Los republicanos se hacen fuertes en el Congreso Manuel Capilla.
Malos tiempos –cada vez peores– para la Monarquía en el
Parlamento. Cada vez que se han abierto las urnas en la última década,
se han multiplicado los diputados de los partidos abiertamente
republicanos, con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu a la cabeza, que
intentan fiscalizar la gestión de la Casa Real ante la oposición de
PSOE, PP y Vox. En el Gobierno, el debate se ha saldado con una
discrepancia pactada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Mientras los
socialistas apuestan por distanciar a Don Juan Carlos de Felipe VI, los
morados han aprendido a modular su enmienda a la totalidad de la
institución. Entienden que se trata de una cuestión generacional y que
su momento llegará. A corto plazo, prietas las filas con los socialistas
para llevar al Gobierno a agotar la legislatura.
“La jefatura del Estado no está en cuestión en este país”. Así
respondía la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al diputado de
EH Bildu, Jon Iñarritu, que le preguntaba si el Ejecutivo tiene
intención de promover un referéndum para elegir entre monarquía y
república. Fijaba así la vicepresidenta la posición socialista, que ha
apostado por tender un cortafuegos que separe las andanzas financieras
de Juan Carlos I de su hijo y sucesor al frente de la jefatura del
Estado.
Habrá que ver si será suficiente ese cortafuegos y si las
investigaciones abiertas en Suiza y por la fiscalía del Supremo aquí no
terminan alcanzando, en mayor o menor grado, a Felipe VI. Pero por ahora
parece que faltan elementos para saber si la Monarquía está o no en
cuestión, en un debate que, hoy por hoy, no tiene tanto que ver con la
forma de Estado como con la transparencia y la calidad democrática de
las instituciones y la igualdad de todos los españoles ante la ley,
reyes incluidos.
Hace ya cinco años que el CIS no pregunta sobre la Monarquía,
que desde 2011 venía suspendiendo en el examen ciudadano que recoge esa
encuesta. Otras firmas sí que han preguntado regularmente por la valoración del rey, como Sociométrica. Según los datos difundido por El Español,
en abril de 2020 fue la primera vez que Felipe VI suspendió en esos
sondeos. Eso sí, al margen de su valoración, la situación de la jefatura
del Estado no parece una prioridad para los españoles. Según el CIS de
julio, sólo el 0,5% de los españoles citaron a la monarquía como uno de
los principales problemas del país. He aquí una de las claves de la
posición adoptada por la cúpula socialista.
Aun así, parece que el máximo responsable del CIS, José Félix
Tezanos, se plantea hacer propósito de enmienda y recoger en su próximo
barómetro preguntas sobre la jefatura del Estado, como sucede
con las principales instituciones y agentes políticos y sociales. Así lo
expresa Tezanos en una carta remitida a varios medios de comunicación
-entre los que se encuentran Público, La Marea, El Salto y Ctxt–
que le solicitaban una encuesta monográfica sobre el asunto. Según han
desvelado algunos de estos medios, Tezanos se compromete a que, en el
barómetro a realizar en septiembre, “voy a intentar incluir algunas
preguntas que podrán proporcionarnos información rigurosa y contrastable
sobre la manera en que la opinión pública española valora y prioriza o
no esta cuestión en la actualidad”.
Las urnas se hacen republicanas
Pero al margen de sondeos y valoraciones, es evidente que las fuerzas
republicanas, abiertamente críticas con la Monarquía, se han reforzado
cada vez que se han abierto las urnas. En 2008, antes de los recortes
con los que se gestionó la Gran Recesión, los partidos republicanos
apenas reunían un puñado de diputados en el Congreso. En esos comicios,
ERC, IU y el BNG -la derecha nacionalista catalana, a través de CiU, era
todavía un sostén del statu quo- sumaban siete escaños. Once años
después, las formaciones dispuestas a escrutar al máximo a la jefatura
del Estado suman ya 67 diputados, casi el 20% de la Cámara, con Unidas
Podemos como fuerza mayoritaria.
En 2008, los partidos republicanos apenas reunían un puñado de diputados en el Congreso, siete escaños. Once años después, las formaciones dispuestas a escrutar al máximo a la jefatura del Estado suman ya 67 diputados, casi el 20% de la Cámara
Pero es el independentismo catalán y vasco, con ERC y EH Bildu a la
cabeza, quienes más activamente se están moviendo para protestar contra
las noticias que hemos ido conociendo acerca de los supuestos delitos
cometidos por Juan Carlos I y para fiscalizar la acción de la Casa Real.
A principios de año, estas fuerzas se desmarcaron de los actos de
inauguración de la legislatura y emitieron un comunicado en el que
denunciaban a la Monarquía como una figura “anacrónica”, “heredera del
franquismo”, que “no defiende valores democráticos” y que “se sustenta
en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes”.
Con esta pretensión “se niegan los derechos civiles, políticos y
nacionales” de los ciudadanos.
Desde una posición más discreta, el PNV se ha sumado a las
iniciativas que ha intentado abrir una comisión de investigación en el
Congreso sobre el rey emérito -ya son ocho las intentonas en los últimos
tiempos, todas frenadas por la oposición en la Mesa de PSOE, PP y Vox-.
La última, hace apenas un mes, tras conocerse las últimas noticias
sobre las supuestas comisiones que Juan Carlos I habría cobrado por la
construcción del AVE a La Meca.
El PNV, crítico, pero “respetuoso”
En contra de la posición de la Fiscalía del Supremo, que ha abierto
la puerta a investigarlo, los letrados del Congreso emitieron un informe
en el que interpretan que Don Juan Carlos, aunque ya no es jefe del
Estado, seguiría amparado por la inviolabilidad que le concede el
artículo 56 de la Constitución. PSOE, PP y Vox se ampararon en ese
informe para vetar la Comisión y los mismos grupos, sin el PNV, volvían a
solicitar la comisión esta misma semana. Esta vez, sin mencionar al
emérito, con la intención de investigar el papel de las empresas pública
españolas que participaron en esa licitación.
Y es que el PNV se ha movido para fiscalizar la institución, pero sin
poner en riesgo la estabilidad institucional. Y para muestra un botón:
hace pocos días, en las Juntas Generales de Vizcaya, su voto impidió que
se le retirara a Felipe VI el título de Señor de Vizcaya, como pedía
Unidas Podemos, para declararle persona non grata. Jon Andoni Atutxa explicó que “nosotros optamos por el respeto institucional, que no es adhesión, sino respeto”,
recordando también que “desde la restauración de las Juntas en 1979 no
se ha reconocido a nadie como Señor de Bizkaia. Ni ha jurado los fueros,
ni nada. No hay Señor. Ni lo es, ni lo va a ser”.
Lo que sí han liderado los nacionalistas vascos es impulsar la
reforma de la Ley de Secretos Oficiales para acelerar la
desclasificación de documentos, una iniciativa que ya ha recibido el
apoyo de la Cámara dos veces desde 2016, cuando su portavoz, Aitor
Esteban, lo defendió por primera vez, pero que ha sufrido todo tipo de
obstaculización por parte de los grupos mayoritarios. Un texto que, si
termina saliendo adelante finalmente, permitiría conocer todos los
papeles en manos del Estado relativos a la Transición y a los primeros
años de la restauración democrática. Permitiría dibujar mejor, por
ejemplo, uno de los mitos del juancarlismo: su papel en el 23-F.
El debate llega al Gobierno
El pasado miércoles, Pablo Iglesias escuchaba a Carmen Calvo decir
que la Monarquía “no está en cuestión”. Pocas horas después, durante su
intervención en un curso de verano de la Universidad Complutense, el
vicepresidente segundo advertía de que un “espíritu republicano […] se
va abriendo paso”. Iglesias dibujó, a largo plazo, “el horizonte
de España como una república plurinacional y solidaria”, aunque no es
“una tarea de legislatura”, sino que “es una tarea más grande, se va a ir abriendo paso poco a poco”.
El vicepresidente segundo ya esbozó su posición en el nuevo ciclo que
se abre en torno a la monarquía en el texto que difundió en redes
sociales hace algunos días, en el que subrayaba que “crece en la
sociedad española un debate sobre la utilidad de la monarquía” y al
mismo tiempo alababa a Pedro Sánchez “su valentía y su sentido de Estado” tras abrir el debate sobre la inviolabilidad del jefe del Estado en una entrevista con el diario.es e Infolibre.
En ella, el presidente subrayaba que “la Constitución española tiene
que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta
política de las sociedades”
Algunos días antes, en rueda de prensa junto al primer ministro
italiano, Giuseppe Conte, Sánchez había calificado de “inquietantes y
perturbadoras” las informaciones relativas al presunto fraude fiscal del
rey Juan Carlos y agradecía que “la propia Casa Real está marcando
distancias” con estas informaciones.
En cualquier caso, en Unidas Podemos no tienen ninguna intención de
meter en aprietos al Ejecutivo, e Iglesias lo dejaba claro en su carta,
manteniendo prietas las filas moradas: “A nadie se le escapa que la
actual correlación de fuerzas en la política española y los
procedimientos que fija nuestro ordenamiento jurídico hacen que un
debate de esta naturaleza difícilmente pueda traducirse en cambios a
corto plazo en nuestro sistema político”. Y subrayaba: “Unidas Podemos
está comprometido con la Ley aunque algunas leyes no nos gusten y
trabajemos para cambiarlas democráticamente”.
La posición de Iglesias llegaba después de que la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, o la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria
Elizo, demandaran un referéndum sobre el modelo de Estado. Después la
ministra de Igualdad, Irene Montero, señalaba que se “hace muy difícil
separar los casos, algunos presuntos y otros contrastados, de la familia
Borbón, de la institución de la que forman parte”. Por su parte, el
responsable de Consumo, Alberto Garzón, reprochó al PP que salga en
defensa de “todo lo que hace la Monarquía, aunque sea mal” porque cree
que así “protege España”.
En Unidas Podemos tienen claro que la cuestión monárquica es
una cuestión generacional y que con el paso de los años caerá por su
propio peso. Asumen que la corrección de los déficits
democráticos del Estado que demandan mayoritariamente los jóvenes
terminará llegando a la jefatura del Estado. Hasta que llegue ese
momento, y a corto plazo, toca ser críticos sin poner en peligro la
estabilidad del Gobierno ni la cohesión con los socialistas.
Fuente → elsiglodeuropa.es
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