La Fiscalía del Supremo indaga acerca del papel del anterior jefe del Estado en el contrato del AVE a La Meca.
La Fiscalía del Tribunal Supremo asume desde este lunes la investigación sobre el papel del rey Juan Carlos
en la adjudicación a un consorcio de empresas españolas de las obras de
la línea de alta velocidad que conecta las ciudades de La Meca y
Medina, en Arabia Saudí. El Ministerio Público aprecia indicios de
delito fiscal y blanqueo cometidos por el monarca tras aceptar
supuestamente una comisión de casi 100 millones de euros.
Según la hace dos semanas el Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, informó en un decreto a la Fiscal General del Estado, la exministra socialista de Justicia Dolores Delgado, de que la investigación de la causa denominada ‘AVE del desierto’ afectaba al exmonarca y que, por tanto, remitía la investigación al Supremo, el órgano competente debido al aforamiento de Juan Carlos I, quien ya no es inimputable por no ser el jefe del Estado.
La investigación, según la nota difundida este lunes por la Fiscalía, pretende “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución española reconoce al jefe del Estado”. Y para ello, alega el Ministerio Público, resulta preciso “la práctica de nuevas diligencias” que afectan directamente al monarca.
Según la hace dos semanas el Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, informó en un decreto a la Fiscal General del Estado, la exministra socialista de Justicia Dolores Delgado, de que la investigación de la causa denominada ‘AVE del desierto’ afectaba al exmonarca y que, por tanto, remitía la investigación al Supremo, el órgano competente debido al aforamiento de Juan Carlos I, quien ya no es inimputable por no ser el jefe del Estado.
La investigación, según la nota difundida este lunes por la Fiscalía, pretende “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución española reconoce al jefe del Estado”. Y para ello, alega el Ministerio Público, resulta preciso “la práctica de nuevas diligencias” que afectan directamente al monarca.
¿Por qué se investiga a Juan Carlos I?
El rey Juan Carlos está involucrado, supuestamente, en una trama de comisiones ilegales en la que él es uno de los beneficiarios. La investigación del caso, que ya se encuentra en los cajones de la Fiscalía del Supremo, se refiere a la segunda fase de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí.
El rey Juan Carlos está involucrado, supuestamente, en una trama de comisiones ilegales en la que él es uno de los beneficiarios
A principios de marzo el periódico Tribune de Genève
informó de que Juan Carlos I disponía en Suiza de 100 millones de
dólares en forma de comisión ilegal procedentes, supuestamente, del país
árabe. Según el diario ginebrino, entre 2008 y 2012, el rey emérito
depositó el montante de las comisiones en el Banco Mirabaud.
La Fiscalía del país helvético tiene acreditado que el pagador fue Abdulá —entonces rey del país árabe y hermano del actual monarca, Salmán bin Abdulaziz—, quien le dio el dinero en 2008 como recompensa por la construcción por parte de un consorcio de 12 empresas españolas de la línea de alta velocidad entre Medina y La Meca.
La Fiscalía del país helvético tiene acreditado que el pagador fue Abdulá —entonces rey del país árabe y hermano del actual monarca, Salmán bin Abdulaziz—, quien le dio el dinero en 2008 como recompensa por la construcción por parte de un consorcio de 12 empresas españolas de la línea de alta velocidad entre Medina y La Meca.
¿Cómo han trascendido las supuestas comisiones del rey?
El cobro de supuestas comisiones en esta obra trascendió en una grabación a la examiga del rey Juan Carlos, la aristócrata alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en la que hablaba sin tapujos del dinero que, supuestamente, ha recibido el monarca en forma de comisión ilegal.
Villarejo se reunió en Londres hace cinco años con Corinna zu Sayn-Wittgenstein y grabó la conversación
El
audio, que grabó el excomisario y exmiembro de la denominada ‘policía
patriótica’, José Manuel Villarejo, está incluido en una pieza separada
de la investigación de la Operación Tándem. Villarejo se reunió en
Londres hace cinco años con Corinna zu Sayn-Wittgenstein y grabó la
conversación en la que, además de las comisiones por el AVE, la
aristócrata menciona un terreno en Marruecos a su nombre, que también
atribuye al rey emérito, así como cuentas en Suiza manejadas por
supuestos testaferros a cargo del rey.
El instructor de la causa en la Audiencia Nacional, el juez Diego de Egea, envió a la Fiscalía, no obstante, la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del tren y, meses después, Anticorrupción abrió una investigación que llevó al fiscal Luis Pastor a interrogar a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en Londres, donde reside.
Cuando el juez archivó el caso en España, la Fiscalía de Suiza abrió hace dos años una investigación sobre una donación que recibió la examiga del rey desde una cuenta suiza vinculada a una fundación panameña. Corinna zu Sayn-Wittgenstein atribuyó esa donación a Juan Carlos I y, el pasado mes de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitó a la Fiscalía helvética datos sobre el caso.
¿Por qué ha tardado tanto en llegar la investigación al Supremo?
La aparición del audio de Villarejo dio pie a la apertura de una de las primeras piezas del caso que rodea al exomicomisario, conocida como Carol. No obstante, la Audiencia Nacional la cerró en 2018 a petición de la propia Fiscalía porque consideraba que los datos que aportaba la examiga del rey se referían a hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I, cuando el rey era inviolable.El instructor de la causa en la Audiencia Nacional, el juez Diego de Egea, envió a la Fiscalía, no obstante, la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del tren y, meses después, Anticorrupción abrió una investigación que llevó al fiscal Luis Pastor a interrogar a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en Londres, donde reside.
Cuando el juez archivó el caso en España, la Fiscalía de Suiza abrió hace dos años una investigación sobre una donación que recibió la examiga del rey desde una cuenta suiza vinculada a una fundación panameña. Corinna zu Sayn-Wittgenstein atribuyó esa donación a Juan Carlos I y, el pasado mes de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitó a la Fiscalía helvética datos sobre el caso.
Según El País,
la investigación archivada en España no se ha reabierto en sede
judicial, pero el paso que ha dado la Fiscalía este lunes es
determinante, puesto que el Ministerio Público cree necesario practicar
“nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito”.
¿Qué le puede pasar al rey?
La
clave para saber qué efectos puede provocar en el rey la investigación
está en saber si la Fiscalía encuentra delitos posteriores a la
abdicación del anterior jefe del Estado, porque no se le puede imputar
por los hechos cometidos mientras era el máximo representante del Estado
español.
Si la Fiscalía, una vez determinados los delitos de
blanqueo de capitales y fraude fiscal y considerdos probados, presenta
cargos contra el rey Juan Carlos, un tribunal le juzgará. La pena por
blanqueo de capitales contempla desde seis meses a seis años de prisión y
multa. Y el de fraude fiscal desde un año a seis de cárcel, en función
de la gravedad.
¿Quién va a defender a Juan Carlos I?
La
casa real informó el pasado 15 de marzo de que el rey emérito elegió
para “ejercer su derecho a la defensa” al abogado Javier Sánchez-Junco,
un antiguo fiscal anticorrupción conocido por encabezar la causa contra
Mario Conde en el caso Banesto en la década de los noventa. El letrado
es, desde entonces, quien procede “a dar cuenta públicamente de las
informaciones” que afecten a Juan Carlos I y “se consideren
procedentes”.
¿Cómo ha afectado a la casa real?
La casa
real aprovechó el ruido mediático del estado de alarma para anunciar la
noche del 15 de marzo, un día después de que entrara en vigor por la
crisis del coronavirus, que Juan Carlos I se quedaba sin asignación y
que su hijo, el rey Felipe, renunciaba a su herencia.
Al tomar
esa decisión, el Felipe VI reconoció, de alguna manera, el origen
cuestionable de la fortuna de su padre y sobre el que algunos partidos
reclaman una investigación en el Congreso que la Cámara ha rechazado en
dos ocasiones.
Fuente → huffingtonpost.es
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