- Condenado a muerte por terrorismo, las irregularidades del caso del joven militante anarquista aún hoy suscitan preguntas
- En agosto, infoLibre recorre las crisis que han marcado la historia reciente de nuestro país para tratar de entender la que estamos viviendo
La ejecución de Puig Antich, el último garrote vil del franquismo Ana Pastor Bermejo
Salvador Puig Antich fue un joven anarquista asociado con el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) que fue condenado a muerte por un tribunal militar franquista en un proceso judicial lleno de irregularidades e incógnitas.
Su caso fue parte de una estrategia desesperada de la dictadura por
mantener la confianza del sector más conservador del régimen y reafirmar
su fuerza en un momento extremadamente vulnerable. Así, Antich se
convirtió en el último ejecutado por garrote vil de nuestro país el 2 de
marzo de 1974.
¿Qué pasó?
"Así que está jodido, que
han dado el enterado. ¿Verdad?". Poco antes de que la información
llegara a la prensa, el abogado Oriol Arau recibió una llamada con la noticia
fatídica: el Consejo de Ministros había ratificado la condena a muerte
de su cliente, Salvador Puig Antich. Comenzaron así doce horas de
extremo nerviosismo, trabajando para lograr un indulto que nunca
llegaría. Antich, a sus 26 años, estaba destinado a ser el último agarrotado de la dictadura.
Proveniente de familia
militante y republicana, Puig Antich estuvo abocado desde joven a la
implicación política. Ingresó en el MIL, un grupo anarquista y
antifascista que apoyaba al movimiento obrero mediante "expropiaciones" —atracos a bancos— e
introducción de libros y prensa internacional prohibidos en el país.
Pese a su reducido tamaño e influencia, la organización captó la
atención de la policía al herir a un contable en uno de estos atracos.
se puso sobre su pista para desarticular la organización, y prepararon una emboscada el 25 de septiembre de 1973.
Seis policías de paisano los sorprendieron al salir del bar Funicular
en el Ensanche barcelonés y se produjo una refriega —primero a golpes,
después a tiros— en la que murió el policía Francisco Anguas. Su
objetivo era el militante Javier Garriga, que se había citado en el bar
con otro miembro del MIL, Santi Soler. Sin embargo, solo consiguieron
detener a Puig Antich, que había acudido para acompañar a Garriga y que
también resultó gravemente herido de bala.
Tras ser operado de
urgencia, Antich ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona el 2 de
octubre. Su caso fue juzgado "en un consejo de guerra en el que no quedaron probados en modo alguno los hechos acusatorios" —como lo denomina el libro Historia política de España—,
que lo inculpaban de la muerte de Anguas. A esto se le sumaron las
acciones llevadas a cabo por el MIL en los meses anteriores, lo que
convertía el delito en terrorismo y, por tanto, la condena era la
muerte.
El 8 de enero de 1974 se
tomó la decisión, y el 1 de marzo fue ratificada por el Ejecutivo. Si
había alguna posibilidad de indulto, quedó dinamitada después del
asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA el 20 de diciembre de 1973.
Su muerte crispó aún más las tensiones del franquismo agonizante y
sentenció a Puig Antich, quien, según el testimonio de
una de sus hermanas mayores, había tenido esperanza en la amnistía
hasta ese momento: "Esto ahora sí que está jodido (...). Estos, además de cargarse a Carrero, lo que han hecho es cargárseme a mí". Su hermana menor diría años más tarde en una entrevista que Salvador había sido "el chivo expiatorio tras el atentado a Carrero Blanco".
No obstante, algunas fuentes apuntan a que la decisión estaba tomada incluso antes. Según el embajador estadounidense
en Madrid, en un documento del 29 de marzo de 1974: "Todo indica que al
optar por una ejecución rápida, el Gobierno quería evitar a toda costa
la lección del proceso de Burgos de 1970, donde las dudas y las
vacilaciones finales que llevaron al indulto preocuparon muy seriamente a
los militares, la policía a sus aliados conservadores, que lo vieron
como una prueba de debilidad".
En 1974, la dictadura
estaba tan vulnerable que no podía permitirse un nuevo embate contra la
credibilidad de su autoridad. Según el libro Puig Antich: la transición inacabada, "el Gobierno no tenía dudas, solo calculó el momento para solapar la presión interior y exterior con una clara intencionalidad política: desacreditar a los reformistas,
aplacar a la extrema derecha y congraciarse con el Ejército y la
Policía".
Efectivamente, el perdón no
llegó nunca. El 2 de marzo de 1974 lo mataron mediante garrote vil, uno
de los métodos más crueles para ejecutar a un reo. Unas horas antes, un
preso polaco llamado Heinz Chez era agarrotado en la prisión de
Tarragona, en una estrategia poco sutil para intentar desviar la
connotación política de la ejecución de Antich. A ojos del historiador Gutmaro Gómez Bravo, el momento en que se dictó, la falta de pruebas y el instrumento que le dio muerte son signos claros de que su condena fue "una venganza". El garrote vil no desapareció del Código Penal hasta bien entrada la democracia, en 1983.
¿Cómo se desarrolló la crisis?
El caso del joven
anarquista catalán es un ejemplo del sistema judicial corrupto propio de
los sistemas dictatoriales. Las irregularidades en la investigación y
el juicio se acumulan por decenas y han sido objeto de reclamaciones
hasta la actualidad. Gómez Bravo comenta algunas de ellas en una entrevista:
el tribunal rechazó las pruebas y los testigos de la defensa, no se
realizaron pruebas de balística para averiguar a quién pertenecían las
balas que mataron a Anguas, ni había consenso sobre el número de
disparos que recibió. "Se trató de un juicio con mínimas garantías", remata el historiador, "Puig Antich sufre indefensión. (...) Nadie en ese momento puede rebatirles a los militares nada".
No es una visión aislada.
En 2007 se intentó revisar el caso a petición de la familia y del médico
Joaquín Latorre, que vio el cadáver de Anguas y testificó que "presentaba al menos cinco orificios por impacto de bala" y no tres, como se indicaba en la autopsia, pero quedaron dos votos particulares a favor de la revisión que ratifican la vulneración de derechos que sufrió Antich.
Un artículo de Público rescata uno de ellos, el del magistrado José Luis Cabello:
"No fue practicada una prueba tan esencial como la pericial de
balística (...). Omisión tan extraña de una prueba tan esencial
respondía a un hecho para el que no encuentro explicación asumible".
También pone el foco sobre el rechazo de los testigos defensivos, y las
irregularidades sobre la autopsia de Anguas, que se realizó en la
comisaría en lugar de en la oficina forense.
En último lugar, Cabello resalta un dato inquietante. Alguien modificó el informe de la autopsia
con una máquina de escribir diferente para añadir la frase: "Los tres
disparos pueden corresponder al mismo tipo de proyectil". El magistrado
observa: "Después de haber quedado extendida la diligencia de autopsia,
se incorpora una opinión que no corresponde hacer a los médicos
forenses, y menos basándose en una observación meramente visual, y que
no tiene autor conocido".
A pesar de todo esto, el consejo militar lo declaró culpable de dos delitos de terrorismo;
uno por el mencionado atraco a un banco en el que resultó herido un
contable y otro "por la muerte de un funcionario público por razones
políticas".
Las respuestas
reprobatorias de la pena no se hicieron esperar. El 11 de enero de 1973,
tres días después de que se dictase sentencia, miembros del MIL lanzaron tres cócteles molotov contra el monumento a los caídos en la avenida Diagonal.
El 22 de febrero, el entonces presidente en funciones de la comisión
ejecutiva de la Comunidad Económica Europea, Christopher Soames, se
reunió con el portavoz europeo del Gobierno, Alberto Ullastres, para pedirle "clemencia" para Antich por razones "humanitarias". Según la escueta nota recogida por La Vanguardia,
"el señor Ullastres ha tenido ocasión de proporcionar al señor Soames
la información pertinente" sobre el caso. Desde luego, no le daría
esperanzas sobre la amnistía.
La petición desde Bruselas
se sumó a la del canciller alemán Willy Brandt y algunas voces más que,
no obstante, no fueron suficientes para evitar que Antich fuera
agarrotado la mañana del 2 de marzo de 1974, a los 26 años. De hecho, la
correspondencia del Gobierno Civil de Barcelona y los informes de la embajada estadounidense en Madrid los días 28 y 29 de febrero demuestran que Arias Navarro —por entonces presidente del Gobierno— "no se planteó siquiera la posibilidad del indulto".
¿Cómo se informó de ello?
Todo lo correspondiente con la investigación, el juicio y la condena del joven anarquista fue llevado con la mayor discreción posible por parte del Gobierno franquista. El coronel Carlos González de Pablos, dirigente del consejo militar que lo juzgó, determinó que la deliberación sería "en sesión secreta".
Se decretó el "cierre informativo" sobre el caso, que el Gobierno catalogó como "materia reservada".
Las noticias sobre Puig Antich estaban sometidas a una rigurosa
revisión que buscaba contrastar la visión de algunos medios
antifranquistas y de las voces internacionales que reclamaban justicia.
Se hablaba entonces de Antich como "estudiante de mala conducta" y las pocas informaciones que surgieron al respecto eran escuetas y reafirmadoras de su culpabilidad. Los medios afines a la dictadura, como el católico Ya, deslegitimaban las informaciones que llegaban de fuera, tachándolas de "deformación".
Incluso estas informaciones incurrían en contradicciones constantes. Como ejemplo, dos noticias publicadas por La Vanguardia: en la primera, publicada con fecha 22 de febrero de 1974, se afirma que Anguas murió de camino al hospital por causa de tres disparos; en la segunda,
publicada un día después de la ejecución de Antich, se habla de una
muerte "en el acto" y después de recibir cuatro impactos de bala.
Además, la primera pieza relata una reconstrucción de los hechos que,
según los historiadores Carme Molinero, Pere Ysàs y José María Marín, no está probada “en modo alguno”.
Por otro lado, destaca la actividad antifranquista de la revista Cuadernos para el diálogo, que pidió "repetidamente" la abolición de la pena de muerte y la amnistía para Antich y se volcó después de su ejecución en la condena de los hechos.
¿Qué consecuencias tuvo?
El apoyo que le faltó al
joven anarquista para que le fuera otorgado el perdón llegó tras su
muerte. Las reacciones internacionales al último agarrotado del régimen,
que el diario ultracatólico Ya definió como una "confusión" y una "imagen deformada" de España, no se hicieron esperar. El 14 de marzo, el Parlamento Europeo condenaba "las repetidas violaciones por el Gobierno español de los derechos humanos y civiles básicos".
El asesinato de Antich puso
un nuevo clavo en el ataúd del franquismo; levantó debates candentes
entre aperturistas y falangistas, poniendo de manifiesto la insalvable
distancia entre las familias del régimen. Voces como la de José Antonio Girón Velasco,
exministro de Trabajo, se alzaron para defender el conservadurismo
franquista y atacar a la "prensa canallesca" —como la calificó Blas
Piñar—: "No hemos de consentir ni la frustración de ese Estado
[español], en vida de quien lo fundó y lo encarna, ni que ese Estado se
frustre cuando sea llamada a la tarea de continuar la obra alcanzada la
persona designada para la sucesión". La dictadura daba sus últimos
coletazos y, ante las respuestas negativas por el caso de Puig Antich,
el franquismo advertía: no iban a tolerar un cambio de régimen.
¿Qué aprendimos?
Han transcurrido 46 años desde el asesinato de Puig Antich a manos del Gobierno franquista, pero su familia nunca ha dejado de intentar que se hiciera justicia.
En 2006, el Supremo anunció que estudiaría el caso para una posible
revisión de los hechos, pero lo acabó rechazando meses después, a pesar
de la apabullante cantidad de pruebas y testigos presentados —entre
ellas, las del médico Latorre, que afirmaba que Anguas había recibido
cinco balazos y al menos dos de ellos no pertenecían a Antich—.
Ante la falta de respuesta en tribunales nacionales, la familia Antich acudió a la justicia argentina,
donde se tramita una macrocausa sobre los crímenes de lesa humanidad
ocurridos en el franquismo. La hermana menor de Salvador, Merçona Puig
Antich, declaró ante la justicia argentina y pidió una orden
internacional de busca y captura para José Utrera Molina, quien fuera
ministro secretario general del Movimiento en los tiempos de la
ejecución de su hermano —y, curiosamente, suegro de Alberto Ruiz
Gallardón—.
Su ruego levantó voces
tanto a favor de la búsqueda de responsabilidades como en contra. Varios
dirigentes políticos, entre los que se encontraban Teresa Rodríguez,
Alfredo Díaz-Cardiel (ambos de Podemos) y Gabriel Rufián (ERC)
publicaron varios tuits sobre la implicación de Utrera Molina en el caso. Pocos días después, la familia del exministro, que había fallecido un año antes, presentó una demanda por "atentar contra su honor" en la que pedían una indemnización de 10.000 euros.
El juzgado número 50 de primera instancia de Madrid multó a Teresa Rodríguez con 5.000 euros por "vulnerar el derecho al honor"
del exdirigente franquista. La magistrada del caso desestimó la
acusación contra Rufián por concluir que solo se hacía eco de varias
noticias. La dirigente de Podemos se quejó de la condena en otro tuit,
en el que denuncia que la jueza no considere "asesinatos" las
ejecuciones franquistas.
La causa por la ejecución de Puig Antich está lejos de cerrarse. La ciudad de Barcelona tramitó en noviembre de 2018 una querella contra el militar que actuó como juez en el consejo que lo condenó, Carlos Rey González.
Esta acción legal se suma a las varias que ha presentado el
Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años para intentar que la
justicia actual dicte responsabilidades contra los magistrados
franquistas. Sin embargo, el Ministerio Público no admitió a trámite
la querella porque los derechos habían prescrito, ya que no se puede
aplicar un caso de lesa humanidad con carácter retroactivo.
Fuente → infolibre.es
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