La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica confía en que el Estado de Derecho y la nueva ley estatal saquen a Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena
Así se ha pronunciado el delegado de Sevilla de la Coordinadora, Juan Cruz, en la reunión de la junta directiva, celebrada esta semana en la sede de CCOO-Andalucía de forma semipresencial para cumplir con las medidas de seguridad sanitarias.
“Desde la Coordinadora exigimos la salida del genocida de la Basílica, a la vez que denunciamos que la Junta de Andalucía no ha hecho absolutamente nada en casi dos años y tiene paralizada conscientemente la orden de simbología, que es la que permitiría de forma inmediata abordar este asunto. Si fue posible con el Estado de Derecho sacar al dictador del Valle de los Caídos, tiene que ser posible, con el Estado de Derecho y con la Ley, sacar los restos de Queipo de Llano”, enfatizó.
“Esperamos que la nueva Ley de Memoria recoja claramente que no es posible rendir homenaje de ningún tipo a ningún responsable de la represión franquista, en ningún lugar ni espacio público, ya sea de titularidad pública o privada”. Así lo hemos puesto de manifiesto en las aportaciones realizadas por la Coordinadora a la nueva ley estatal de Memoria Histórica y Democrática en el período de exposición pública, y que toman como punto de partida la Ley andaluza vigente, que es además una de las más avanzadas del país.
El portavoz de la Coordinadora, Antonio Manuel Mateos, ha resaltado que las propuestas “recogen reivindicaciones históricas del movimiento memorialista y las víctimas, como la creación de un banco ADN, comisión de la verdad, un censo de víctimas, planes estatales de exhumaciones, o incluir la Memoria en los contenidos curriculares”. Así, además, se daría “respuesta a la recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Entre las aportaciones de la Coordinadora, ha recalcado la necesidad de que las “exhumaciones sean políticas de Estado, y no iniciativas privadas, para que la responsabilidad no recaiga sobre las entidades memorialistas”. “Esta ley debe facilitar y garantizar la investigación judicial de los crímenes producidos durante la represión y la dictadura franquista, que por ser crímenes de lesa humanidad no prescriben”, añadió.
En la citada reunión también se constató el nuevo recorte presupuestario a las políticas de Memoria por parte de la Junta y que asciende a casi medio millón de euros y perpetrado en plena pandemia. Mateos explicó por otro lado “el malestar de las entidades memorialistas con el Comisionado para la Concordia, “nombrado en plena pandemia, sin consenso ni diálogo”, y quien en la primera oportunidad de contacto -el Consejo Andaluz celebrado a finales de junio-, demostró “un desinterés absoluto por la víctimas y por las políticas de memoria, ausentándose al inicio de la reunión”.
Fuente → elobrero.es
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