Entre los muchos aspectos en los que la democracia española tiene déficits se encuentra el de la Jefatura de Estado, un organismo clave que fue impuesto por el franquismo y sin dar posibilidad al pueblo de que tome la palabra
La Monarquía, como "vestigio" del franquismo, está afectada por la Ley de Memoria Histórica / José Antonio Gómez:
El 20 de noviembre de 2020 se cumplirán 45 años de la muerte
del dictador Francisco Franco. La democracia que nació tras la Transición aún
no ha podido quitarse una parte del legado que dejaron esos años oscuros en los
que se ofreció paz y una supuesta prosperidad a cambio del sometimiento
absoluto del pueblo al régimen. Todo ello, acompañado de la represión, las
torturas y los asesinatos que caracterizan a cualquier régimen dictatorial.
Uno de los vestigios vivos que dejó el franquismo fue que la
Jefatura del Estado estuviese ocupada por Juan Carlos de Borbón por obra y
gracia de Francisco Franco. El pueblo, tras la muerte del dictador, no tuvo
oportunidad de decidir sobre el régimen que quería para la nueva democracia que
nacía después de la destrucción del aparato legal franquista. Pasaron los años,
se votó una Constitución, llegaron partidos teóricamente republicanos al
gobierno y el pueblo sigue sin tener oportunidad de poder elegir a su Jefe de
Estado.
Para lograr ese blindaje, los Borbones han tenido siempre la
predisposición de los políticos de casi todo el orbe ideológico para
convertirse en los guardias de corps del Palacio de la Zarzuela. Tanto el
Partido Popular como los ultras de Vox han llegado, incluso, al ridículo
intelectual de afirmar que si se pone en cuestión la legitimidad de la Corona
se está poniendo en duda toda la Transición.
Sin embargo, es esa propia defensa cerrada de la Monarquía
la que está poniendo en peligro a la institución porque la están debilitando
desde un punto de vista de una legitimidad democrática que necesita del voto de
la ciudadanía para ser obtenida, como hacen el resto de representantes públicos
del país.
Por tanto, al ser la Monarquía una herencia, un vestigio y el
legado más importante del franquismo, entra dentro de los ámbitos de actuación
de la Ley de Memoria Histórica. Hay varios puntos dicha ley, y de la reforma que
se está estudiando en la actualidad, que se pueden aplicar a la institución que
actualmente ocupa la Jefatura del Estado sin haber sido elegida por el pueblo.
Juan Carlos de Borbón, por ejemplo, ocupó la Jefatura del
Estado antes de la muerte de Franco en dos ocasiones. La primera en julio
de 1974, cuando el dictador estuvo ingresado. En esa ocasión se ejecutaron
actos tan importantes como la renovación de los acuerdos de cooperación con
Estados Unidos. La segunda ocasión en que Juan Carlos de Borbón fue Jefe de
Estado ocurrió en octubre de 1975. A partir de ahí, los borbones no abandonaron
el cargo. Esos 20 días antes de la muerte del dictador a Juan Carlos de Borbón
le dio tiempo para entregar el Sáhara Occidental a Marruecos, en contra de las
propias leyes de la ONU, pero garantizándose el apoyo de Estados Unidos, tal y
como rebelaron los documentos desclasificados de la CIA.
Una vez muerto Franco, Juan Carlos de Borbón juró defender
las Leyes Fundamentales del Reino y los Principios que alumbraban al Movimiento
Nacional. Tras hacerlo los procuradores en Cortes gritaron ¡Viva Franco! y
¡Viva el Rey!
A esto hay que añadir que la Monarquía sigue vigente porque Juan
Carlos de Borbón es el heredero de Franco y accedió a la Jefatura del Estado
por la Ley de Sucesión de 1947, en la que se indicaba que el dictador
determinaría quién sería su sucesor. En España, la voluntad de Franco sigue
vigente en el tiempo y, por tanto, la Corona es un vestigio del franquismo como
lo es el callejero, el Valle de los Caídos o un monumento conmemorativo de los
«Caídos por Dios y por España» con sus yugos y sus flechas.
Por otro lado, Adolfo Suárez reconoció en una entrevista
cómo había manipulado las cosas en el referéndum para la reforma política de
diciembre de 1.976. En concreto, el expresidente dijo que «cuando la mayor
parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre
monarquía o república…, hacíamos encuestas y perdíamos». Para evitar dar la voz
al pueblo español incluyeron la palabra rey y monarquía en la Ley de Reforma
Política y así justificaron que ya se había hecho un referéndum, algo que, como
se ve, no fue así. En segundo término, para terminar de culminar la
manipulación, no dieron la oportunidad de que los y las ciudadanas españolas
pudieran elegir el modelo de Estado en el referéndum de 1.978 sobre la
Constitución. Esto fue un trágala en toda regla porque se metió en el paquete
de la Carta Magna también a la Monarquía.
Estas dos consultas son las que utilizan como argumento
quienes defienden a los Borbones y su permanencia en la Jefatura de Estado,
tanto en la derecha como en una parte importante de la socialdemocracia. Un
argumento que es falso porque en ningún momento el pueblo español ha tenido
la oportunidad de elegir libremente entre la permanencia del modelo monárquico
y la instauración de la República.
La única realidad es que la Monarquía fue impuesta de la
misma manera en que lo fue la Jefatura de Estado de Franco. Durante más de 40
años los Borbones no se han sometido al democrático ejercicio de escrutinio por
parte de la ciudadanía y, por tanto, su legitimidad democrática es casi nula
porque lo único que la salva es un artículo de la Constitución que lo que hace,
en realidad, es dar legalidad al hecho de que sea la genética y no la voluntad
popular la que decida quién es el más alto representante de todos los
ciudadanos.
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