La Delegación del Gobierno en Aragón ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Calatayud –como antes hicieran el Gobierno aragonés, la secretaria general del Consistorio y el Chusticia– señalando que deben retirar a Franco la medalla de oro de la ciudad. La justificación reiterada por el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda (PP), para negarse a hacerlo es que la medalla tiene carácter vitalicio y queda sin efecto con la muerte del dictador. El argumento ha sido desmontado en multitud de ocasiones, pero no ha servido de nada.
¿Se dignará por fin el PP a retirar a Franco la medalla de oro de Calatayud? Ahora se lo exige la Delegación del Gobierno /
El Gobierno de Aragón, la secretaria general del
Ayuntamiento de Calatayud, el Chusticia d'Aragón y ahora, también, la
Delegación del Gobierno en Aragón. Cuatro escritos que, con una base
legislativa absolutamente sólida y evidente, le piden al Gobierno
municipal que retire a Franco la medalla de oro de la ciudad, concedida el 26 de diciembre de 1951.
Textos que desmoronan la cerrazón argumental del PP bilbilitano.
Misivas que no deberían haber sido necesarias, si se hubiera tenido un
mínimo interés por cumplir la ley. La justificación repetida del
alcalde, José Manuel Aranda (PP), es que la medalla tiene carácter
vitalicio y su concesión queda sin efecto por la muerte del dictador.
El último escrito que desmonta este argumento lo rubrica el
secretario general de la Delegación del Gobierno en Aragón, Luis Roldán.
En él, se refiere al artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (Ley de Memoria Histórica),
que dice: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la
Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas
podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.
Ni siquiera le hace falta mencionar la Ley 14/2018 de memoria democrática de Aragón,
que exige a las administraciones la retirada de todos los elementos
contrarios a la memoria democrática, ya sean escudos, insignias, placas u
otros objetos o menciones conmemorativas.
¿Entendemos que Santiago Ramón y Cajal no es Premio Nobel por haber fallecido?
Responde directamente el escrito a José Manuel Aranda: “No se
comparte el argumento utilizado por el Ayuntamiento bilbilitano de que
el tratarse de una condecoración vitalicia no es necesario un Acuerdo
expreso de retirada. La consideración de que una medalla o cualquier
otro tipo de honor concedido a una persona es vitalicia no tiene más
efecto que el de entender que no está sujeta a ningún tipo de renovación
o prórroga, siendo permanente en el tiempo y únicamente su retirada con
un acto expreso le pude privar a la persona concreta de la
consideración otorgada, independientemente de que esté vivo o haya
fallecido”.
Y pone un ejemplo: “Prueba de ello es que determinados galardones se
entregan a personas que ya han fallecido (por ejemplo, muchas
condecoraciones militares) Además, de seguirse el criterio municipal
tendríamos que llegar a la conclusión, por poner un ejemplo ilustrativo,
de que D. Santiago Ramón y Cajal no es Premio Nobel de Medicina, pues
el ilustre neurólogo de Petilla de Aragón falleció en 1934”.
También da una base jurídica: “Avala esta interpretación diversas
resoluciones jurisdiccionales. La Sentencia del juzgado de lo
contencioso-administrativo número 5 de València, de 31 de julio de 2012,
dice: "Por lo antes dicho, procede estimar el recurso
contencioso-administrativo, y anular el Acuerdo adoptado (…) por el que
se denegó la retirada del título de Alcalde honorario de la ciudad de
Valencia al General Francisco Franco, sin que a ello obste el hecho de
que la personalidad civil de quien recibió tal título se extinguiera con
su muerte, por cuanto que, como bien es sabido, los títulos honoríficos
también vienen concediéndose por las Administraciones Públicas a
personas ya fallecidas”.
Menciona otras dos sentencias que se expresan en la misma línea: la
del juzgado contencioso-administrativo número 1 de Guadalajara, de 14 se
septiembre de 2011, y la del juzgado número 1 de Burgos, de septiembre
de 2019.
“El pasado, pasado está”
Con esta nueva constatación de la irregularidad, el Grupo Municipal
Socialista de Calatayud ya ha presentado, para su debate en la próxima
Comisión de Cultura, una propuesta con el objetivo de dejar sin efecto
el acuerdo del Pleno por el que, en 1951, se concedió al dictador la
medalla de oro de Calatayud.
Antes tuvieron lugar otras intentonas. Todas fracasaron. La primera
fue en 2009, cuando Víctor Ruiz (PSOE) era alcalde de Calatayud. En esa
ocasión solicitó la retirada de la medalla y la propuesta no salió
adelante por la abstención de siete de los nueve concejales del PP y dos
de los cuatro del PAR. A favor votaron PSOE, CHA y los que rompieron la
disciplina de voto entre populares y aragonesistas.
Volvió a la carga en 2013, ya con Aranda al frente del Consistorio,
y, de nuevo, el voto en contra de la docena de ediles populares dio al
traste con su proposición.
A la tercera no fue la vencida:
en el Pleno municipal del 28 de octubre de 2015, el exalcalde
socialista cambió de táctica: no sólo exigió la retirada de la medalla,
sino que pidió que se iniciaran los trámites para dejar sin efecto el
Pleno del Ayuntamiento en el que se otorgó dicha distinción. Con los
votos en contra de PP y PAR (y la abstención de Ciudadanos) la tentativa
volvió a fracasar. Sólo PSOE, CHA y Aragón Sí Puede votaron a favor.
La última, durante la Comisión de Cultura del pasado 10 de marzo, fue
desestimada con los tres votos en contra del PP, la abstención del PAR y
la reserva de voto de Ciudadanos. La proposición sólo recibió el plácet
de los dos ediles socialistas.
Por medio, en marzo de 2016, fue el Chusticia d'Aragón el que envió
una carta al Ayuntamiento de Calatayud. En ella apuntaba que “tampoco
podría considerarse como argumento válido para eludir esta obligación
municipal el hecho de que el objeto a valorar, en este caso, es una
medalla que se concede con carácter vitalicio, por lo que, ante la
muerte de su receptor, ningún efecto tendría ya. Y ello por cuanto lo
que, al parecer, se pretendería en este caso con la retirada de la
medalla es eliminar cualquier vestigio del pasado de su otorgamiento
–recuerdo a desaparecer-, y no tanto su proyección y/o posibles
consecuencias futuras. Lo que habrá de merecer una valoración en
profundidad del Pleno. También habrá de valorarse el dato de que el
carácter de este tipo de medallas no necesariamente o siempre puede
calificarse de ‘vitalicio’ en la media en que también se pueden conceder
post mortem”.
En la réplica, el alcalde se refería a la “endeblez del argumento”
usado por el Chusticia y señalaba que “el pasado, pasado está y, por esa
misma razón, las nuevas denominaciones de las calles surgidas tras la
llegada de la democracia no han podido eliminar la existencia de un
periodo anterior en las que se llamaban con otro nombre, el cual quedó
impreso en cartas, membretes, escrituras, contratos, etcétera”.
Para concluir, anotaba que “no hace falta valorar lo que resulta
obvio y convencidos de que la distinción que se pretende retirar ya no
existe, por lo que, lamentablemente, no se puede aceptar la sugerencia
del Justicia”.
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