La Monarquía española ha entrado en barrena, y no se vislumbra tabla de salvación a la que pueda acogerse. Hace aguas por todos los flancos, y no funcionan los sistemas de emergencia probados hasta ahora
La monarquía se pone un collarín
Declive de un reinado
Si
hacemos un breve repaso por lo acontecido en los últimos años, debemos
recordar los escándalos de un monarca que en plena crisis que mantenía
en paro al 50% de los jóvenes, afirmó que el paro juvenil le quitaba el
sueño, cuando pocas semanas después descubrimos que lo que le quitaba el
sueño realmente eran cacerías de carne y colmillos. La frase lapidaria
“Lo siento me he equivocado, no volverá a ocurrir” fue la antesala de su
abdicación, incapaz de remontar el vuelo en picado de su, hasta
entonces, cómodo y consentido reinado.
Llevamos unos años en los
que, por fin, los medios del régimen han tenido que reconocer lo que
hasta ahora había sido la comidilla popular. Parece confirmarse que Juan
Carlos de Borbón, que había venido a España con una mano delante y otra
detrás, amasó una fortuna de manera totalmente fraudulenta,
aprovechando los contactos que su cargo le permitían con jeques
petroleros de Oriente Medio principalmente, con la ayuda de quienes han
figurado en las tramas de corrupción más importantes en este país
durante su reinado, y de aquellos que le regalaban yates “Bribón”,
ironías de la historia.
Juan Carlos de Borbón, que gozaba de
cierta popularidad (fabricada por supuesto por los corifeos del
régimen), que daba la imagen de “campechano”, para satisfacción de
monárquicos que confiaban en su persona para asentar este régimen frente
a un pueblo más juancarlista que monárquico, de pronto se ha convertido
en el mayor estorbo de la propia institución. No saben qué hacer con
él, y son muchas las personas que no les extrañaría que pudiera
convertirse en una nueva víctima de la Covid-19.
De manera lenta
pero constante vamos conociendo episodios de su trama delictiva, a cual
más cutre (lo de la máquina de contar billetes en la Zarzuela es genial,
pero lo de llevar él mismo los maletines de fajos de billetes en su
valija diplomática, creo que es más surrealista todavía).
Lo de sus amantes sería cosa del ámbito privado, suyo y de su propia familia; pero resulta que formaba parte de la misma trama delictiva. Sus manejos financieros tuvieron que ser conocidos por su esposa e hijos, a no ser que fueran tan miopes como la ex ministra Ana Mato que no veía los coches deportivos de su marido en el garaje de su propia casa.
Estamos hablando de la persona que ocupó la Jefatura del Estado durante 39 años (curiosamente los mismos que Franco), y las fechorías que vamos conociendo, y que ya sospechábamos, las cometió durante su reinado, pero no en sus ratos libres, sino en el pleno ejercicio del cargo que ostentaba.
Estas revelaciones de corrupción se suman a las más que
fundadas sospechas de haber estado metido hasta las trancas en el golpe
de estado del 23F, con lo que el balance de su reinado, por mucho que
Felipe González pretenda santificarle, está marcado por su carácter
antidemocrático (desde su origen) y corrupto. “Sólo” 39 años, tapado
todo por los pesebristas medios de comunicación, los partidos políticos
del régimen, las instituciones contaminadas de franquismo y por supuesto
los empresarios que tantos negocios han hecho durante ese tiempo.
Las dificultades para reconstruir el relato destruido
En
su intento por recuperar la imagen de prestigio real, el nuevo rey,
Felipe VI, no hace más que dar palos de ciego, que duelen bastante por
cierto. Su talante autoritario va quedando de manifiesto a cada paso que
da, y una de las mayores pruebas de esto es el aplauso entusiasta que
consigue entre los seguidores de Vox y del PP, principalmente. Con él,
lo de que el Rey reina pero no gobierna, parece ser mera retórica. Ahora
nos enteremos (yo al menos) que su feroz discurso del 3 de octubre de
2017 contra el derecho a decidir, no contó con el beneplácito del propio
Rajoy (hasta ahora nos habían dicho que era el gobierno quien escribía o
supervisaba los discursos reales). Y si los de Vox le piden
abiertamente que destituya al gobierno actual y forme otro, será porque
saben que dicha petición puede ser tenida en cuenta en la Zarzuela.
Quienes
pretenden hacer pervivir la monarquía, con Felipe VI al frente, tratan
de separar la institución y su actual inquilino de los actos delictivos
del anterior monarca. Para intentar conseguirlo, han llegado incluso a
condenar, de hecho, a Juan Carlos I, expulsándolo de los actos oficiales
hace un año, y retirándole la asignación de los presupuestos como rey
emérito. Eso es lo que se hizo público el 15 de marzo, el mismo día que
se decretaba el estado de alarma y el confinamiento de la población.
Fue
un feo detalle por parte de Felipe VI aprovechar la grave situación
para dar a conocer que se desentendía de los desmanes de su padre, y más
feo no decir nada cuando tres días después se dirigió a la nación por
TV. La tremenda cacerolada cosechada el 18 de marzo en los balcones de
todo el estado fue la mejor respuesta popular ante su desprecio, y la
muestra de que el rechazo a la monarquía ha roto las barreras
geográficas y políticas en nuestro país.
Para quitarse el zumbido
de las cacerolas, alguien le diseñó una tourné por todas las Comunidades
Autónomas, que, a pesar de las habituales y desproporcionadas medidas
de seguridad, cosechó más reacciones contrarias que a favor, allá por
donde pasó. Una de las últimas visitas fue a un vertedero, auténtico
símbolo del final que espera a esta institución corrupta,
antidemocrática y fuera de la historia.
Cuando ciertas actuaciones producen el efecto contrario
Por
mucha tierra que quieran echar, aparecen nuevas informaciones, unas
grotescas, otras de más calado, que muestran que no van a poder taparlo
todo. Lo más llamativo es que Felipe VI, de hecho, ha reconocido la
ilegalidad de algunas actuaciones de su padre, el anterior rey. Puede
pretender ponerse un collarín para sujetar su maltrecho cuello y parar
la cuchilla que acabó con otras monarquías, pero su intento es vano, por
varias razones:
– Renunciar a la herencia fraudulenta de su
padre, como pretendió con el comunicado del 15 de marzo es irreal, tanto
porque ha disfrutado, como el resto de su familia, de los regalos y
comisiones de las que ha sido beneficiario su padre, como porque por
ahora sólo ha salido a la luz una pequeña parte de la fortuna de 2.000
millones que se le atribuye.
– Además no es serio, como el colectivo “Afectados por la Herencia Real” denunció el pasado 19 de julio en Madrid, dejar de lado lo más importante de la herencia, la propia corona, cuyo origen es más ilegal (un golpe de estado) que las mordidas árabes.
– Los delitos cometidos por un monarca en el ejercicio de su cargo afectan a la propia institución, ya que la misma familia que se benefició de la corrupción, es la que hereda el cargo del corrupto.
En
este afán de separar padre e hijo, no se les ocurre torpeza mayor que
forzar el exilio del anterior jefe del Estado. Hay que estar fuera de la
realidad, considerar que el país es tu cortijo, para adoptar decisión
tan bestia. ¿Qué mentes tan perversas pueden considerar que huir de la
justicia es el mejor servicio que se le puede prestar a España y a la
propia institución? ¿Tan borregos nos consideran? Si de dar ejemplo se
trataba, lo suyo era que hubiera dejado la Zarzuela, abandonado sus
cargos y cuantiosas asignaciones públicas, y ofrecer una transparente
colaboración con la justicia para esclarecer los hechos y devolver todo
lo robado. La fuga de Juan Carlos es un escándalo que muestra la
prepotencia y autoritarismo de una institución que se considera muy por
encima de sus súbditos, a los que no debe rendir cuentas ni siquiera de
sus fechorías. La monarquía ha quedado enfangada, porque, más grave que
Juan Carlos se haya fugado, es que entre el Rey y el Gobierno han
pactado que era “lo mejor” para el país. Repito, ¿tan fuera de la
realidad y los criterios de ética están estas personas? Pero es que
además, si pensaban que alejando al “emérito” perdería actualidad el
tema, han conseguido justo lo contrario, los noticieros abren sus
informativos con el rey en paradero desconocido, y la polémica por su
decisión salpica a toda la casa real y al mismo gobierno.
Las consecuencias, no sólo judiciales, de la investigación de la Fiscalía
Por
mucha tierra (y mar) de por medio que hayan querido poner, los hechos
seguirán siendo tozudos, y la investigación que la fiscalía del Tribunal
Supremo ha puesto en marcha con una plantilla de fiscales curtidos en
delitos fiscales y de blanqueo de capitales, para determinar si las
actividades de Juan Carlos I son susceptibles de un proceso judicial o
no, va a tener una enorme repercusión. Seguro que habrá maniobras entre
las diferentes instancias judiciales, como ya hemos visto en recientes
procesos, pero parece inevitable que la Fiscalía deberá adoptar una
decisión, dicen que para finales de agosto, con dos posibles
alternativas:
A. Juan Carlos de Borbón debe someterse a un proceso judicial porque existen indicios y pruebas de presuntos delitos que no habrían prescrito, y además parte o todo el tiempo en que los hubiera cometido no estaría afectado por la inviolabilidad o irresponsabilidad que le atribuye la Constitución en su artículo 56.3.
B. Juan Carlos de Borbón no puede ser juzgado, bien por no existir indicios delictivos, o porque hubieran prescrito o porque su figura está afectada por la inviolabilidad citada.
La monarquía se va a enfrentar a un
escenario de difícil salida, ya que cualquiera de las dos posibles
decisiones de la Fiscalía tendrán graves repercusiones políticas para su
futuro:
a) Si la decisión es procesarle, a nadie se le escapa la
transcendencia política e histórica que tendría que quien ha sido jefe
del estado durante 39 años, sin posibilidad de haber sido refrendado por
las urnas, sea juzgado por delitos de corrupción cometidos en el
ejercicio de su cargo, aprovechándose de él para su particular beneficio
y el de toda su familia.
b) Si por el contrario la fiscalía llega a la conclusión, “después de una rigurosa investigación”, de que Juan Carlos de Borbón no puede ser juzgado, el escándalo será mayor, ya que rompe por completo el pretendido discurso de todos iguales ante la ley y la “ejemplaridad” proclamada.
Sobre la inviolabilidad del Rey
Desde
que se fueron haciendo públicos los turbios negocios de Juan Carlos,
comenzó un debate sobre el alcance de su inviolabilidad. La doctrina
oficial hace una interpretación absoluta para el rey ejerciente y se
duda de si se podría aplicar al llamado Emérito una vez se produjo la
abdicación. ¿Qué dice la Constitución al respecto?
El artículo
56.3 dice que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a
responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma
establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo,
salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.
Y el artículo 64.2 “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.
Estamos
curiosamente frente a dos conceptos, el de inviolabilidad y el de
irresponsabilidad. Si con el segundo queda claro que la función del rey
es la de sancionar actos cuya responsabilidad corresponde a quienes los
dictan (decretos ministeriales, leyes parlamentarias, etc.) ¿qué pinta
el concepto de inviolabilidad? Es como un blindaje especial y diferente
al que le exime de responsabilidad en sus actos institucionales.
¿Es
que los padres de la constitución, y quienes entonces les “guiaban la
mano”, pensaban en privilegiar al rey con la inmunidad absoluta frente a
cualquier delito que pudiera cometer, robo y asesinato incluido? Puedes
esperarte cualquier cosa, pero a mí no me parece muy plausible esta
hipótesis. Entonces ¿para qué esta inviolabilidad?
Para formular
otra posible hipótesis, no está de más recordar algunas de las funciones
reales, nada que ver con la supuesta “neutralidad” que tanto se ha
proclamado.
Art 62. “Corresponde al Rey … h) El mando supremo de
las Fuerzas Armadas”. ¿No es mucho poder para una figura que sólo reina
pero no gobierna?
No sería descabellado pensar que, igual que
ocurrió (según se ha afirmado reiteradamente) con la redacción del
artículo 2 “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la
Nación española, patria común e indivisible …” fue entregada por
motorista militar en la mesa de reuniones de los redactores de la CE, en
este caso ocurriera algo parecido, por obra de quienes movían ciertos
hilos y “bolígrafos” en plena negociación de la transición de una
dictadura hacia una monarquía parlamentaria. Porque si no, ¿cómo
depositar en el Rey este mando supremo de la institución de más poder
del estado?
Quizás el franquismo, con los poderes fácticos y
económicos que lo sustentaron, pensaron que sería conveniente guardarse
una carta constitucional para el caso en que vieran en peligro sus
intereses, y poder recurrir al rey, formado en su seno, para restablecer
correlaciones de fuerza. Sería una de las bazas del paquete negociador
de la transición. Y en este caso sí tiene sentido que, además de la
“responsabilidad política delegada” en los miembros del gobierno por
actos dictados por el poder ejecutivo, se incluyera el concepto de
inviolabilidad, por si se producían actos reales de los que
constitucionalmente no tendría que dar explicaciones ni ser juzgado por
ellos. Es el nuevo concepto de golpe de estado “constitucional” que
ahora tan de moda está en algunos países latinoamericanos.
El
debate sobre la inviolabilidad está ahora en pleno apogeo; a quienes
defienden, con razón, que no debería alcanzar a los delitos en el ámbito
privado, habría que preguntarles para qué tipo de delitos está pensado
este precepto constitucional. Ahí lo dejo.
El collarín
La
monarquía se encuentra en la situación más complicada desde su
restauración en 1975. Su popularidad o grado de aceptación está bajo
mínimos, como señalan algunos sondeos que muestran un amplio apoyo a la
celebración de un referéndum en el que cada vez es más que probable el
triunfo de la alternativa republicana (de ahí que el organismo oficial,
CIS, no quiera publicar sondeos al respecto, decisión que supone un
escándalo mayúsculo).
La monarquía no sabe cómo salvarse, hasta ahora sus movimientos son más que torpes. Piensan que poniendo tierra de por medio (o todo un océano) entre padre e hijo les va a aliviar, cuando lo que está ocurriendo es todo lo contrario, con un rey (sigue manteniendo su título, por mucho que a la vicepresidenta Carmen Calvo se le olvide) “en paradero desconocido”, pero más presente que si lo tuvieran a diario en la mesa del comedor. El collarín protector de escayola que se quieren poner al cuello para detener la cuchilla, se está convirtiendo en una auténtica diana por la que certeramente lo atravesará.
La necesaria reacción popular
La
monarquía es esencialmente antidemocrática y tradicionalmente corrupta;
pero además en nuestro país adquiere tintes cada vez más autoritarios y
despóticos.
En este contexto no es extraño que haya cada vez más
organizaciones políticas y sociales que abiertamente reclaman el fin de
la monarquía y la proclamación de una República. Las más novedosas han
venido últimamente de la órbita de Unidas Podemos, como la
vicepresidenta tercera del Congreso que solicitaba el 8 de julio la
abdicación de Felipe VI y un referéndum. Y al día siguiente era el
vice-presidente de Gobierno quien cuestionaba la utilidad de la propia
monarquía, recordando que la legitimidad del actual rey le viene de ser
hijo de su padre. Con la fuga de Juan Carlos, se han sucedido las
declaraciones en el mismo sentido.
Y va llegando el momento del
pueblo, que debe aprovechar este momento para hacerse oír. La monarquía
es el soporte de muchos de los privilegios, no sólo de la casa real,
sino de un empresariado rentista y parásito del estado al que apenas
paga impuestos, de unas instituciones infectadas de franquismo, de unos
representantes públicos que utilizan su cargo para enriquecerse, de una
nobleza que sigue manteniendo sus cortijos y cotos de caza mientras los
agricultores no tienen tierras donde poder trabajar. Se necesita acabar
con la monarquía para desbloquear todas estas situaciones, y poder así
crear condiciones que permitan la mejora de los derechos las y los
trabajadores, de tener unos servicios públicos de calidad, de tener
acceso digno a la vivienda y otros derechos básicos para la vida, entre
otros avances lastrados ahora por el régimen.
El pueblo debe
cambiar su actitud pasiva y de espectador, para convertirse en agente
activo del proceso que acelere la caída de la monarquía y propicie la
llegada de la república. De este modo será también un agente decisivo a
la hora de diseñar el nuevo régimen, no dejando que sean de nuevo las
élites financieras y empresariales las que se repartan el pastel y
contaminen todas las instituciones.
La decisión de la Fiscalía del
Tribunal Supremo, prevista en principio para finales de agosto, crea un
escenario auténticamente explosivo, en el que se puede (y se debe)
intervenir para avanzar y acelerar la caída de la institución
monárquica.
Pero no basta con diseñar sólo una movilización, que
debe ser audaz y transgresora; se necesita diseñar una estrategia que
mantenga la lucha, con diferentes hitos que la propia coyuntura irá
colocando por el camino, unos quizás ya conocidos, y otros que
aparecerán. Si sabemos que un régimen no se cambia en un día, para
conseguir un resultado positivo sin duda habrá que preparar una
estrategia de movilización sostenida.
– Imagen: Chiste grafico de Oscar Valido, en Aislados Conectados
Fuente → loquesomos.org
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