La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha
iniciado, en un ejercicio de coherencia política y democrática, los trámites
para la aprobación de una nueva Ley de Memoria Democrática que profundice y
mejore lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica de 2007 con el objetivo de
dignificar y reconocer definitivamente a las víctimas del franquismo.
La salud democrática de España se recuperó tras la salida de
los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ahora ha llegado el momento de
dar un paso adelante y, para ello, además de lo dispuesto en el primer proyecto
que ya tienen en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, se ha dispuesto una consulta a la ciudadanía para que los
ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren puedan hacer
llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el mismo, durante el
plazo de quince días naturales, hasta el día 11 de Julio de 2020, a través del buzón
de correo electrónico: consultaleymemoria@MPR.es.
La ley de Memoria Histórica de 2007, aunque al principio tuvo
un alto grado de cumplimiento, desde la llegada del PP al Gobierno en 2011
estas políticas dejaron de estar dotadas presupuestariamente y sufrieron una abrupta
interrupción en su implementación. Paralelamente, buena parte de las
comunidades autónomas han aprobado leyes propias en materia de memoria
histórica y democrática, y diversos informes de organismos internacionales en
materia de Derechos Humanos, aun valorando positivamente el significado y
avance que supuso la Ley de Memoria Histórica de 2007, han ido poniendo de
manifiesto algunos déficits y cuestiones pendientes en las medidas adoptadas
por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista.
Los objetivos de la norma, según ha publicado el Ministerio
en su página web, persigue, fundamentalmente, los siguientes objetivos:
- La recuperación, salvaguarda, conocimiento y difusión de la Memoria Democrática, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y españolas en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.
- El reconocimiento como víctimas de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil española y la Dictadura, promoviendo su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, con arreglo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
- Creación de instrumentos de colaboración y cooperación entre las administraciones territoriales para la articulación de la política de memoria democrática, así como de participación de la ciudadanía y del movimiento asociativo.
- Regulación, definición y
planificación de la políticas integrales de memoria democrática en aplicación
de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
- Asunción de la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y de la dictadura, planificación de actuaciones conforme a protocolos científicos y creación de un banco nacional de ADN.
- Protección de documentos referidos a la Guerra Civil y la subsiguiente represión política y derecho de acceso a dichos fondos documentales.
- Instrumentos de supervisión y tutela judicial e intervención del Ministerio Fiscal en materia de Memoria Democrática.
- Medidas de reparación de las víctimas.
- Garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos en el plano educativo, de la investigación y la divulgación.
- Declaración de lugares de memoria democrática, así como la retirada de símbolos y elementos de exaltación de la Guerra Civil y el franquismo.
- Medidas para supuestos de incumplimiento.
Dentro de la coherencia política, ideológica, ética y la
lealtad con los principios democráticos del Ministerio liderado por Carmen
Calvo, se valora como que es necesaria la aprobación de esta nueva Ley de Memoria
Democrática, ya que los principales organismos internacionales de derechos
humanos vienen requiriendo al Estado español dar prioridad a la investigación y
búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil Española y el franquismo.
Esta fue una de las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo de
Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su informe de
julio de 2014, pese a lo cual el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, en sus sesiones de 11 al 29 de septiembre de 2017 lamentaba «observar
pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas
posteriormente a su visita en septiembre de 2013» y alentaba a España «a seguir
trabajando para la cabal implementación de éstas, así como las recomendaciones
formuladas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas y por el Relator
Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición».
El Relator de la ONU se lamentaba de manera expresa que el
Estado español no hubiera asumido su papel de liderazgo para asegurar una
política de Estado que pusiera fin a dichas desapariciones forzadas como se
había recomendado en su informe de julio de 2014, que debía asumir como una obligación
de Estado abarcando la totalidad del territorio nacional y tomar un rol
activo en materia de exhumación y procesos de identificación de los restos,
para que ésta no dependieran exclusivamente de algunas comunidades autónomas,
así como de particulares o asociaciones privadas.
En ese sentido, el Relator reiteraba la urgencia acerca de «la
adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, así como su
disponibilidad para ofrecer la asistencia técnica necesaria, en aras a
garantizar que el mecanismo de búsqueda esté plenamente apegado a los
estándares internacionales vigentes en la materia».
En su Informe de 22 de julio de 2014, Pablo de
Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, realizó
un conjunto de recomendaciones específicas y pidió un compromiso decidido del
Estado por dar vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos de las
víctimas de la dictadura a la verdad, la justicia y la reparación, así como
evaluar rigurosamente la implementación de la Ley de Memoria Histórica e
incrementar y promover el contacto y la coordinación entre las diferentes
instituciones públicas de memoria histórica. En las mismas fechas, el
comisario de derechos de humanos del Consejo de Europa realizó asimismo
una serie de recomendaciones para que España y otros países europeos mejorasen
la búsqueda, identificación y acompañamiento a las familias de los
desaparecidos en conflictos, como la Guerra Civil o el franquismo.
Mientras en el actual Gobierno el pueblo asiste a cómo aumenta
el poder de elementos contrarios a la ideología progresista del Ejecutivo,
quienes representan los valores de la izquierda, desde cualquiera de los
estadios ideológicos, trabajan, cada cual en su departamento, para intentar aplicar
la justicia social que se sobreentiende que implementará un gobierno
progresista y, por supuesto, devolver la dignidad a quienes lucharon, sufrieron
las torturas o fueron asesinados durante la dictadura es un asunto pendiente
que una democracia como la española no puede permitirse seguir teniendo en el
debe.
Fuente → diario16.com
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