenazar la democracia o vulnerar las libertades y derechos reconocidos en la Constitución, o se erradican esos comportamientos o estaremos gestando un estado que no es precisamente el Estado de Derecho.



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Violencia Antidemocrática Rating: 4.5 Diposkan Oleh: La Voz de la República
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