Ocho meses después de que Patrimonio Nacional autorizara los trabajos, ocho familias exigen un proceso "urgente" para recuperar a sus seres queridos, enterrados en la mayor fosa común de España
"No podemos seguir esperando. No tenemos más tiempo": las familias piden por carta al Gobierno que reactive las exhumaciones en el Valle de los Caídos / Marta Borraz:
"Ni nosotros ni la democracia española podemos permitirnos
esperar un solo día más para que se repare mínimamente el daño. Ya lo
hemos aprendido en estos meses tan duros en los que hemos visto
desaparecer a personas que tanto sufrieron durante el franquismo". Casi
una decena de familiares de víctimas de la dictadura enterradas en el Valle de los Caídos
se han dirigido por carta al Gobierno para reclamar que el proceso de
exhumación de sus seres queridos se acelere y se cumpla por fin lo que
llevan esperando décadas. Tras un laberinto plagado de obstáculos,
Patrimonio Nacional autorizó el pasado noviembre
los trabajos para acceder a Cuelgamuros, pero nada han vuelto a saber:
"No podemos ni deseamos seguir esperando. No tenemos más tiempo",
esgrimen en la misiva dirigida el pasado 22 de junio a Félix Bolaños,
secretario general de la Presidencia del Gobierno.
Son ocho de las 31 familias de represaliados enterrados en la
mayor fosa común de España sin el consentimiento ni conocimiento de los
suyos, agrupadas en la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los
Republicanos del Valle de los Caídos. Todas cuentan con el aval de
Patrimonio Nacional, que tomó la decisión menos de un mes después de la exhumación de Franco,
pero temen que se siga alargando en el tiempo. Y, en definitiva, que
muchos de ellos, de más de 80 y 90 años, nunca lleguen a ver cómo sus
seres queridos salen del lugar que se construyó para honrar la dictadura
que les persiguió y asesinó. "Entienda que estemos muy preocupadas por
los familiares más mayores. Estamos cansados y hastiados por la
larguísima espera que solo prolonga innecesariamente nuestro
sufrimiento".
Una de las familias es la de Silvia Navarro, presidenta de la
asociación, que pelea junto a su madre para recuperar los restos de su
tío abuelo, José Antonio Marco Viedma, fusilado el 2 de septiembre de
1936 tras ser secuestrado en su casa por un grupo de agentes de policía,
falangistas y guardias civiles. "Es una vergüenza que gente de 86, 87 e
incluso 97 años siga a la espera de que les devuelvan a sus padres o
sus tíos porque el tiempo se agota. Entendemos las circunstancias
extraordinarias del coronavirus, pero deben acelerar el proceso. Ni
siquiera todas las familias tenemos todavía la autorización por escrito
de Patrimonio Nacional, que es algo que quizás se podría haber hecho en
estos meses", lamenta.
La mayor preocupación de las familias es que, más que una
paralización a raíz de la pandemia, "lo que realmente esté ocurriendo es
que no haya llegado a arrancar nada en el proceso", señalan en la carta
y, por eso, exigen una actuación "urgente, valiente y decidida". Por su
parte, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática rechazan que el procedimiento esté
paralizado y esgrimen que "se está ultimando" y que la fecha se les
comunicará a las familias. Recuerdan, además, que el Gobierno prepara
una ley de Memoria Histórica para mejorar y ampliar la vigente desde
2007 y que irá al Consejo de Ministros antes de que acabe el mes.
Miles de cadáveres en la mayor fosa común
El proceso de los trabajos que deben comenzar, sin embargo, no
es sencillo. Según estipuló Patrimonio Nacional, que tomó la decisión
tras un informe técnico favorable del CSIC, primero se determinará "la
viabilidad de la localización, identificación y recuperación de los
restos de las personas inhumadas", pues las condiciones en las que se
encuentran las fosas y el "caos" de enterramientos pueden complicar la
operación. Los operadores comenzarán por la Capilla del Santo Sepulcro
siguiendo por la Capilla del Santísimo y finalmente, por las capillas
laterales de la nave de la Basílica. La primera en abrirse será en la
que descansan los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en
1936 y cuya familia, que también firma la carta, cuenta con una sentencia judicial que autoriza su exhumación desde el año 2016.
El fallo arrojó esperanza para todas las familias, pero al mismo
tiempo inauguró un laberinto lleno de obstáculos que, hasta ahora, ha
impedido el cumplimiento de la sentencia. Como los Lapeña, otras tantas
familias -las autorizadas son 31, pero la cifra puede aumentar si así lo
solicitan, declaró en su momento Patrimonio Nacional- buscan sin
descanso a sus familiares enterrados en Cuelgamuros, adonde el traslado
de cuerpos sin permiso se efectuó desde fosas comunes y cementerios de
casi todos los puntos de España. En él están enterrados 33.815
cadáveres, 21.423 de ellos identificados, según el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia.
Otra de las firmantes de la misiva es Mercedes Abril, que ha
dedicado toda su vida a buscar y recuperar a su padre Rafael, a quien
vio por última vez cuando tenía tres años. El 17 de septiembre de 1936
varios agentes de la Guardia Civil entraron en su casa de Calatayud y se
lo llevaron por ser militante del PSOE. Tras ello, su madre recibió
cuatro cartas firmadas, pero no volvieron a saber nada de él. Nadie les
contó que tras el asesinato, su cuerpo había permanecido en una fosa
común para ser trasladado después al Valle de los Caídos. Ambas se
vieron obligadas a trasladarse a Valladolid, donde aún vive Mercedes y
adonde sueña con llevar a Rafael para ser enterrado junto a su madre.
La carta firmada por las ocho familias recuerda el compromiso
del presidente del Gobierno en la respuesta a otra misiva enviada por la
propia Mercedes: "No le quepa la menor duda de nuestro firme compromiso
de apoyarles en los procesos de recuperación de sus seres queridos
inhumados en la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos",
esgrimió Pedro Sánchez. Los firmantes reconocen la "predisposición" del
Ejecutivo a las exhumaciones "de nuestros padres y abuelos de tan
siniestro lugar y destino", pero apuntan a que, desde que Mercedes
recibió la respuesta, "ha pasado casi un año en el que niet@s e hij@s de
86 a 96 años, alguno gravemente enferm@, han sobrevivido incluso a las
circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia" y no se ha
procedido a iniciar las obras. Las familias siguen peleando así por un
acto que para muchas llega tarde debido a la avanzada edad de los
familiares más directos. Una lista a la que quieren dejar de sumar
esperas que ya nunca van a dejar de serlo.
Fuente → eldiario.es
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