Viaje a la fosa común
 

 Décadas de memoria yacen olvidadas mientras las cunetas tapan el rastro de miles de personas que fueron fusiladas. La mayoría de edad democrática parece no haber llegado aún.

Viaje a la fosa común
Laura Cruz 

Este viaje nunca concluye. Siempre será un puzzle incompleto porque, durante casi cuatro décadas de dictadura franquista, el silencio era una garantía de supervivencia. Un salvavidas envenenado. Hace años busqué en internet el nombre de mi bisabuelo, Eloy Díaz Ania, de quien no había oído hablar mucho en casa. Encontré un registro de la fosa común de Oviedo donde pude buscar entre las más de 1.300 almas documentadas hasta llegar al día y año en el que fue fusilado.

Fue en 1938, y hacía poco más de seis meses que había caído el Frente del Norte en la ofensiva de Asturias. Nunca supe por dónde empezar a buscar y todavía no sé cómo terminar de hacerlo. Meses después, el camino todavía aparece largo y lleno de incertidumbres.

“La exhumación es como una conversación que estaba pendiente”, dice Emilio Silva, uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). “Siempre que abrimos una fosa común se acerca gente mayor de la zona, que nos cuentan cosas, y familiares de las víctimas”, añade. Calculan que hay unas 114.000 fosas en España, “pero nunca vamos a saber la cifra real”.

Comentando el asunto de la búsqueda con un amigo historiador, me dio la mejor de las pistas para conocer los últimos meses de mi bisabuelo Eloy: el Centro de Documentación de la Memoria Histórica, que tiene un gran fondo de archivos a disposición de quienes los soliciten.

Así supe que estaba afiliado al Partido Comunista, que fue miliciano y había llegado a ser teniente del Frente Popular. Desde el centro me enviaron —fue el trámite más sencillo y rápido— mucha documentación, y sentí que una pequeña grieta se cerraba. Aunque yo sé que en realidad mi bisabuelo era un trabajador de la mina de Turón cuya vida solo llegó a alcanzar diez años más que la mía actualmente.


Tengo 32 años y la memoria histórica no ha formado parte del temario que estudié en Historia de España, ni siquiera en la universidad, donde incluso tuve una profesora que bajo el amparo de la libertad de cátedra defendía abiertamente la dictadura franquista. La historia viva siempre está sujeta a interpretaciones que hacen que vague por una senda de subjetividades relativamente amplia. 
 
La ley de memoria histórica de 2007 no tipifica como delito la apología de la dictadura ni siquiera en el entorno educativo, cosa que otros países, como Alemania, sí penan 

“Es curioso que se le haya dado la vuelta a ese concepto —explica Silva—, porque la libertad de cátedra se utilizaba mucho en España durante la II República para huir del dogma católico en la enseñanza”. La ley de memoria histórica de 2007 no tipifica como delito la apología de la dictadura ni siquiera en el entorno educativo, algo que en otros países, como Alemania, sí está penado.

“No hay nada que te obligue, en el currículo académico, a dar la asignatura de forma cronológica, aunque la mayoría del profesorado prefiere hacerlo así”, relata David Cacho, profesor de historia de España. El sistema educativo acerca un poco la Guerra Civil y el Franquismo en cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y lo aborda más profundamente en segundo de bachiller, aunque suele ser de los últimos temas, junto con la Transición. “Un día, en clase, una alumna que era muy buena estudiante, al oír el concepto de presos políticos del franquismo, los comparó con otros presos actuales”, narra el docente. “Sin entrar en si son o no presos políticos, me di cuenta de que tenía realmente muy poca noción de la brutalidad que se vivió en la época de Franco con encarcelamientos, torturas y fusilamientos”. 
 
“Llama la atención que se rinda homenaje estatal a los republicanos desde los gobiernos extranjeros y aquí estén olvidados por las instituciones”, recalca Silva

La memoria histórica es todavía una asignatura pendiente en España. Uno de los museos más conocidos de Berlín es el museo de la resistencia contra el nazismo y cada 20 de julio Angela Merkel homenajea a quienes intentaron derrocar a Adolf Hitler en la Operación Valquiria. No es ningún tabú hablar del Holocausto en Alemania y la televisión pública emite frecuentemente documentales sobre la época nazi. “Llama la atención que se rinda homenaje estatal a los republicanos desde los gobiernos extranjeros y aquí estén olvidados por las instituciones”, recalca Silva.

Sobre si la futura ley de memoria histórica que prepara el gobierno será mejor que la de 2007 de Zapatero, Silva muestra reticencias ya que, explica, deja en manos de los ayuntamientos las ayudas: “Si tu familiar procede de un ayuntamiento que no quiere colaborar, te tocaría iniciar una bronca política para lo que debería ser considerado un derecho”.


En la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica defienden que no es imprescindible que haya una ley para que se puedan cerrar heridas. “El gobierno vasco es el que más ha hecho por el tema de las exhumaciones y ni siquiera tienen una ley para ello —ejemplifica Silva—. Es ahora cuando se lo están planteando”. Por eso sostiene que basta con voluntad política, “lo que nunca ha habido desde el gobierno central”. La crítica que le hacen a la exhumación de Franco es que se saquen sus restos de un lugar público para enterrarlos en otro lugar también público: “Incluso este 18 de julio se ha autorizado a asociaciones fascistas para que hagan un acto allí”, añade.

Cuesta imaginar que existiese ahora una fundación Adolf Hitler, calles honrando al Führer y estatuas públicas de él o su cúpula de gobierno. Incluso el Mein Kampf se ha reeditado en una edición histórica comentada, ya que de la original se habían impedido nuevas ediciones desde 1945. “En España no hay ningún problema si se hace alguna actividad educativa para concienciar sobre el Holocausto, pero no se quiere abordar como una cuestión de vulneración de los derechos humanos la situación en la que se encuentran decenas de miles de familias, buscando a sus desaparecidos”, recuerda Cacho.

 “En España no se quiere abordar como una cuestión de vulneración de los derechos humanos la situación en la que se encuentran decenas de miles de familias, buscando a sus desaparecidos”

En la Transición se hizo desaparecer muchos documentos imprescindibles para poder reconstruir la historia. “También hubo incautación de documentos para realizar tareas de contrapropaganda e información ligadas a elementos disidentes del régimen franquista, así que no tenemos los documentos de todos los que estaban afiliados al PCE”, añaden desde el archivo histórico del Partido Comunista de España.

El lenguaje también fue retocado cuando se hablaba de fusilamientos, tal y como introduce Silva. “Se utilizaba la palabra ‘paseados’, como si hubiesen ido a dar una vuelta, mientras que desaparecido es una categoría penal”. Por eso hoy, defiende, sigue siendo importante el trabajo educativo. Cacho habla en clase de grupos violentos durante la Transición, “pero no solo les hablo de ETA, sino también de los grupos de extrema derecha”.


El enfoque de la profesora o profesor es imprescindible para que los estudiantes quieran saber más del tema, también en la universidad, donde Pablo Martínez ha sido docente durante varios cursos. “Llegan con un conocimiento muy limitado y  lleno de tópicos, así que resuelven la cuestión haciendo una distinción entre buenos y malos según su propia ideología”. El profesor universitario piensa que las fosas no deberían convertirse en motivo de disputa política: “Existen fosas también de los vencedores y están identificadas. Hay un agravio comparativo muy importante”.

Cuando inicié este viaje de búsqueda y reconstrucción nunca pretendí hacer una lectura equidistante de lo que ocurrió, ya que los hechos fueron políticos en sí mismos. No es objeto prácticamente de discusión histórica que en julio de 1936 hubo un golpe de Estado contra un sistema democrático salido de las urnas. Está documentado que miles de personas pagaron con su vida la defensa de la democracia. Y para que se abran fosas comunes, explica Silva, han de solicitarlo varias familias antes de que la Asociación se ponga a pedir los permisos. 
 
Para Emilio Silva la principal causa es que “hubo 25 años de silencio sobre este tema en las instituciones públicas

Me parecía urgente escribir este texto. Ya ha pasado mucho tiempo y mi ‘güelu’ Kiko, hijo de Eloy, ha muerto hace años. No tenía referencias apenas de gente que hubiese vivido parte de esta historia. Solo algunos datos que mi tía Aurora tiene guardados en su memoria, de retales que le contó mi abuela Milagros, porque Kiko tenía demasiado dolor en sus recuerdos de niñez para narrar cómo le arrebataron a su padre. Queda poca memoria viva de aquellos días entre las miles de familias con desaparecidos.


Para Emilio Silva la principal causa es que el silencio que, durante 25 años, se cernió en las instituciones públicas: “Hemos tenido que recurrir incluso a la justicia internacional, como con la querella argentina. Y sin ayudas del Estado”. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica consideran que existen mecanismos sencillos y rápidos para recuperar la memoria. “Bastaría con reunir al jefe de todos los forenses y a su equipo para encomendarles la búsqueda utilizando los recursos públicos disponibles”, concluye.


Fuente → elsaltodiario.com

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