Proyecto Faq La investigación al rey emérito y la crisis del régimen: abajo la monarquía corrupta, por la república socialista

martes, 14 de julio de 2020

La investigación al rey emérito y la crisis del régimen: abajo la monarquía corrupta, por la república socialista



 La podredumbre del régimen se está revelando de una manera tal que hace necesaria algún tipo de reacción por parte del aparato del Estado para salvar la Corona, aunque sea sacrificando (simbólicamente) a Juan Carlos de Borbón. Es la hora de levantar un movimiento de masas por la república para acabar con esta infamia.
 
La investigación al rey emérito y la crisis del régimen: abajo la monarquía corrupta, por la república socialista / Javier Cabrera:

Desde que la Fiscalía del Supremo anunció que estaba investigando a Juan Carlos de Borbón, se han ido conociendo nuevos detalles de la presunta corrupción del rey emérito. El goteo de informaciones sobre la sociedad Lucum, con sede en Panamá, su estructura y los movimientos de la cuenta que dicha entidad abrió en 2008 en la banca Mirabaud de Suiza (a nombre de Juan Carlos y con la dirección de Zarzuela) apuntan cada vez más al conjunto de la Familia Real y especialmente al rey actual. Ya en marzo se supo que Felipe de Borbón aparecía como beneficiario de la sociedad Lucum, circunstancia que el propio rey dijo conocer al menos desde 2019 (lo cual es muy improbable, como veremos después). La renuncia (simbólica) a la herencia paterna y otros aspavientos del jefe del Estado en estos meses no han conseguido despejar las sospechas sobre su relación con las actividades ilícitas de su padre. Los indicios más bien apuntan a lo contrario.

Entre 2008 y 2012, en lo peor de la crisis, el entonces jefe del Estado viajaba a Suiza cada mes para retirar de su cuenta en Mirabaud cantidades en torno a los 100.000 euros en efectivo, cantidades que no se declaraban a Hacienda, para gastos corrientes de la Familia Real. De toda la Familia Real. Mientras en nuestros barrios y pueblos el paro, los desahucios y los comedores sociales eran el pan de cada día, la familia Borbón se daba la gran vida con dinero negro de comisiones ilegales, al que hay que sumar el correspondiente a la generosa y nunca transparente asignación pública que pagamos todos. Para Felipe de Borbón y Grecia va a ser muy difícil convencer a nadie de que él no supo nada de este asunto hasta el año pasado.

El hecho es que el delito fiscal cometido presuntamente por el emérito en 2014 ya ha prescrito. Las investigaciones suiza y española parecen entorpecerse mutuamente. Suiza retuvo durante dos años la documentación sobre el delito fiscal y la envió a la Fiscalía del Supremo cuando dicho delito ya había prescrito. Asimismo, como recoge el diario Público: “En el caso de que la Fiscalía española inste un proceso penal contra Juan Carlos de Borbón, su letrado podría tratar de impedir su declaración en Suiza argumentando que tiene un litigio pendiente en España: serían hechos que estarían siendo investigados por el Tribunal Supremo, donde está aforado desde su abdicación”. Por otro lado, hoy mismo (13 de julio) se ha conocido que el fiscal Bertossa investiga otra transferencia de tres millones y medio de euros hecha desde la cuenta de Lucum en Mirabaud a otra cuenta en las Bahamas cuyo titular sería el presunto testaferro de Juan Carlos en Suiza, el abogado Dante Canónica.

A pesar de todas las dificultades y trabas, y de que es bastante posible que los procesos judiciales queden en nada, el mero hecho de que se investigue judicialmente al Borbón no tiene precedentes y es una muestra más del descrédito y la profunda crisis en que está sumida la Corona, viga maestra del régimen del 78. La podredumbre del régimen está alcanzando unos niveles tales que hacen necesaria algún tipo de reacción por parte del aparato del Estado para salvar la Corona, aunque sea sacrificando (simbólicamente) a Juan Carlos de Borbón.

La corrupción es consustancial al régimen borbónico. Muy renombrados fueron los entramados financieros y societarios de Isabel II y de Alfonso XIII, y sus intereses comunes con banqueros, industriales y esclavistas. En el caso de Juan Carlos I, su tan mentado papel de “embajador de España ante el mundo” se concretaba en su papel de intermediario para las grandes empresas españolas en sus contratos internacionales. Esta labor de mediación y “engrase” le ha permitido amasar una fortuna inmensa fortuna a base de comisiones, fortuna que la revista Forbes estima en unos 2.000 millones de euros.

Los primeros indicios sólidos de esta corrupción (y de la propia decadencia personal de Juan Carlos, tras el episodio de Botsuana) coincidieron con el mayor ciclo de movilizaciones y luchas de la historia reciente en el Estado español, que culminaron en 2014 con las Marchas de la Dignidad y con la irrupción de Podemos en las elecciones europeas del 25 de mayo. Fue este ambiente social y su cada vez mayor descrédito los que forzaron a Juan Carlos a abdicar pocos días después de aquellas elecciones. La abdicación buscaba, ya entonces, salvar a la Corona de la crisis que la amenazaba, coronando al joven y supuestamente limpio Felipe de Borbón y Grecia como nuevo rey de España. Lo cierto es que la sucesión no sólo no ha aminorado la crisis de la Corona, sino que la ha amplificado; tanto por el goteo de revelaciones sobre las actividades ilícitas del emérito como por la propia actuación política de Felipe VI.

En esta crisis se está viendo de nuevo que la Monarquía se mantiene en España fundamentalmente por el apoyo sin fisuras del PSOE y por pasividad de la izquierda republicana estatal (IU y Podemos). Unidos Podemos, Más País y los partidos nacionalistas solicitaron al Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre las actividades del emérito. A esta comisión se opusieron PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. Los letrados de la Cámara se pronunciaron en contra de la misma. En su informe, desfavorable, estos afirman que las actividades que debería investigar la comisión “se corresponden sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que Su Majestad Don Juan Carlos I era el jefe del Estado y traen causa del mismo hecho de la ocupación de dicha Jefatura por aquél”. De este modo, los letrados del Congreso admiten, seguramente sin pretenderlo, que los latrocinios del Borbón se produjeron a lo largo de todo su reinado y que estos son inherentes al cargo.

La fuerza de los nuevos indicios y la situación insostenible de la monarquía están forzando a la dirección de UP a dar un paso al frente para calmar los ánimos de su base social. La dirigente de Podemos Gloria Elizo ha declarado el día 9 de julio que Felipe VI debería abdicar y el gobierno convocar un referéndum sobre la república. Esto es sin duda un paso adelante con respecto a la pasividad de la dirección de UP en estos años. El problema es que dicho referéndum, para llevarse a cabo dentro de la legalidad del 78, necesitaría de una reforma constitucional para la que serían necesarios dos tercios de las cámaras para ser aprobada, tras lo cual el presidente del gobierno debería convocar elecciones. El propio Pablo Iglesias, en una publicación en sus redes sociales, se agarra a este blindaje institucional de la monarquía para eludir cualquier acción decisiva, yendo más allá:

“A nadie se le escapa que la actual correlación de fuerzas en la política española y los procedimientos que fija nuestro ordenamiento jurídico hacen que un debate de esta naturaleza difícilmente pueda traducirse en cambios a corto plazo en nuestro sistema político.” Pablo Iglesias, 10/7/2020 (énfasis nuestro).

Para los dirigentes reformistas, la correlación de fuerzas siempre es desfavorable. Es la consecuencia lógica de poner el foco en el terreno parlamentario e institucional, perdiendo de vista lo que ocurre en la calle. Lo cierto es que, como venimos avisando desde hace tiempo los marxistas, la cuestión de la monarquía y su corrupción puede convertirse en una grieta a través de la que se exprese todo el descontento acumulado en la sociedad, especialmente con la perspectiva de una recesión catastrófica por delante. La reciente gira del rey por varias ciudades del Estado es buena muestra de ello. En Valencia y en el barrio de las 3.000 Viviendas de Sevilla, los reyes fueron recibidos por cientos de personas con banderas republicanas, siendo muchas menos las que iban a aplaudir. En Sevilla, en un barrio especialmente castigado, muchas otras personas les gritaron “más trabajo y menos caridad”, la caridad que impulsa la Corona frente a las desigualdades mientras que hace ostentación de una riqueza proveniente del saqueo al pueblo y de actividades corruptas.

La monarquía está cada vez más cuestionada y deslegitimada en la calle. Las enormes movilizaciones que siguieron a la abdicación de Juan Carlos en 2014 son una muestra del gran potencial que hay para un movimiento republicano de masas ligado a un programa de clase y socialista. Fiar la lucha por la república a una aritmética parlamentaria imposible es dilapidar ese potencial y condenarse a la impotencia. En su lugar, los dirigentes de UP deberían apoyar las iniciativas republicanas que están surgiendo por todo el estado, como la plataforma para la convocatoria de una consulta popular sobre la monarquía, así como alentar movilizaciones de masas por la república. La crisis se está desarrollando a tal velocidad y con tal fuerza que estas movilizaciones se pueden dar pasando por encima de las actuales direcciones de la izquierda. Cada nuevo escándalo de Juan Carlos y cada nueva provocación de Felipe son un clavo más en el ataúd de la monarquía española y un paso más hacia la República federal y socialista.
 

Fuente → luchadeclases.org

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