¡Ley de Víctimas del Franquismo ya! Es urgente
Paco Gracia, responsable de memoria democrática de Podemos.
Esther López Barceló, responsable de memoria democrática de IU.
A Chato Galante, ferviente defensor de los Derechos Humanos que fue brutalmente torturado en la siniestra Dirección General de Seguridad del franquismo, se lo llevó el Coronavirus sin que pudiera ver cumplido su derecho legítimo a la justicia y reparación por estos hechos. Su torturador falleció por lo misma enfermedad, pero todavía con medallas al mérito en su pecho y en su cuenta bancaria, puesto que eran pensionadas. María Martín murió en 2014, a la edad de 83 años, sin haber podido recuperar los restos de su madre, Faustina López, asesinada en 1936 junto a otras 26 personas Sus huesos quedaron enterrados en una fosa común bajo una carretera construida durante la modélica Transición. Una triste metáfora de tantos otros crímenes que quedaron sepultados por el manto de impunidad que, camuflada como reconciliación, nos trajo una perversa interpretación de la Ley de amnistía.
Estos son solo dos ejemplos de los miles de personas que desde la restauración de la democracia no han visto satisfecha su necesidad de reparación legal y moral por los crímenes cometidos por el franquismo. No podemos permitir que esto siga sucediendo, no podemos permitir que haya personas que no sepan donde están enterrados sus familiares, no podemos permitir que los torturadores de demócratas queden impunes, hemos de hacerlo por las víctimas, pero también porque tenemos derecho a no vivir bajo la amnesia o la negación directa de nuestro pasado reciente.
Vivimos en un país que ha sido cimentado sobre miles de fosas comunes, sobre la tortura invisible a miles de demócratas, sobre la desaparición forzosa de miles de recién nacidos, sobre el trabajo esclavo de miles de presos políticos en campo de concentración y batallones de trabajadores. Vivimos en una auténtica anomalía democrática. Apenas hace un año presenciamos casi con asombro inocente que fuera posible extirpar a Franco de las entrañas del Valle de Cuelgamuros. Un siniestro lugar que sigue erigido como un colosal monumento a la infamia, construido sobre la sangre y la explotación de miles de presos políticos.
Estamos en 2020 y la ONU sigue reclamando que nos convirtamos en un Estado garante de la aplicación de los Derechos Humanos. Un crimen contra la Humanidad se perpetró de forma sistemática desde las corruptas instituciones de una dictadura que duró 40 años y ni una sola persona ha cumplido pena de un día por las atrocidades cometidas. Cientos de las empresas que siguen disfrutando de su fortuna creciente son herederas de las oligarquías que financiaron al Golpe de Estado fascista de 1936. Tampoco ninguna de esas empresas ha pedido perdón por ello. Si la Transición española fue en algo verdaderamente ejemplar, fue en perpetuar una impunidad que ha permitido que uno de los mayores torturadores de este país muriera en su cama con óptimos beneficios económicos en pago por los servicios prestados a la barbarie.
Siguen existiendo títulos nobiliarios vinculados a la dictadura y, lo que es peor, siguen crímenes sin resolver y cuerpos sin recuperar en fosas comunes en cunetas y cementerios de todo el país. Al mismo tiempo, permitimos que exista una Fundación que se dedica a ensalzar la figura del dictador y a blanquear sus crímenes. Si para algo es crucial la actual correlación de fuerzas histórica que gobierna el país, es para garantizar -tarde pero de forma definitiva- la verdad, la justicia y la reparación de un crimen de lesa Humanidad que lleva más de 40 años de democracia sin ser investigado.
Necesitamos museos y memoriales que cuenten lo que sucedió para que la repetición del pasado nunca más sea posible. Necesitamos organizar la planificación y exhumación de fosas comunes para dar descanso a familiares angustiados. Necesitamos justicia porque un crimen del pasado que nunca ha sido investigado, se convierte en un problema del presente. Necesitamos buscar a los bebés que arrancaron a miles de mujeres de sus brazos para garantizar a cualquiera su derecho a conocer sus orígenes. Necesitamos garantizar los Derechos Humanos en nuestro país para dejar de ser anomalía y pasar a ser ejemplo. Porque solo una vez que sean juzgados los crímenes, asumidas las responsabilidades y reparadas las víctimas, solo una vez que hayamos mirado a los ojos a nuestro pasado, solo en ese preciso momento seremos capaces de construir un futuro común. No dejemos nos ocurra como al Angelus Novus de Walter Benjamín y tengamos que mirar aterrados a nuestro pasado.
Es por todo ello que necesitamos de forma urgente una Ley de Víctimas del franquismo. Es ahora o nunca. No podemos llegar tarde eternamente. Hay que evitar que sigan desapareciendo víctimas sin reparación y que los torturadores lleven medallas colgando de su pecho. Hay que hacerlo por Chato, por María, por todas las víctimas, pero también por todas nosotras. Después de 40 años de represión y 40 años de impunidad, es hora ya de los Derechos Humanos.
Paco Gracia, responsable de memoria democrática de Podemos.
Esther López Barceló, responsable de memoria democrática de IU.
A Chato Galante, ferviente defensor de los Derechos Humanos que fue brutalmente torturado en la siniestra Dirección General de Seguridad del franquismo, se lo llevó el Coronavirus sin que pudiera ver cumplido su derecho legítimo a la justicia y reparación por estos hechos. Su torturador falleció por lo misma enfermedad, pero todavía con medallas al mérito en su pecho y en su cuenta bancaria, puesto que eran pensionadas. María Martín murió en 2014, a la edad de 83 años, sin haber podido recuperar los restos de su madre, Faustina López, asesinada en 1936 junto a otras 26 personas Sus huesos quedaron enterrados en una fosa común bajo una carretera construida durante la modélica Transición. Una triste metáfora de tantos otros crímenes que quedaron sepultados por el manto de impunidad que, camuflada como reconciliación, nos trajo una perversa interpretación de la Ley de amnistía.
Estos son solo dos ejemplos de los miles de personas que desde la restauración de la democracia no han visto satisfecha su necesidad de reparación legal y moral por los crímenes cometidos por el franquismo. No podemos permitir que esto siga sucediendo, no podemos permitir que haya personas que no sepan donde están enterrados sus familiares, no podemos permitir que los torturadores de demócratas queden impunes, hemos de hacerlo por las víctimas, pero también porque tenemos derecho a no vivir bajo la amnesia o la negación directa de nuestro pasado reciente.
Vivimos en un país que ha sido cimentado sobre miles de fosas comunes, sobre la tortura invisible a miles de demócratas, sobre la desaparición forzosa de miles de recién nacidos, sobre el trabajo esclavo de miles de presos políticos en campo de concentración y batallones de trabajadores. Vivimos en una auténtica anomalía democrática. Apenas hace un año presenciamos casi con asombro inocente que fuera posible extirpar a Franco de las entrañas del Valle de Cuelgamuros. Un siniestro lugar que sigue erigido como un colosal monumento a la infamia, construido sobre la sangre y la explotación de miles de presos políticos.
Estamos en 2020 y la ONU sigue reclamando que nos convirtamos en un Estado garante de la aplicación de los Derechos Humanos. Un crimen contra la Humanidad se perpetró de forma sistemática desde las corruptas instituciones de una dictadura que duró 40 años y ni una sola persona ha cumplido pena de un día por las atrocidades cometidas. Cientos de las empresas que siguen disfrutando de su fortuna creciente son herederas de las oligarquías que financiaron al Golpe de Estado fascista de 1936. Tampoco ninguna de esas empresas ha pedido perdón por ello. Si la Transición española fue en algo verdaderamente ejemplar, fue en perpetuar una impunidad que ha permitido que uno de los mayores torturadores de este país muriera en su cama con óptimos beneficios económicos en pago por los servicios prestados a la barbarie.
Siguen existiendo títulos nobiliarios vinculados a la dictadura y, lo que es peor, siguen crímenes sin resolver y cuerpos sin recuperar en fosas comunes en cunetas y cementerios de todo el país. Al mismo tiempo, permitimos que exista una Fundación que se dedica a ensalzar la figura del dictador y a blanquear sus crímenes. Si para algo es crucial la actual correlación de fuerzas histórica que gobierna el país, es para garantizar -tarde pero de forma definitiva- la verdad, la justicia y la reparación de un crimen de lesa Humanidad que lleva más de 40 años de democracia sin ser investigado.
Necesitamos museos y memoriales que cuenten lo que sucedió para que la repetición del pasado nunca más sea posible. Necesitamos organizar la planificación y exhumación de fosas comunes para dar descanso a familiares angustiados. Necesitamos justicia porque un crimen del pasado que nunca ha sido investigado, se convierte en un problema del presente. Necesitamos buscar a los bebés que arrancaron a miles de mujeres de sus brazos para garantizar a cualquiera su derecho a conocer sus orígenes. Necesitamos garantizar los Derechos Humanos en nuestro país para dejar de ser anomalía y pasar a ser ejemplo. Porque solo una vez que sean juzgados los crímenes, asumidas las responsabilidades y reparadas las víctimas, solo una vez que hayamos mirado a los ojos a nuestro pasado, solo en ese preciso momento seremos capaces de construir un futuro común. No dejemos nos ocurra como al Angelus Novus de Walter Benjamín y tengamos que mirar aterrados a nuestro pasado.
Es por todo ello que necesitamos de forma urgente una Ley de Víctimas del franquismo. Es ahora o nunca. No podemos llegar tarde eternamente. Hay que evitar que sigan desapareciendo víctimas sin reparación y que los torturadores lleven medallas colgando de su pecho. Hay que hacerlo por Chato, por María, por todas las víctimas, pero también por todas nosotras. Después de 40 años de represión y 40 años de impunidad, es hora ya de los Derechos Humanos.
Fuente → laultimahora.es
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