Felipe VI tiene inmunidad y podría continuar con los testaferros, paraísos fiscales y supuestos negocios sucios de su padre

Felipe VI tiene inmunidad y podría continuar con los testaferros, paraísos fiscales y supuestos negocios sucios de su padre

El rey Felipe VI tiene inmunidad absoluta en España, tanto como su padre durante su reinado y es uno de los herederos de la fortuna, negocios, asociaciones, cuentas en paraísos, empresas fantasmas o lo que fuera legales o no, que deje su padre. Y ante la opacidad de las cuentas borbónicas, muchos suponen que hay un entorno de grandes fortunas españolas asociadas a la monarquía y se proveen y aprovechan de la monarquía en cuanto a beneficios y prebendas o blanqueos. Es más, hay quienes aducen que banca y seguros, empresas de energía, constructoras y una red de asociaciones, fundaciones serían el fuerte de casi toda la economía española que estarían bajo la influencia del monarca y sus negocios particulares, incluso en el uso mediático y el fuerte condicionamiento como poder "de facto" para interferir en la tendencia política y gobierno. El rey, siendo rey y jefe de estado, tiene inmunidad, pero también abraza con inmunidad a todos los que operan con él, su influencia y su entorno.

Es muy difícil creer que el actual monarca, desconozca absolutamente sobre estas cuestiones e incluso que desconozca la identidad del personal que de manera supuestamente poco clara maneja la fortuna de Juan Carlos I.

Una fortuna de estas características que podrían superar los 5mil millones de euros, no podría quedar expuesta a volatizarse o quedar a merced de cualquiera que pase por la esquina y aún más, considerando los supuestos de dinero escondido en paraísos fiscales, el uso de testaferros, acciones en empresas y banca o la complejidad de una ingeniería fiscal para evadir impuestos.

Por lo tanto, el actual Rey de España, Felipe VI no sólo que debe estar informado de todo ese patrimonio y posible trama si la hubiere como se sospecha, y obviamente debe saber muy bien sobre todo el personal de confianza tanto en España como en el extranjero que operan y operaban con su padre. Es beneficiario de la fortuna, provenga de buena o mala ley y nadie se cree que con un gesto de honestidad, Felipe VI ponga sobre la mesa todos los documentos de las finanzas, empresas, acciones y depósitos millonarios que ha gestado su padre, para limpiar las grandes dudas que se ciernen sobre la extraña y sospechosa fortuna de la monarquía.

En realidad el rey, debería estar sometido a una declaración jurada de bienes como todo buen ciudadano español, pues si no hay nada que esconder no hay nada por que temer. Además, si bien es cierto, nadie puede quitarle su futura herencia o fortuna, sería patriótico que sometiera, todo el entramado de negocios, asociaciones, dinero en paraísos o lo que sea se supone será su herencia, a una amnistía fiscal como medida excepcional para blanquear lo fuera necesario blanquear incluso su propia corona.

Ya no es suficiente, un simple discurso "no volverá a suceder", "la justicia es igual para todos", "he renunciado a la herencia de 100 millones" o un viaje de 40 días por España para limpiar la imagen o al menos para distraer un poco el escándalo que se cierne sobre Juan Carlos I.

Si bien Felipe VI no está salpicado por el caso Juan Carlos I, (al que sólo le pueden caberle juicio por hechos consumados desde su abdicación), Felipe VI será en el futuro quien regente la "mala fortuna" de la manera que le venga en ganas, mejor que su padre, peor o igual, quizás con la misma gente y con los mismos métodos de su padre sin que nadie pueda impedirlo ni siquiera sacudirlo ni inquietarlo ni molestarlo.

Además, cómo se puede compatibilizar la administración de tanta fortuna e intereses personales como se sospecha de Juan Carlos I, quien supuestamente hizo uso del Servicio de Inteligencia Español, Villarejo incluído y posiblemente Pujol con algún negocio, o embajadas y buró de abogados, entre otros para su propio beneficio y bolsillo y al mismo tiempo atender el ejercicio de la función de Jefe de Estado. Por estas razones y muy otras, muchos juristas opinan que se trata de una aberración de cualquier estado de derecho en las democracias adelantadas.
 

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