“Si voy a la fiscalía y le digo que he oído rumores de que Juan Carlos I ha robado, ni lo miran”

Profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías no tiene pelos en la lengua para hablar del funcionamiento de la Justicia. Sobre todo, del mal funcionamiento. Asume desde el conocimiento que aunque la ley está hecha para ser aplicada a todo el mundo por igual, repercute de forma distinta según el prejuicio del magistrado que la aplica. No es lo mismo un gitano que un banquero, ni Podemos que Juan Carlos I.

Empecemos por el final, que seguramente es el principio de todo: Pablo Echenique afirma que cualquier persona puede ir al juzgado, que un magistrado te abra un juicio y que los grandes medios pasen horas hablando de ti y que eso solo pasa si eres de Podemos. O Echenique ha vivido de espaldas al mundo o él no era más que otro espectador en los torticeros casos que afectaban a la izquierda abertzale y a los partidos soberanistas catalanes, y que el Tribunal Europeo ha valorado de forma muy distinta a los juzgados españoles, acotando el desenfreno patrio.

En temas judiciales es muy importante diferenciar lo formal de lo material. Formalmente, la ley procesal española permite abrir una investigación con indicios, con meramente rumores, siempre que el juez instructor esté convencido de que esos indicios o rumores tengan cierta base. Desde ese punto de vista, se puede hacer. No es ilegal ni atenta contra las leyes procesales de España. Pero una cosa es que no atente y otra, el fondo material del asunto. Y creo que ese fondo es que, aunque en España las normas son iguales para todos, no se aplican de igual manera a todo el mundo. Para algunos, la ley se aplica de una forma más estricta. Los partidos vascos es el caso más típico. Es evidente que no se les ha tratado como a todo el mundo. Cuando había sospecha de connivencia con ETA, se les aplicó la norma de forma más dura. Seguramente, si tu presentas una demanda contra el rey Juan Carlos I basado en los mismos indicios que se tienen contra Podemos, es muy posible que el juez te diga que eso no es suficiente para abrir una investigación penal. Pero, en cambio, cuando se presenta contra Podemos te dicen que sí.

¿Por qué?

Porque hay parte de subjetividad. La norma respalda al juez, pero la forma que se aplica está determinada por la ideología y los prejuicios del magistrado. Es más fácil que metan en la cárcel a un gitano o a un toxicómano y que pongan en libertad a un banquero.

Con los indicios que hay sobre Podemos, en otro caso no se hubiera abierto ningún tipo de diligencias, se hubiera archivado automáticamente, salvo si el abogado de Podemos aporta documentos

La derecha tiene el poder de erosionar vía judicial al contrincante.

Eso es cierto. La composición sociológica del poder judicial español es la que es. Creo que no hay un plan deliberado de utilizar los tribunales contra Podemos, pero es suficiente con que muchos jueces de manera individual tengan prejuicios y miren a Podemos de manera diferente como miran a otros partidos. A Podemos se le está acosando judicialmente, aunque mucho menos que a los independentistas vascos y catalanes, pero el fondo es el mismo: prejuicios personales a que esas agrupaciones suponen un atentado contra el Estado. En el caso de Podemos, no les ven como una persona de orden, y Podemos está sufriendo ahora esa medicina.

Para poner en marcha una investigación se tiene más cuidado y más indicios que un señor que ha oído rumores

Manos Limpias, Vox, cualquiera puede ser acusación particular, siempre que tengas dinero para despilfarrar en una inversión publicitaria con un retorno muy alto, y que no sería posible sin una judicatura que huele a rancia.

No solo es el retorno publicitario publicitario. Recurrir en España es caro y arriesgado, pero el retorno no es solo publicitario, porque si encuentras al juez adecuado puedes tener a alguien sometido a juicios e incluso condenarle. Es muy escandaloso el caso de Abogados Cristianos que denunciaron en Tenerife al ganador del Carnaval, al Coño Insumiso de Sevilla y al actor Willy Toledo, y muchos más casos. Esa agrupación consigue que durante años personas estén acusadas, aunque luego sean absueltas y, si se topan con un juez católico, que hay muchos, tienen posibilidades de que sean condenadas en primera instancia, aunque luego llegue la absolución. Con todo ello consiguen estropear la vida de una persona y otra cosa muy importante: acallar a la opinión publica. Esta gente consigue silenciar un discurso con dinero para demandas y la connivencia de algunos jueces.

Acusaciones particulares como Abogados Cristianos consiguen silenciar un discurso con dinero para demandas y con la connivencia de algunos jueces

Si una caja de solidaridad de un partido político hubiera sido usada fraudulentamente, ¿es un juzgado de instrucción quién debe dirimirlo o un contencioso-administrativo?

Hay que matizar mucho. Si en un partido todos sus cargos públicos donan parte de su sueldo, lo que están haciendo es una donación, y eso está sometido a una norma de transparencia. Hay un control sobre en qué se gasta el dinero y cómo se financia. Las cuentas de un partido político no son como las de un particular. Por un lado, hay que tener cuidado de si Podemos habrá manejado las cuentas con demasiada ligereza, pero si hay responsabilidades, ¿cómo se puede resolver? No lo sé porque desconozco los datos. Lo que sí sé, por lo que ha salido en prensa, es que no veo una irregularidad que a priori tenga trascendencia penal. Pero para poner en marcha una investigación se tiene más cuidado y más indicios que un señor que ha oído rumores. Insisto en que se puede hacer, pero normalmente no se hace. Si voy a la fiscalía y le digo que he oído rumores de que Juan Carlos I ha robado, ni lo miran. Con los indicios que hay sobre Podemos, en otro caso no se hubiera abierto ningún tipo de diligencias, se hubiera archivado automáticamente, salvo si el abogado de Podemos aporta documentos.

En el proceso judicial de la corrupción del Partido Popular, el asunto de M. Rajoy es un buen ejemplo de la doble vara de medir en la judicatura

¿Algún día sabremos quién es M. Rajoy?

[Ríe] Ese es un buen ejemplo de la doble vara de medir. Hemos tenido condenas al Partido Popular, Mariano Rajoy dejó de ser presidente tras la condena al PP por corrupción. Pero en ese proceso ha habido momentos en que uno tiene la sensación de que los jueces podrían haber ido más lejos. ¿Qué quiere decir eso? O el PP tiene suerte y los jueces que los juzgan no terminan de estar convencidos o los jueces que los juzgan tienen prejuicios y los suyos son menos culpables que los otros, por lo que no juzgan con neutralidad.

Somos humanos, somos subjetivos.

Es imposible quitarte la subjetividad, crees que quien dice lo mismo que tú está acertando y quien no, se equivoca. Y así a los partidos que dicen que defienden el Estado es posible que se les trate de un modo más benévolo que se trata al resto de partidos. No es un plan, sino un efecto de la subjetividad.

Y que la fiscalía te lo afina.

La independencia del poder judicial de España. Siempre que hablo con un juez me dice que resuelven miles y miles de asuntos al año y que en la mayoría son independientes. Ser independientes en asuntos sobre los que no tienes interés es muy fácil. El problema es cuando abordas un asunto con contenido político e ideológico, y en esos asuntos tenemos dos problemas grandes: uno es la fiscalía, que actúa a las órdenes del fiscal general y el fiscal general lo nombra y lo cesa el Gobierno. En los casos políticamente complejos la fiscalía recibe instrucciones del Gobierno, sea el que sea y siempre.

Un órgano político nombra a los jueces del Tribunal Supremo, por lo que es muy difícil que el TS sea independiente en asuntos políticos trascendentes

¿Y por otro lado?

El Consejo General del Poder Judicial está elegido por el Parlamento. Los jueces se quejan de que el CGPJ está politizado, pero ese no es el gran problema, sino que un CGPJ elegido por políticos nombra discrecionalmente a los jueces en el Tribunal Supremo. Un órgano político nombra a los magistrados del TS, por lo que es muy difícil que el TS sea independiente en asuntos políticos trascendentes. Un juez del Tribunal Supremo debería llegar por méritos propios y antigüedad, en vez de nombramientos.

En otros países, el propio poder judicial se autolimita y evita que se judicialicen conflictos políticos. En España, el juez aprovecha para tomar partido en algo que no le corresponde

¿Y qué pide el CGPJ?

Desde la judicatura, los jueces solicitan que el CGPJ deje de estar elegido por el Parlamento y que sean ellos mismos los que lo voten, y no piden un cambio al sistema de acceso al TS. Por lo que asumiendo esas reivindicaciones nos encontraríamos con un Consejo General del Poder Judicial muy conservador siempre, y con la potestad de nombrar a los magistrados que desee.

¿Qué le pasa a España que judicializa sus conflictos políticos?

Los jueces aceptan que se judicialicen. En otros países, el propio poder judicial se autolimita. Aquí, el juez aprovecha para tomar partido en algo que no le corresponde. Fomentan que haya demandantes que se amparan en los jueces.

Fuente → elsaltodiario.com

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