- El dirigente comunista fue acusado de crímenes cometidos durante la
contienda en las checas de Barcelona y fusilado en 1963 tras un juicio
sin garantías
- La ejecución provocó protestas en todo el mundo y obligó a Fraga,
ministro de Información y Turismo, a desplegar toda una maquinaria
propagandística
- En agosto, infoLibre recorre las crisis que han marcado la historia reciente de nuestro país para tratar de entender la que estamos viviendo
Julián Grimau, el último muerto de la Guerra Civil que puso en jaque la imagen internacional del franquismo / :
El fusilamiento de Julián Grimau, dirigente comunista ajusticiado en 1963 tras un consejo de guerra sin garantías jurídicas,
supuso un escándalo para el régimen de Franco en un momento en el que
España ya había ingresado en los organismos internacionales y el país se
encontraba inmerso en un incipiente desarrollismo económico.
Considerado "el último muerto de la Guerra Civil", la ejecución de
Grimau desató protestas en todo el mundo y generó una crisis que el dictador trató de contener mediante la acción diplomática y la contrapropaganda.
¿Qué pasó?
"He conocido el crimen una mañana / Color tiene mi pena de sangre
humana / Sólo nubes y polvo lo presenciaron / Julián Grimau, hermano, te
asesinaron, te asesinaron". El crimen sobre el que cantaba Chicho Sánchez Ferlosio ocurría la madrugada del 20 de abril de 1963. En el campo de tiro de Carabanchel, en Madrid, un pelotón de soldados disparaba hasta 27 veces y acababa con la vida de Julián Grimau a los 52 años. Condenado por un consejo de guerra sumarísimo por un delito de rebelión militar continuada, fue el último ejecutado durante el franquismo por delitos cometidos durante la Guerra Civil.
Grimau, figura destacada del Partido Comunista, fue detenido en
noviembre de 1962. Tras un interrogatorio en la Dirección General de
Seguridad en que terminó siendo defenestrado (aunque sus torturadores
dirían que se había arrojado por la ventana en un intento de suicidio,
como ocurriría en el caso del estudiante Enrique Ruano), comenzó el proceso judicial, que fue una farsa: no hubo testigos y las declaraciones obtenidas se basaban en segundas versiones y en un libro de un abogado barcelonés que identificaba erróneamente a
Grimau. El fiscal —sobre el que más tarde se descubrió que nunca había
estudiado Derecho— solicitó pena de muerte por delitos cometidos durante
la Guerra Civil y 30 años de cárcel por alteración del orden público,
que incluía, entre otros, reuniones ilegales, reparto de octavillas e
incitación a la huelga.
Las reacciones internacionales se sucedieron tanto durante los cinco
meses en los que Grimau estuvo detenido como tras su ejecución,
suscitando manifestaciones dentro y fuera del país de dimensiones hasta
entonces nunca vistas. Pese a las protestas de alcance mundial y las
denuncias de intelectuales y figuras políticas varias, el Consejo de Ministros se negó a conceder el indulto al político comunista.
¿Cómo se desarrolló la crisis?
En 1961, Julián Grimau se instaló en Madrid como responsable de PCE en el interior. Según Jorge Semprún, alias Federico Sánchez,
el dirigente comunista no era todo lo prudente que la clandestinidad
exigía ser: pasaba demasiadas horas en la calle y no seguía el consejo
de desplazarse en taxi. Cuando miembros de la Brigada Político-Social
lo arrestaron, viajaba en un autobús madrileño y venía de reunirse con
Francisco Lara, un camarada del partido que debía proporcionarle papel
para hacer octavillas y que, más tarde, se supo que lo había delatado.
Fue acusado de crímenes cometidos durante la guerra en las checas de Barcelona, cuando era miembro de los servicios policiales de la República.
Desde el inicio de esta crisis, la imagen del régimen se vio
seriamente deteriorada. Un mes después de la detención de Grimau, el por
aquel entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, compareció en rueda de prensa para responder a las acusaciones del informe de la Comisión Internacional de Juristas
—que denunció la falta de independencia judicial y la ausencia de
derechos de defensa—, sobre el que Fraga aseguró que pretendía "atacar
nuestro Régimen en el terreno del Derecho con falsedades".
Sobre el fusilamiento de Grimau, Santiago Carrillo comentaría muchos años después en RNE:
"Yo creo que, en ese momento, lo que Franco quería era detener el
movimiento de masas, que había llegado a un nivel desconocido hasta ese
año". Así, la ejecución del dirigente comunista fue también una suerte
de castigo ejemplarizante, uno de los últimos coletazos
más violentos de un régimen que entraba en decadencia. El juicio de
Grimau, según las palabras de su abogado defensor Alejandro Rebollo, fue una "burla a la verdad” que “vulneró hasta las propias leyes ilegales del franquismo".
Hubo silencios atronadores, como los de Estados Unidos y el Vaticano,
pero las reacciones internacionales a la sentencia de muerte fueron
numerosas: pidieron clemencia para Grimau, entre otros, el secretario
del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Kruschev; el líder del Partido laborista británico, Harold Wilson; y el cardenal Montini, futuro Pablo VI,
por aquel entonces arzobispo de Milán. Su elección como papa dos meses
más tarde fue un duro golpe para el franquismo, cuyas relaciones con la
Santa Sede le habían proporcionado cierta legitimidad como dique de
contención a la expansión de las ideas comunistas.
La ejecución del político del PCE, pues, ahondó el abismo entre el franquismo y las democracias europeas y dio lugar a un proceso irreversible de deslegitimación internacional del franquismo.
Todo el asunto supuso un revés para un régimen que concebía la política
exterior como una batalla de propaganda, más aún en un contexto en el
que España tenía pretensiones de integrarse en la Comunidad Económica
Europea (CEE).
¿Cómo se informó de ello?
La oposición a la dictadura y la prensa de los países democráticas calificaron la muerte de Grimau de asesinato de Estado. Tras su ejecución, las protestas siguieron en todo el mundo: el 21 de abril de 1963, La Vanguardia informaba —bajo el titular de "Esperada reacción"— de manifestaciones en ciudades como Copenhague, Marsella, Tolouse, Estocolmo, Londres, Zurich y Quito,
donde explotó una bomba al lado de la Embajada española. En la misma
página, un artículo firmado por el periodista Tristán La Rosa aseguraba
que Grimau había sido condenado "por un tribunal competente" y
despreciaba "el intento comunista de convertir en mártires a oscuros
desgraciados".
Así, los medios afines a la dictadura respaldaron la sentencia y apoyaron el Gobierno ante lo que se definió como "una nueva campaña antiespañola en el extranjero".
El franquismo se defendió de las reacciones de indignación por la
muerte de Grimau poniendo en marcha su propia maquinaria diplomática y
de propaganda: el Ministerio de Información y Turismo proporcionó material para ser publicado en medios afines de todo el mundo, como el volumen ¿Crimen o castigo? Documentos inéditos sobre Julián Grimau García.
En esta línea, la misma Real Academia de la Historia recoge en la
entrada dedicada a Grimau que, tras su fusilamiento, se produjo por
parte de los responsables del ministerio que presidía Fraga Iribarne la instrumentación de toda la prensa y medios de información, "con la elaboración de falsos informes apócrifos, sin pie de imprenta, profusamente repartidos a periodistas extranjeros".
¿Qué consecuencias tuvo?
La repulsa de las democracias occidentales y los intereses por integrarse en la CEE llevarían al régimen a adoptar una estrategia más cuidadosa en lo concerniente al uso de la violencia,
con una represión menos ejemplarizante que evitara en lo posible nuevos
escándalos internacionales. Así, la ejecución de Grimau supuso también
una de las últimas ocasiones en las que la dictadura se apoyó de forma
predominante para defender su causa en la instrumentalización del
"terror rojo".
El fusilamiento del político comunista deterioró profundamente la
nueva imagen que el régimen trataba de ofrecer al mundo, y la ejecución
de los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granados mediante garrote
vil sólo cuatro meses después de la muerte de Grimau provocó una nueva
oleada de protestas, aunque de menor intensidad. Inevitablemente, estas
cuestiones fueron un lastre para las pretensiones españolas de sumarse a la CEE,
que siguió la doctrina Birkelbach: los países cuyo sistema
jurídico-político no se alineara exactamente con los niveles
democráticos de los seis miembros fundadores —Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos y Alemania Occidental— no podían pretender
adherirse al club.
La muerte de Grimau y otros casos de represión como los de Delgado y Granados generaron un caldo de cultivo idóneo para el auge del movimiento estudiantil,
que constituiría un gran desafío para el régimen, ya moribundo. En
febrero de 1965 se celebró la IV Asamblea Libre de Estudiantes, que
supuso un antes y un después para la lucha antifranquista en las
universidades. En marzo de ese mismo año, la asamblea organizó en el
centro de Madrid la mayor manifestación ilegal desde 1939.
Además de por el fusilamiento de Grimau, el año 1963 estuvo marcado
simbólicamente por la creación del Tribunal de Orden Público (TOP), el
organismo que sustituyó a la jurisdicción militar y que se encargaría de
juzgar y condenar a muchos estudiantes involucrados en la militancia
contraria a la dictadura.
¿Qué cambió?
El ajusticiamiento de Grimau acrecentó el déficit de legitimidad internacional
que la dictadura arrastraba desde el final de la II Guerra Mundial. Las
presiones internacionales cristalizarían en medidas de carácter
aperturista que permitieran ofrecer una imagen más amable de la
dictadura: en 1966, Fraga, como ministro de Información, aprobó la Ley de Prensa, que terminaba, en apariencia, con la censura previa —a pesar de que se mantenían las sanciones a posteriori—. Un año más tarde, se aprobó también la Ley Orgánica del Estado, por la cual se separaba la Jefatura de Gobierno de la de Estado,
aunque, en la práctica, Franco conservó ambas hasta 1973. A su vez, el
falangismo perdió peso específico dentro del régimen: su cercanía con
las corrientes fascistas que habían sido derrotadas en 1945 no favorecía
la imagen exterior española, por lo que el dictador redujo la cifra de
ministros de Falange.
Tras la muerte del dirigente comunista comenzó también la lucha de su viuda, Ángeles Campillo,
que libró una larga batalla jurídica para averiguar dónde había sido
enterrado su marido y reivindicar su memoria; en 1967, presentó un
recurso para revisar el juicio ante el Consejo Supremo de Justicia
Militar, pero no fue admitido a trámite. Un cuarto de siglo después del
fusilamiento, en 1988, volvió a presentar recurso contra la sentencia de muerte de Grimau ante la Sala Militar del Tribunal Supremo, pero, de nuevo, la sala denegó la revisión de la sentencia "por coherencia jurídica".
Con la consolidación de la democracia, se han sucedido iniciativas
parlamentarias para rehabilitar a Grimau: en 2006, el Senado debatió un
texto presentado por Izquierda Unida que tenía como objetivo "la
rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de don Julián
Grimau, víctima de la represión franquista". Fraga, que formó parte del Consejo de Ministros que le negó el indulto, y todo el Grupo Popular votaron en contra de la moción, aprobada con los votos de los demás.
El caso de Julián Grimau es uno de los muchos que demuestra la
difícil tarea que supone doblegar la resistencia de las instituciones
españolas a revisar el pasado y que no existe un consenso democrático
para la reparación de las víctimas: en materia de memoria histórica, queda mucho por hacer.
Los últimos versos que Chicho Sánchez Ferlosio dedicó al dirigente
comunista rezaban así: "Nacerá trigo joven entre besanas, / las razones
de nuevo tan pisoteadas, / pero a pesar de todo yo sé que un día / tú
estarás con nosotros como querías, como querías. / He conocido el crimen
una mañana".
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