
¿Por qué han sido tan molestas las víctimas del franquismo? Quizá porque todos y cada uno de los gobiernos de la recuperada democracia, hasta 2011, han estado repletos de hijos e hijas del régimen
Un Estado democrático que nunca llama a la puerta de las víctimas del franquismo / Emilio Silva:
Principios de diciembre de 2004
Isabel González entra en el Complejo de la Moncloa, casi setenta
años después de que su hermano Eduardo se hubiera entregado a la
Falange de Palacios del Sil (León); esa que le había prometido a su
padre que no tomaría represalias porque no tenía delitos de sangre. Tras
hacerlo nunca más se supo de su paradero.
Isabel había vivido en el exilio y llegaba en diciembre de 2004
ante una comisión del Gobierno para la memoria histórica. Iba a exigir
lo mismo que había reclamado ante la Sociedad de Naciones, el
antecedente de la ONU, en Ginebra, a principios de la década de los 40.
"Quería que hicieran algo para saber el paradero de mi hermano, pero los
franquistas respondieron que en España no había desaparecidos y que
sólo había bandoleros" (la denominación del franquismo para los
guerrilleros antifranquistas que resistían y luchaban contra la
dictadura).
En la reunión en la Moncloa, Isabel tuvo que escuchar la
petición de un asesor de la vicepresidencia que propuso a la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que dejara de hacer
exhumaciones y buscar desaparecidos mientras elaboraban la ley.
Verano de 2006
María Teresa Fernández de la Vega, responsable de la elaboración
de la Ley de la Memoria en el gobierno de Zapatero, hace un viaje a
Paraguay y asiste a la celebración del segundo centenario de la
independencia del país. Allí, el presidente del Parlamento, Miguel
Carrizosa, la presenta como hija de un alto funcionario del franquismo.
Cuando ella coge el micrófono lo niega y asegura que su progenitor fue
un represaliado de la dictadura.
Lo cierto es que su padre, Wenceslao Fernández de la Vega, es
apartado de su puesto en el Ministerio de Trabajo, terminada la guerra y
unos años después es readmitido en el ministerio, que para entonces era
prácticamente propiedad de Falange, y llega a ser nombrado delegado de
Trabajo en Zaragoza, a recibir una condecoración del 18 de julio de
1971, firmada y concedida personalmente por el dictador, y su familia
disfruta de privilegios como licencias de explotación de saltos de
energía eléctrica en la cuenca del Tiétar, cuyas participaciones
heredadas vendió la ex vicepresidenta del Gobierno en octubre de 2016.
26 de diciembre de 2007
El BOE publica la Ley de la Memoria 52/2007, por la que el
Estado decide no responsabilizarse de la búsqueda de los desaparecidos y
asume "facilitar las cosas". Pero, ¿los derechos humanos o la
reparación a las víctimas del terrorismo en una democracia se facilitan,
que no significa nada, o se garantizan?
En el verano de 2006, Isabel González murió esperando a un
Estado que nunca quiso buscar a su hermano, porque la versión oficial
era que nos habíamos reconciliado en la Transición y todo había quedado
resuelto. Murió como tantas miles de personas esperando a que el Estado
girase la cabeza y dejara de ignorarlas, con el eco de las palabras del
asesor De la Vega, pidiendo que se detuvieran las exhumaciones y eso
habría ocurrido durante tres años.
29 de julio de 2020
El Boletín Oficial del Estado anuncia la convocatoria de unas
subvenciones del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática, del que es titular la vicepresidenta Carmen
Calvo, para ayudar en la búsqueda de las personas desaparecidas por la
represión franquista.
Han pasado años de exhumaciones promovidas por la sociedad
civil; han muerto miles de isabeles, con la angustia y el dolor de no
haber dejado dignamente enterrados a sus seres queridos, y la ONU ha
publicado dos informes contundentes señalando la discriminación de las
víctimas del franquismo que han llevado a cabo todos los gobiernos de la
democracia. Pero el Gobierno PSOE-PODEMOS quiere resolver el problema
de los miles de desaparecidos por la dictadura con unos miles de euros
de subvenciones que podrán servir para ayudar a unos pocos, pero que
seguirán condenando a ser víctimas de tercera a las familias de quienes
no apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y fueron
asesinados y mal enterrados por los fascistas que durante años
ilegalizaron y pisotearon libertades que hoy consideramos fundamentales.
¿Por qué han sido tan molestas las víctimas del franquismo?
Quizá porque todos y cada uno de los gobiernos de la recuperada
democracia, hasta 2011, han estado repletos de hijos e hijas del
régimen. ¿Por qué las bases del PSOE están directamente emparentadas con
las víctimas pero sus Consejos de Ministros se nutrían de descendientes
de franquistas? Una de las causas de la impunidad del franquismo es la
estructura social. En los años 50, 60 y principios de los 70 quienes
mayoritariamente acudían a las universidades eran hijos e hijas del
régimen, y aunque tuvieran diferentes ideologías, compartieron
privilegios y lazos familiares.
Verano de 2020
Pedro Sánchez lleva dos años residiendo en La Moncloa, dos años
en los que muchas isabeles han dado su último suspiro con el dolor y la
culpa de no haber podido darles a sus hermanos, padres, madres o tíos
una sepultura digna. Y ahora el Gobierno dice que no quiere atender
directamente a las familias, que pondrá dinero para ayudar a las
asociaciones, con lo cual la responsabilidad señalada por la ONU cuando
le dice al Estado español que la "sepultura digna es un derecho
absoluto" y que se ha comprometido a garantizarlo al firmar diferentes
tratados internacionales, es papel mojado.
¿Qué le cuesta al Estado constituir un organismo que atienda a
las familias de las personas asesinadas por los franquistas, a todas las
familias, como ha hecho con las víctimas del terrorismo o con las
familias de los muertos de la División Azul? ¿Por qué insiste en no
atenderlas personalmente y subvencionar a colectivos que se encargan de
repararlas? ¿Qué se puede sentir en un país donde hay gente que discute
si los seres humanos deben o no deben estar enterrados dignamente, si
las familias tienen o no tiene derecho a saber? ¿Por qué en más de 40
años de recuperada democracia ningún presidente del Gobierno ha hecho en
territorio español un acto público y notorio con las víctimas de la
represión franquista y con quienes lucharon por el regreso de la
democracia?
El atado y bien atado de Francisco Franco era una estructura
social construida sobre la violencia, la corrupción y un aparato del
Estado ocupado casi en exclusividad por adeptos y filofranquistas. Esa
es la herencia que recibe la recuperada democracia y que la izquierda
parlamentaria (especialmente el PSOE y el PCE, que nunca se han
disculpado ni explicado) aceptó prácticamente sin rechistar. Con el lote
iban una falsa reconciliación y una amnistía relatada como una
conquista de la oposición al régimen que sellaba la impunidad para los
franquistas.
En ese marco fundacional las víctimas del franquismo debían
permanecer calladas hasta su muerte y su memoria tenía que haber
permanecido en silencio hasta su extinción. Eran incómodas y sobre su
sufrimiento se levantaron privilegios, grandes patrimonios y carreras
políticas. Por eso el Estado nunca ha llamado a su puerta. Porque ha
preferido desatenderlas sin mirarlas a los ojos, subvencionando pequeñas
reparaciones, para que sigan muriendo con sus pequeñas memorias y sus
grandes silencios. Y parece que en esta ocasión, las políticas de
memoria pretenden seguir la misma hoja de ruta, subvencionando
atenciones casi asistenciales, pero sin poner clara y visiblemente al
Estado de su parte.
Fuente → eldiario.es
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