
La decisión del todavía rey emérito, Juan Carlos de Borbón, de huir
de España tras las revelaciones sobre su comportamiento corrupto,
apoyada por su hijo Felipe VI y por un gran despliegue blanqueador de
los medios cortesanos, supone un gigantesco paso en el descrédito de la
monarquía española. Paso que debería ser el último y definitivo. Visto
desde quienes pretenden zanjar no solo el escándalo, sino las
actuaciones gravemente delictivas que se atribuyen al emérito, su huida
de España intenta ser una solución a la incómoda presencia de Juan
Carlos para el actual monarca. Sin embargo, cuando la fiscalía del
Tribunal Supremo está en plena investigación de sus manejos, la marcha
del Borbón emérito a la República Dominicana constituye para el común de
los ciudadanos la vulgar fuga de un delincuente, organizada en secreto
por su sucesor.
Todo el comunicado de la Casa Real es un monumento a la hipocresía y
un atentado al decoro y la dignidad que deben presidir el comportamiento
de un ex Jefe y de un Jefe de Estado en un país democrático. Juan
Carlos elude referirse a la naturaleza de los “acontecimientos” que han
generado “repercusión pública”: se trata de acusaciones de cohecho,
fraude fiscal y blanqueo de capitales. Y la vaga referencia del rey al
cumplimiento del ordenamiento jurídico no garantiza que su padre esté
dispuesto a afrontar en España y Suiza las investigaciones judiciales en
curso.
Entre los hechos que se investigan figuran el cobro de 100 millones
de dólares procedentes del rey de Arabia Saudí, se sospecha que como
pago por sus gestiones para la concesión de la construcción del AVE de
Medina a La Meca. Para cualquier servidor público, esa comisión
constituye un delito de cohecho. Y el uso de parte de ese dinero, traído
a España de forma opaca y sin declarar a Hacienda, constituye un delito
de fraude fiscal. Esas operaciones fueron realizadas con un testaferro
desde el propio palacio de la Zarzuela. Buena parte de esa suma
multimillonaria fue entregada a su amante, Corinna Larsen, a través de
fundaciones opacas creadas para cobrar el patrimonio ilícito. En una de
ellas, el actual rey de España figura como segundo beneficiario del
dinero. En otra, son las hijas del rey actual las beneficiarias. No
acaban aquí los actos que la Casa Real llama acontecimientos pasados de
la “vida privada” del emérito. El rey “ejemplar” recibió de la embajada
de Omán una vivienda de lujo en Londres valorada en 62 millones de
euros.
No cabe limitar las responsabilidades al antiguo rey. Sobre su
heredero, el actual monarca Felipe VI, recaen también las sospechas. Al
parecer, fue informado el 5 de marzo de 2019 de que su padre le había
designado segundo beneficiario de la Fundación Lucum, donde el emérito
tenía escondido parte de su patrimonio, y sin embargo no lo puso en
conocimiento de la opinión pública hasta un año después. Precisamente el
15 de marzo de este año, fecha en que el país entero estaba confinado,
ya que el estado de alarma se aprobó el día anterior. El rey eligió el
momento en que iba a pasar más inadvertido, y lo hizo obligado por las
informaciones que se publicaron en medios extranjeros.
Quienes tratan de justificar este escándalo, evitando subrayar la
indignidad de la decisión de la Casa Real y expresándose con eufemismos
sobre la corrupción y fuga del emérito, deben recordar que el apoyo
incondicional a una institución cada vez más desprestigiada y sin rumbo
puede tener consecuencias muy graves. La monarquía huele a pasado y a
podrido. Y el Gobierno, tras haber pactado en secreto la bochornosa fuga
del emérito, debería ahora emprender la iniciativa de promover un
referéndum para que los españoles decidan la forma de Estado que desean
otorgarse. Llegados a esta ominosa situación, es hora de que la línea
sucesoria decidida e impuesta por Franco sea sometida a una consulta
democrática. Basta de impunidad. Basta de blanquear la corrupción. Basta
de hipocresía y de sumisión. Los españoles tenemos derecho a votar si
queremos continuar con este viejo régimen o entrar por fin en la
modernidad y la igualdad real con la República.
Fuente → ctxt.es
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