Los secretos de la Transición, el 23F o los GAL, un paso más cerca de ver la luz
El Pleno del Congreso ha dado luz verde este martes a la tramitación de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, entorpecida desde 2016 por PP y PSOE
y cuya aprobación final permitiría que secretos de la Transición del
franquismo al régimen del 78, del intento de golpe de Estado del 23F de
1981 o de la creación y los crímenes de los GAL salieran a la luz.
PSOE, PP y Vox habían vetado en la mañana de este martes en la Mesa del Congreso, en contra del criterio de los letrados de la Cámara, la tramitación de la comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los GAL, que habían solicitado diversas formaciones. Sin embargo, en el Pleno del Congreso celebrado ya por la tarde, el PSOE ha votado a favor de la tramitación de la proposición de ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales, propuesta por el PNV, que permitiría desclasificar documentos relativos a la Transición, al 23F o a los GAL e incluso a los crímenes del franquismo; en este sentido, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha insistido en la necesidad de avanzar en los principios de “verdad, justicia y reparación” para las víctimas del franquismo. No obstante, la desclasificación de documentos dependerá finalmente de las enmiendas que los grupos acaben introduciendo en la ley durante su tramitación, y el PP ya ha advertido de que se opondrá a la desclasificación automática de ciertos documentos.
La propuesta de reforma –que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, Junts, PNV, EH Bildu, BNG o CUP, la abstención de PP y Ciudadanos y el voto en contra de Vox– pretende entre otras cosas que los documentos ‘reservados’ y ‘secretos’ sólo puedan ser clasificados por el Gobierno –actualmente también puede clasificarlos la Junta de Jefes de Estado Mayor y sólo puede desclasificarlos el órgano que los clasificó– y que los ‘reservados’ se desclasifiquen en un plazo de diez años y los ‘secretos’ en un plazo de 25 o, excepcionalmente, 35 años.
Esta reforma de la Ley de Secretos Oficiales podría servir, por ejemplo, para acercarse a la verdad sobre temas como la relación de González con los GAL, y es que según han insistido varios grupos no es de recibo desde el punto de vista democrático que en España se tenga conocimiento oficial de ciertos asuntos a través de terceros Estados –en referencia al documento desclasificado por la CIA que asegura que González“acordó la creación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a terroristas”– porque en España ciertos documentos nunca se desclasifican.
El diputado de Vox Hugo Fernández-Roca ha acusado al PNV de pretender “deslegitimar el sistema constitucional” sacando a la luz “secretos de Estado”, mientras que el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, le ha retado a apoyar la tramitación para poder enmendarla y proteger ciertos documentos de Estado de los “socialcomunistas y rojoseparatistas” que están en contra de “los valores eternos y perpetuos de España”, ha ironizado. La diputada del PSOE Andrea Fernández ha destacado que la actual Ley de Secretos Oficiales es preconstitucional –data del franquismo, concretamente de 1968– y “poco operativa” y ha asegurado que es necesario modificarla para conjugar “la defensa del Estado” con una norma “rigurosa y garantista”. Y la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha defendido una ley basada en la “transparencia” y no en “tapar vergüenzas”.
Además de sobre los crímenes del franquismo –supuestamente amnistiados por la Ley de Amnistía de 1977–, son muchas las sombras que planean aún sobre el proceso de Transición del franquismo al régimen del 78 y sobre los crímenes de la propia Transición, sobre el supuesto papel de altas instituciones del Estado en el intento de golpe de Estado del 23F de 1981 o sobre la creación, el funcionamiento y los crímenes de los GAL, por algunos de los cuales llegaron a ser condenados penalmente miembros del Gobierno de González y altos cargos de su Administración, como el exministro del Interior José Barrionuevo, el ex director general de la Seguridad del Estado Rafael Vera, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga o el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal.
PSOE, PP y Vox habían vetado en la mañana de este martes en la Mesa del Congreso, en contra del criterio de los letrados de la Cámara, la tramitación de la comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los GAL, que habían solicitado diversas formaciones. Sin embargo, en el Pleno del Congreso celebrado ya por la tarde, el PSOE ha votado a favor de la tramitación de la proposición de ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales, propuesta por el PNV, que permitiría desclasificar documentos relativos a la Transición, al 23F o a los GAL e incluso a los crímenes del franquismo; en este sentido, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha insistido en la necesidad de avanzar en los principios de “verdad, justicia y reparación” para las víctimas del franquismo. No obstante, la desclasificación de documentos dependerá finalmente de las enmiendas que los grupos acaben introduciendo en la ley durante su tramitación, y el PP ya ha advertido de que se opondrá a la desclasificación automática de ciertos documentos.
La propuesta de reforma –que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, Junts, PNV, EH Bildu, BNG o CUP, la abstención de PP y Ciudadanos y el voto en contra de Vox– pretende entre otras cosas que los documentos ‘reservados’ y ‘secretos’ sólo puedan ser clasificados por el Gobierno –actualmente también puede clasificarlos la Junta de Jefes de Estado Mayor y sólo puede desclasificarlos el órgano que los clasificó– y que los ‘reservados’ se desclasifiquen en un plazo de diez años y los ‘secretos’ en un plazo de 25 o, excepcionalmente, 35 años.
Esta reforma de la Ley de Secretos Oficiales podría servir, por ejemplo, para acercarse a la verdad sobre temas como la relación de González con los GAL, y es que según han insistido varios grupos no es de recibo desde el punto de vista democrático que en España se tenga conocimiento oficial de ciertos asuntos a través de terceros Estados –en referencia al documento desclasificado por la CIA que asegura que González“acordó la creación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a terroristas”– porque en España ciertos documentos nunca se desclasifican.
El diputado de Vox Hugo Fernández-Roca ha acusado al PNV de pretender “deslegitimar el sistema constitucional” sacando a la luz “secretos de Estado”, mientras que el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, le ha retado a apoyar la tramitación para poder enmendarla y proteger ciertos documentos de Estado de los “socialcomunistas y rojoseparatistas” que están en contra de “los valores eternos y perpetuos de España”, ha ironizado. La diputada del PSOE Andrea Fernández ha destacado que la actual Ley de Secretos Oficiales es preconstitucional –data del franquismo, concretamente de 1968– y “poco operativa” y ha asegurado que es necesario modificarla para conjugar “la defensa del Estado” con una norma “rigurosa y garantista”. Y la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha defendido una ley basada en la “transparencia” y no en “tapar vergüenzas”.
Además de sobre los crímenes del franquismo –supuestamente amnistiados por la Ley de Amnistía de 1977–, son muchas las sombras que planean aún sobre el proceso de Transición del franquismo al régimen del 78 y sobre los crímenes de la propia Transición, sobre el supuesto papel de altas instituciones del Estado en el intento de golpe de Estado del 23F de 1981 o sobre la creación, el funcionamiento y los crímenes de los GAL, por algunos de los cuales llegaron a ser condenados penalmente miembros del Gobierno de González y altos cargos de su Administración, como el exministro del Interior José Barrionuevo, el ex director general de la Seguridad del Estado Rafael Vera, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga o el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal.
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