
Ahogado por las polémicas, por la crisis económica y otras tantas
controversias en 2014 Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo, Felipe
VI. Con un nuevo partido político entonces arrasando en las encuestas
como Podemos que rechazaba abiertamente la monarquía y con el índice de popularidad de 3,7 sobre 10
(la más baja de toda su Historia), el nuevo rey tenía por delante la
titánica tarea de restaurar el honor de una institución cada vez más en
duda por la sociedad española. En 2015, el CIS dejó de preguntar por la valoración de la monarquía hasta 2018, con el fin del gobierno de Mariano Rajoy (PP).
Los medios de comunicación y los partidos afines a la Corona (PP y PSOE) han tratado de presentar a Felipe VI
como una renovación de la Casa Real, como alguien preparado, serio y
con capacidad de unir a la sociedad española, además de alguien alejado
de la presunta corrupción de su padre. Esto se ha visto reflejado en
cierto aumento de la popularidad hasta 2018, donde diferentes fuentes le
otorgaban un 7,3 sobre 10, pero pronto volvió a caer hasta el 4,8 que ostenta actualmente.
A finales de mayo de 2019, Juan Carlos I comunicó oficialmente a
Felipe VI que se retiraba de la vida pública y que no participaría ya
más en actos oficiales. Ante la investigación de la Fiscalía suiza sobre
el presunto cobro fraudulento de comisiones, además del inicio de una
investigación por el Tribunal Supremo y la Fiscalía españoles, varios
periódicos afirmaron que el rey Juan Carlos habría decidido marcharse a vivir a una zona exclusiva de la República Dominicana, país con una legislación laxa en caso de petición de extradición.
Como parte de ese entramado que ha ido explotando especialmente en
los años siguientes a la crisis económica de 2008, la Casa Real podría
tener una implicación, directa o indirecta, según el caso. Aprovechando
la supuesta inviolabilidad que le otorga la Constitución Española, la Corona sería uno de los epicentros en los cuales se habría apoyado buena parte de la clase política y económica del país para lo de siempre: obtener favores y enriquecerse a costa del erario público.
Por supuesto, los grandes partidos, teniendo tanto que esconder, han
optado por rechazar las peticiones de investigación una y otra vez desde
2018, muy a pesar de que la figura del Rey ya puede ser investigada a
partir de que deja de serlo en 2014.
Ahogado por las polémicas, por la crisis económica y otras tantas
controversias en 2014 Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo, Felipe
VI. Con un nuevo partido político entonces arrasando en las encuestas
como Podemos que rechazaba abiertamente la monarquía y con el índice de popularidad de 3,7 sobre 10
(la más baja de toda su Historia), el nuevo rey tenía por delante la
titánica tarea de restaurar el honor de una institución cada vez más en
duda por la sociedad española. En 2015, el CIS dejó de preguntar por la valoración de la monarquía hasta 2018, con el fin del gobierno de Mariano Rajoy (PP).
Los medios de comunicación y los partidos afines a la Corona (PP y PSOE) han tratado de presentar a Felipe VI
como una renovación de la Casa Real, como alguien preparado, serio y
con capacidad de unir a la sociedad española, además de alguien alejado
de la presunta corrupción de su padre. Esto se ha visto reflejado en
cierto aumento de la popularidad hasta 2018, donde diferentes fuentes le
otorgaban un 7,3 sobre 10, pero pronto volvió a caer hasta el 4,8 que ostenta actualmente.
A finales de mayo de 2019, Juan Carlos I comunicó oficialmente a
Felipe VI que se retiraba de la vida pública y que no participaría ya
más en actos oficiales. Ante la investigación de la Fiscalía suiza sobre
el presunto cobro fraudulento de comisiones, además del inicio de una
investigación por el Tribunal Supremo y la Fiscalía españoles, varios
periódicos afirmaron que el rey Juan Carlos habría decidido marcharse a vivir a una zona exclusiva de la República Dominicana, país con una legislación laxa en caso de petición de extradición.
Como parte de ese entramado que ha ido explotando especialmente en
los años siguientes a la crisis económica de 2008, la Casa Real podría
tener una implicación, directa o indirecta, según el caso. Aprovechando
la supuesta inviolabilidad que le otorga la Constitución Española, la Corona sería uno de los epicentros en los cuales se habría apoyado buena parte de la clase política y económica del país para lo de siempre: obtener favores y enriquecerse a costa del erario público.
Por supuesto, los grandes partidos, teniendo tanto que esconder, han
optado por rechazar las peticiones de investigación una y otra vez desde
2018, muy a pesar de que la figura del Rey ya puede ser investigada a
partir de que deja de serlo en 2014.
Fuente → eulixe.com
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