El anuncio del abandono del país por parte del rey Juan Carlos I es un nuevo episodio de la crisis incesante de la Monarquía española. El comunicado que la Casa Real hizo público el lunes 3 de agosto es una maniobra pactada en tiempo y forma entre la Corona y el Gobierno –con la Vicepresidenta Carmen Calvo al frente– que se encuadra en la operación de salvar a Felipe VI separándole de los pecados de su padre.
¡La Monarquía corrupta tiene que caer! Hay que luchar por imponer un Referéndum y la apertura de asambleas constituyentes para decidirlo todo
Proteger la Corona, este y no otro es el objetivo que guía la mano del Ejecutivo. “No se juzga a las instituciones, se juzga a las personas” declaraba Pedro Sánchez. Los escándalos de corrupción diarios que rondan la figura de Juan Carlos la hacen incompatible con el sostenimiento de una monarquía que atraviesa sus horas más bajas. Es por eso que Zarzuela y Moncloa han acordado soltar lastre y enviar al abuelo borbón a un retiro dorado.
Los socios menores del gobierno de coalición, Unidas Podemos, mantienen un discurso más beligerante hacia Juan Carlos, pero con él se acaba todo su cuestionamiento a la institución monárquica. La discusión entre las distintas alas del régimen ahora mismo es cuánto es necesario inmolar la figura del rey emérito para salvar la de su hijo.
Desde luego, la opción favorita de la mayoría del establishment es la retirada silenciosa de la vida pública de Juan Carlos I y que no se malogre más su figura que, a fin de cuentas, encarna el espíritu fundacional del régimen nacido de la “modélica” Transición española. Sin embargo, si continúan los escándalos y crece la desaprobación a la Corona es posible que veamos sacrificios mayores, como retirarle a Juan Carlos la condición de emérito, aunque es una opción que todavía queda fuera de la agenda.
Lo que, para el Gobierno, las instituciones, partidos y demás agentes del régimen está fuera de toda cuestión es la jefatura del Estado. La Corona es uno de los pilares del Régimen del 78 y un magnífico representante de los intereses capitalistas e imperialistas de los grandes empresarios españoles, de cuyos negociados salían las “mordidas” que recibía el emérito. Por ello no puede albergarse ninguna confianza en que desde las propias instituciones del Régimen vaya permitirse ningún tipo de consulta democrática respecto a la monarquía, igual que no se permite respecto a otras cuestiones como es la autodeterminación de los pueblos o medidas que afectan al bienestar material de la mayoría del pueblo trabajador.
Volvemos a reproducir la declaración que desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras publicamos el 22 de julio respecto al enésimo escándalo de corrupción del monarca. Aunque los acontecimientos se desarrollan rápido, las ideas centrales permanecen: es necesario hacer caer a la monarquía no solo por corrupta, sino porque se trata de una institución reaccionaria al servicio del IBEX 35; ninguna confianza en este gobierno ni en las instituciones del régimen a la hora de juzgar a la monarquía y permitir una consulta democrática; es necesario impulsar una fuerte movilización social desde la autoorganización obrera y popular para imponer un referéndum vinculante sobre la monarquía y procesos constituyentes en todo el Estado para decidirlo todo.
DECLARACIÓN DE LA CRT
¡La Monarquía corrupta tiene que caer! Hay que luchar por imponer un Referéndum y la apertura de asambleas constituyentes para decidirlo todo
La monarquía borbónica está atravesando la que probablemente sea su mayor crisis desde su restauración en 1975. En los últimos años el cuestionamiento a esta institución impuesta por el franquismo es cada vez mayor, como mostraron las consultas barriales y los referendos universitarios que se multiplicaron por todo el Estado mostrando el enorme rechazo a la monarquía entre la juventud y el pueblo.
El discurso del 3-O de Felipe VI dejando clara su posición contraria al derecho a decidir por los medios que fueran necesarios con el apoyo a la brutal represión a Catalunya fue otro punto de inflexión en este creciente rechazo a la corona.
Hoy están en el centro del debate público los incontables casos de corrupción que llevan saliendo a la luz los últimos meses en los que está implicado el rey emérito Juan Carlos I, mientras las clases populares sufrimos los estragos de la crisis sanitaria y social.
Mientras los y las trabajadoras sanitarias denuncian la falta de medios de la sanidad pública para hacer frente a nuevos rebrotes de la COVID-19, sale a la luz que el emérito metía en el país aviones cargados de billetes manchados de corrupción, pagaba 65 millones de euros presumiblemente procedentes de la comisión que obtuvo el monarca de Arabia Saudí por la construcción del AVE a la Meca para comprar el silencio de Corinna, y no olvidemos los 100 millones de dólares en la Fundación Lucum, con cuenta en el paraíso fiscal de Panamá, de la que sacaba 100 mil euros al mes durante la enorme crisis que sufrimos los y las trabajadoras en 2008; una cuenta de la que además Felipe VI era beneficiario.
Ante esta flagrante podredumbre de la monarquía al completo que hoy estalla por los casos de corrupción protagonizados por Juan Carlos I, vemos una operación para tratar de separar a Juan Carlos I de Felipe VI, y así proceder a una explosión controlada que asegure la continuidad de la Monarquía a cambio de, como mucho, un exilio con honores y riquezas del emérito decidido en despachos. Una operación en la que participa el gobierno “más progresista de la historia”, con el gran partido monárquico y pilar del régimen que siempre ha sido el PSOE, a los pies de su majestad.
Por si quedaba alguna duda de la posición del gobierno, ante la pregunta en la sesión de control de Iñarritu, diputado de Bildu, sobre la necesidad de hacer un referéndum, la vicepresidenta primera Carmen Calvo ha sido contundente: “la jefatura del Estado no está en cuestión”. Una postura a la que se hayan subordinados sus socios de gobierno de Unidos Podemos y sus ministros en el gobierno social liberal.
Más allá de algún elemento discursivo crítico hacia Juan Carlos I de los últimos días, Unidas Podemos ni siquiera ha planteado seriamente retirarle la condición de “emérito” a Juan Carlos I, y desde luego, se mantiene fiel al rey al que sus ministros juraron lealtad en la toma de posesión de sus cargo, sumándose al discurso que busca separar a la figura de Felipe VI de la de su padre, totalmente alejado del cuestionamiento a la institución monárquica cada vez mayor fuera de las paredes del congreso.
Aunque el CIS continúe sin atreverse a preguntar sobre la monarquía, la última encuesta realizada para el diario Público en el mes de mayo habla de un crecimiento del rechazo de la población hacia la monarquía durante la pandemia. Según la encuesta un 52% de los ciudadanos preferirían que España sea una república y más del 58% está a favor de la celebración de un referéndum para decidir la forma de Estado. Otro termómetro de este rechazo son las numerosas protestas con las que se cruzan los reyes en su tour propagandístico por el Estado.
Toda una muestra de los límites de este intento de lavar la imagen del rey, pasando del juancarlismo al felipismo, como si Felipe VI no fuera el representante de una institución impuesta por el franquismo, corrupta, que protege los intereses del imperialismo y de las grandes empresas y fortunas, exactamente igual que su padre.
Porque el problema de la Monarquía no es sólo su evidente corrupción, sino que se trata de una institución reaccionaria y antidemocrática, garante de los negocios imperialistas del Estado español y de los intereses del IBEX35. Una monarquía cuya preservación hoy es parte de un intento de mantener la unidad del régimen ante la crisis que viene.
Por eso, ante la operación de salvataje del Régimen monárquico es necesario luchar por una medida democrática elemental como es conseguir un Referéndum estatal sobre la monarquía. Desde la CRT sabemos, sin embargo, que para lograrlo no se puede contar con Unidas Podemos, hoy ministros y ministras de Su Majestad, y una medida así solo será posible mediante una lucha independiente de todos los partidos del Gobierno y el podrido Régimen del 78.
No mantenemos ninguna ilusión en que los diferentes actores del Régimen heredero de la Transición pactada vayan a permitir una consulta democrática. Para que los diferentes pueblos del Estado puedan decidir sobre esta institución totalmente antidemocrática será necesario imponerlo mediante la movilización social, con la clase trabajadora al frente, como parte de una pelea por garantizar también el derecho a decidir y la atención a los problemas sociales agravados ahora por la crisis.
En este sentido desde la CRT consideramos que la pelea por un referéndum debe estar ligada a la lucha por imponer la apertura de procesos constituyentes en todo el Estado que sean verdaderamente libres y soberanos. Es decir, que no estén sujetos en modo alguno a los poderes fácticos y las instituciones del Régimen del 78.
Por ello defendemos que se elijan asambleas constituyentes en todas las naciones hoy integradas en el Estado español, formadas por representantes electos, revocables y con un salario equivalente al de un trabajador calificado. Para que en ellas se pueda decidir sobre la forma de Estado, la relación de los diferentes pueblos del mismo, así como atender las demandas sociales para que la clase trabajadora y las clases populares no paguemos la crisis de nuevo.
Frente a las vías restauradoras que impulsa el gobierno “progresista”, la pelea por este programa democrático radical solo puede plantearse desde un gran proceso de lucha y autoorganización obrera y popular que dejará aún más en evidencia el papel de la monarquía, de los partidos al servicio del IBEX35 y sus instituciones y hará que cada vez más sectores de la clase trabajadora y el pueblo vean la necesidad de luchar por un verdadero poder propio para que su voluntad sea respetada: gobiernos de las y los trabajadores y los sectores populares. Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT)
Fuente → izquierdadiario.es
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