Rey Emérito (III). La historia sin histerias: a propósito del rey emérito y sus avatares
El debate Monarquia vs. República en España tiene prácticamente
dos siglos de altibajos más o menos intensos. Es fruto de la libertad de
ideas implantada desde la revolución liberal. Se hizo ya patente
durante la regencia de Espartero (1840-1843) y fue motivo de debate
constitucional en las Cortes constituyentes de 1854 y sobre todo en las
de 1869. Con este artículo se trata de exigir rigor analítico para no
caer en comparaciones historicas superficiales y fuera de contexto y,
por tanto, para lanzar una pregunta política rotunda: ¿es la institución
monárquica, tal y como está establecida en la Constitucion de 1978, un
obstáculo para desarrollar políticas progresistas y/o de izquierdas? En
consecuencia, cabria añadir otra pregunta igualmente necesaria: ¿con la
gravedad de la actual crisis, ayuda al consenso necesario situar este
debate en el primer punto de la agenda social?
Se abusa del calificativo de “hecho histórico”. Que el rey emérito
deje la residencia oficial de la que disfrutaba como anterior Jefe de
Estado es una buena anécdota para comprobar la fortaleza de la
democracia española. No tiene por qué haber un antes y un después,
aunque es cierto que este hecho, debido a comportamientos nada
ejemplares, parece, del anterior rey, permite a ciertas voces
pretendidamente progresistas extrapolar la coyuntura para cambiar (¿o
acaso dinamitar?) el actual sistema constitucional.
Quizás convenga aportar tres precisiones históricas:
1. El papel de los individuos en la historia
Es amplio el debate sobre el peso que cada individuo tiene en los
procesos históricos. En este caso es justo subrayar que en la transición
de la dictadura de Franco a nuestra actual democracia no hubo un piloto
clarividente que supiera el rumbo preciso y seguro en cada momento
entre 1975 y 1982. Santos Julià, maestro de historiadores, nos ha
enseñado la complejidad de tal proceso en su, por desgracia, último libro.
Ahora bien, en ese entramado de fuerzas sociales y cambios económicos
y culturales que dieron paso a una sociedad democrática, son muy
importantes las decisiones de los individuos que tienen poderes para
frenar o arropar unas u otras exigencias politicas. Y en este caso hay
datos suficientes para defender que Juan Carlos I supo captar y subirse a
lomos de las demandas democráticas que existían entre la mayoría de los
españoles en esos años.
2. La Constitución de 1978 cumplió el programa republicano
El republicanismo de los siglos XIX y XX nunca se redujo a quitar
reyes. Bebió de la tríada conceptual de “libertad, igualdad y
fraternidad” que se enarboló en las revoluciones liberales
norteamericana y francesa y que en España tuvo un largo camino entre las
Cortes de Cadiz (1810-1813) y el sexenio democrático
(1868-1874) con la experiencia de la Primera República. En esos años se
fraguó el republicanismo como un programa de reformas políticas,
socioeconómicas y culturales que podríamos catalogar como el embrión y
avance de lo que hoy llamamos “Estado democrático y social de derecho”.
Es cierto que para alcanzar esas metas chocaron con el papel que los
liberales conservadores asignaron a la Corona como poder imbricado
claramente con los intereses y corrupciones de las oligarquías. De ahí
el protagonismo político que tuvieron las decisiones tanto de Isabel II
como de Alfonso XIII. Las Constituciones de 1845 y 1876 se lo permitían.
Por eso el programa republicano chocaba con el muro de La Corona. Por
eso también se produjo el derrocamiento de Isabel II y luego se tuvo
que exiliar Alfonso XIII. Nada que ver ni en contextos ni en fuerzas
políticas con la situación de 2020. Las comparaciones en historia deben
hacerse con mucha precaución para subrayar diferencias y no caer en
trampantojos que falseen la realidad.
Ahora bien, con las experiencias amasadas durante la Segunda
República (1931-1939), la trágica Guerra civil y la dolorosa dictadura
de Franco, se puede concluir que en la Constitución de 1978 se
recogieron los derechos y aspiraciones que desde hacía un siglo habían
sido bandera de un amplio abanico de fuerzas progresistas.
Más aún: con la Constitución de 1978
se puede afirmar que ganaron la partida los vencidos en la Guerra
civil, por más que quedasen asuntos que posteriormente se han
considerado insoslayables. En este sentido, el republicanismo como
fuerza política perdió su sustento histórico y vio cumplidos sus
objetivos sociales.
3. Y, sin embargo, ¿se nos desquician las prioridades?
Si los observatorios más serios incluyen la democracia española entre
las más avanzadas del mundo, y en la que, por primera vez en nuestra
historia, sí, por primera vez, los corruptos han sido juzgados y
condenados (presidente de la patronal, políticos de todo signo y de alto
copete, miembros de la familia real…) ¿por qué queremos convertir en
hecho decisivo e histórico para toda la sociedad el comportamiento de un
rey que, por más que haya noticias e indicios nada ejemplares, ni ha
sido incriminado ni juzgado por ninguna instancia judicial?
¿Por qué un torbellino de chismes y tuits tan expandido por
los medios de comunicación y redes sociales, con prédicas de moralina
legítimas, aunque mucha veces incoherentes en boca de quienes las
pronuncian, sustituye a los jueces y al derecho a un juicio justo?
En un año en el que la sociedad española está sufriendo la crisis socioeconómica
más grave desde la Guerra civil, la razón democrática puede aportar
argumentos suficientes para aparcar el cambio que ciertas voces plantean
en las prioridades políticas.
¿Se incrementaría con esa obsesión antimonárquica la calidad y
solidez de nuestra democracia y se facilitaría el consenso para
recuperar la prosperidad económica y las ventajas sociales de las clases
y sectores más perjudicados por la crisis?
¿O sería una querella supuestamente de izquierdas para ocultar la
incapacidad de lanzar metas que atiendan las necesidades del mayor
número posible de ciudadanos?
Se puede cuestionar la Monarquía, por supuesto, pero también cabe
defender que, desde 1978 hasta hoy, esta institución no ha sido
obstáculo para políticas democráticas, progresistas y/o de izquierdas.
En este sentido, frente al uso histérico de hechos históricos,
convendría recordar que un gobierno democrático, además de atender a sus
aliados, también debería fraguar puentes con una oposición que
representa a la otra mitad de ciudadanos, igualmente parte del Estado.
*De sus más recientes publicaciones cabe destacar «Contra el
poder. Conflictos y movimientos sociales en la historia de España: De la
Prehistoria al Tiempo presente» (Comares, 2015); «Historia del
feminismo» (La Catarata, 2018, 3ª edic.) ; y con Eduardo Manzano: «La
gestión de la memoria: la historia de España al servicio del poder»,
(Crítica, 2000)
(Crítica, 2000)
Fuente: The Conversation 4 de agosto de 2020 y resumen para Conversación sobre la Historia
Portada: Juan Carlos I recibe el 27 de octubre de
1982 a los líderes de los partidos parlamentarios en la jornada de
reflexión de las elecciones legislativas: Xabier Arzalluz, Manuel Fraga,
Landelino Lavilla, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo
(al que el Rey entrega un cenicero), Miquel Roca y Leopoldo Calvo Sotelo
(en sentido contrario a las agujas del reloj)(foto: Marisa Flórez/El
País)
Ilustraciones: Conversación sobre la Historia
Fuente → conversacionsobrehistoria.info
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