Es la hora de la movilización republicana

Es la hora de la movilización republicana
Investigación judicial y bloqueo político

La negativa de los principales dirigentes del PSOE a que las Cortes tomen en consideración la grave situación política arrastrada por los presuntos delitos políticos y económicos, continuados en el tiempo, que se le imputan al Rey emérito, impidiendo -por lo pronto- que se tomen las decisiones que democráticamente correspondan por los representantes elegidos por los pueblos, vuelve a llevar el conflicto político al terreno judicial. Mas cabe no abandonar el terreno político, acompañando la misma investigación judicial, mediante la movilización popular, articulando y fortaleciendo el movimiento republicano con las demandas democráticas que corresponda llevar adelante ante los diputados y senadores electos de las Cortes Generales, con resoluciones en los parlamentos nacionales y en los mismos ayuntamientos.

Damos conocimiento, por ello, de que la asociación cultural catalana vinculada al movimiento soberanista, ante la impunidad oficial del régimen político español, ha tramitado en paralelo una querella criminal como acusación popular ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo español, y, llevado ante el Consejo Federal Suizo un informe político jurídico, a tramitar la petición de bloqueo de fondos del emérito, alegando que hay “indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción”. Señalando que “es necesario terminar con la impunidad y el juego sucio con el que actúa la monarquía española y la anomalía que supone para cualquier democracia moderna”.

La querella criminal como acusación popular se ha presentado por los posibles delitos de negociación prohibida a funcionarios, cohecho pasivo, tráfico de influencias, fraude a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

El ahora querellado, que fue nombrado Rey de España por sucesión del dictador Franco a tenor de la Ley de Sucesión de 1947 y de la designación en 1969 como príncipe de España, jurando lealtad como Rey a las leyes fundamentales del Reino y a los principios del Movimiento Nacional en 1975, se mantuvo en la cúpula del poder hasta el año 2014, fecha en la que abdicó en favor de su hijo varón mediante un movimiento palaciego en el que participaron los máximos dirigentes tanto del PSOE como del PP, siendo por ello la situación legal hoy de Juan Carlos la de Rey emérito.

Se le denuncia por el aumento de su patrimonio personal, con supuestos negocios privados altamente lucrativos, aprovechando para ello la superioridad y singularidad que le confería su condición de jefe de Estado.

Se le relaciona con operaciones económicas de intermediación, tanto nacionales como internacionales, con resultado de suculentos pelotazos. Se señalan solo alguno de los más conocidos, que han sido secreto a voces durante años: como la estafa de la compraventa del Banco Zaragozano por el Barclays y la adjudicación de la construcción del AVE de la Meca en Arabía Saudí (por un importe de 6.300 millones de euros), realizada por un consorcio de empresas españolas encabezadas por el exministro franquista, presidente de OHL.

Han sido numerosas las operaciones fraudulentas de intermediación realizadas por el querellado con las monarquías sanguinarias de los petrodólares del Golfo Pérsico, ocultando en todos los casos descritos los capitales obtenidos, utilizando diferentes paraísos fiscales, sin haber declarado de su existencia a la administración española, ni a ninguna otra.
 
El mismo hijo del querellado ha reconocido explícitamente el pasado 15 de marzo ante Notario la existencia de fondos ilícitos en el patrimonio de su padre, manifestando su voluntad de renunciar a la herencia por no estar en consonancia con la legalidad. Retirándole por ello la asignación fijada en los presupuestos del Estado.

Desde entonces el emérito está oculto, parece ser en sus aposentos de la Zarzuela, con la consiguiente parálisis del gobierno y de la Casa Real, que no saben qué hacer con él; en tanto que su presencia con la actual familia real, en su condición de Rey emérito, contamina con sus supuestas corruptelas todo el sistema político e institucional.

Como señala la querella, no cabe duda la condición de autoridad o funcionario público del querellado, como la máxima institución constitucional, y por tanto sujeto activo de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, de delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales …

El antecedente de la sentencia del caso Noos puso ya de relieve cómo la jefatura del Estado puede ser utilizada como instrumento de enriquecimiento ilícito. Entonces de personas de la familia real, y ahora del mismo ex jefe de Estado en persona.

Día a día, los medios públicos españoles han comenzado a publicar capítulos de toda una serie interminable de pelotazos económicos realizados por el emérito (después de un largo silencio), que pueden alargar el procesamiento judicial; más aún cuando la investigación se lleva a cabo en diferentes países, habida cuenta de que solo puede haber un juicio y la prioridad del mismo la tiene la justicia española por tratarse de su exjefe de Estado.

La inviolabilidad que el gobierno del PSOE reclama en el terreno político para el jefe de Estado se traslada también en lo judicial al Tribunal Supremo, pero con una jurisprudencia contraria a la inviolabilidad absoluta: “En el sistema de monarquía parlamentaria de la Constitución del 78, el rey no puede actuar autónomamente y carece, en principio, de facultades propias de decisión, por lo que no puede producir, por su sola voluntad, actos políticos vinculantes”. Si todos los actos del Rey han de ser refrendados, y de todos los actos de enriquecimiento ilícito que se le acusa no hay refrendo alguno de ningún gobierno, no cabe obstáculo para que el Tribunal Supremo haga suya la causa tras la investigación de la fiscalía suiza, británica y española.

La Casa Real tiene la responsabilidad de informar de los viajes, contactos y reuniones que tuvieron lugar con autoridades de otros países, y qué empresarios y funcionarios españoles acompañaron al emérito en estas actividades ilícitas; así como poner a disposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo toda la documentación relativa a dichos asuntos y de las cuentas corrientes, fundaciones o empresas constituidas a fin de ocultar los pelotazos antes señalados.

La impunidad política y jurídica, que afecta en particular en el caso de España a las más altas autoridades del Estado, puede comenzar a romperse, después de más de cuarenta años de impunidad pactada por el consenso izquierda-derecha, y ello con las iniciativas que se puedan establecer a partir de la combinación de las acciones políticas y judiciales, por la soberanía popular de los pueblos contra la corrupción de Estado. El referéndum contra la corrupción monárquica, para que sean los pueblos los que decidan sobre su futuro, se constituye en exigencia democrática clave de las próximas acciones generales a llevar adelante. La movilización republicana debe poner a los trabajadores y pueblos de España, a la juventud, a la altura de sus compromisos históricos en la lucha contra la corrupción y para acabar con el clientelismo y el consiguiente despotismo político.


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