La fosa de Pico Reja, entre la vergüenza y la esperanza
 
 Para los familiares de las víctimas de la Guerra Civil en la provincia de Sevilla, las exhumaciones de Pico Rejas son la última oportunidad para localizar sus restos
 
La fosa de Pico Reja, entre la vergüenza y la esperanza 
Eva Saiz

Joaquín León Trejo cogió su bicicleta a mediados de julio de 1936 y se fue desde Castilleja del Campo a Sevilla para defenderla de los golpistas. Era maestro republicano. Un exalumno falangista lo reconoció en el tranvía y lo denunció. El 22 de agosto, el mismo día que Queipo de Llano se hacía con el control total de la capital andaluza, fue fusilado por “extremista peligroso”. Su nieto, Joaquín León, lleva más de 80 años tratando de localizar sus restos. Tiene la esperanza de que yazgan entre el millar de cadáveres enterrados en la fosa de Pico Reja, la de mayor envergadura en la que se está trabajando en España. Un triángulo isósceles situado en un extremo del cementerio de San Fernando que, según los historiadores, podría albergar los restos de 1.103 personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura, pero que los primeros trabajos de campo proyectan a más de 15.000.

La fosa se abrió el 20 de enero de 2020, tras un intenso trabajo preparatorio que se remonta a 2017, cuando el Ayuntamiento hispalense abre la Oficina de la Memoria Histórica y en colaboración con asociaciones memorialistas se encarga a un equipo de historiadores las tareas de localización. En estos siete meses solo se ha excavado un 18% de los 672 metros cuadrados por los que se extiende el triángulo de Pico Reja, en el que se han localizado ya 950 cuerpos, de los que unos 167 tienen indicios claros de haber sido represaliados, y se han exhumado más de 820. “He estado en otras 70 fosas comunes vinculadas con la Guerra Civil y la gran diferencia de esta es su complejidad brutal”, explica Juan Manuel Guijo, director de intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que lidera los trabajos. Hay zonas de hasta cuatro metros de profundidad, en las que los cuerpos aparecen muy mezclados y es complicado distinguir cuándo fueron arrojados. “Si hubiera que vaciar la fosa entera, entendiendo por restos los encontrados en ataúdes, articulados en depósitos colectivos vinculados a la represión y restos de osarios fragmentados, podríamos encontrarnos con casi 15.000 o 16.000 personas”, asegura.

Una de las sorpresas con la que se han topado los investigadores es el hallazgo de restos de los años 40. “Son personas en posiciones inverosímiles que nos hacen pensar que provienen de presos fallecidos después de la guerra que se arrojaron allí”, explica Guijo. Hace un par de semanas localizaron los niveles del año 36, uno de los más cruentos de la represión en Sevilla. “Hemos encontrado signos de maltrato en las muertes, orificio de proyectiles, ataduras en las muñecas y fracturas”, describe el director de intervención.

Lo más duro no es trabajar con cadáveres o tratar de ordenar sus restos, sino hacerlo acompañado de los familiares que cada viernes se pasean bajo las carpas que resguardan del sol los huesos, en visitas coordinadas por el Ayuntamiento, para ver la evolución de las exhumaciones. “Las historias son desgarradoras, sufren muchísimo y es muy importante desarrollar empatía”, reconoce Guijo. Es el caso de Lourdes Farratell. Busca a su abuelo, Joaquín Farratell González, miembro del Partido Radical y fundador del periódico local Canela en Rama. “En mi casa había miedo porque a mi abuela le quemaron la vivienda y mis padres nunca hablaban. Yo sabía que él había desaparecido, pero nada más”, explica. Cuando el Ayuntamiento abrió la Oficina de Memoria Histórica es cuando supo por boca del historiador José María García Márquez que lo habían fusilado en San Juan de Aznalfarache. “Allí no hay fosa y si a Blas Infante lo enterraron aquí ¿por qué no va a estar mi abuelo?”, se pregunta.

La fotografía de Farratell cuelga junto a la de una veintena de imágenes de represaliados o desaparecidos en una de las tapias que parapetan la fosa de Pico Reja. Es un particular muro de la memoria que recuerda a los 21 trabajadores que operan en la excavación que los huesos que reposan ya ordenados entre el marrón arcilla de las excavaciones tenían un rostro. Para su identificación el Ayuntamiento lleva tomando muestras de ADN a las familias desde 2018, un proceso que la covid también ha ralentizado.

El proyecto ha costado 1,1 millones de euros que han sido sufragados por el Ayuntamiento, la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Gobierno, que este viernes, a través de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se comprometió a aportar 250.000 euros. “Está previsto que los trabajos se prolonguen durante tres años, pero nuestra intención es que esto sea irreversible y que no se paralice hasta que no estén todos los restos identificados”, indica Antonio Casimiro, miembro de la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, que espera que con la futura ley de Memoria Histórica se puedan acometer los trabajos en otras de las fosas comunes –hasta ocho– que yacen bajo el cementerio de San Fernando.

“No pierdo la esperanza, pero se me acaba el tiempo”, dice León con los ojos aguados por la edad, –”más de 80 años ″, dice– y la emoción. “Llevamos buscando todo este tiempo y sería bonito saber realmente dónde está”, zanja.
 

Fuente → elpais.com

banner distribuidora