La marquesa argentina y el terrorismo
Isabelo Herreros
Se extrañaba don Manuel Azaña de que el embajador de Argentina en España en aquellos años, Roberto Levillier, fuese monárquico, y acérrimo defensor de los Borbones. El diplomático había llegado a España en 1927, e hizo buenas migas con Alfonso XIII, así como con el general Primo de Rivera, y otros militares y aristócratas de aquella ya decadente Corte. Levillier
era además historiador, especializado en la conquista de América
durante el siglo XVI y todo un apasionado del Imperio Español, al igual
que John Elliott, el hispanista británico director de la presunta tesis doctoral de Cayetana Álvarez de Toledo,
durante la estancia de ésta en Londres como estudiante. Pero lo
preocupante de aquel diplomático porteño, de la más alta alcurnia
argentina, era su simpatía declarada por el régimen nazi, para el que
trabajó dentro y fuera de su país, y fue artífice de esas amistades
peligrosas que tuvieron como consecuencia, tras el final de la Segunda
Guerra Mundial, la llegada a Buenos Aires o Córdoba, de los más
siniestros asesinos del Tercer Reich, como fue el caso de Otto Adolf Eichmann,
el siniestro criminal, finalmente secuestrado por el Mosad en 1960 y
juzgado en Israel, y que dio origen a una de las más profundas
reflexiones intelectuales sobre el nazismo, la que hizo Hannah Arendt, acerca de la banalidad del mal.
Valga esta entradilla para situar algunas casualidades, que no lo son
tanto, pues esa simpatía por la monarquía española y nuestra castiza y
rancia aristocracia, aunque no es algo abundante en Argentina, resulta
que existe, al menos entre la oligarquía y sectores de la burguesía, lo
que no deja de ser curioso, en un país con un régimen político
republicano muy consolidado. No hace tantos años pude constatar, no sin
extrañeza, que una postulante a candidata a la presidencia de la
República, Grazziela Fernández Meijide, también era muy monárquica, y me afeaba a mí, por entonces dirigente de IU, esa “manía” que teníamos a Juan Carlos de Borbón,
un rey ejemplar, maravilloso y no sé cuantos otros adjetivos le dedicó,
por lo que no tuve más remedio que replicarle, y sugerirle que
presentase en la cámara de diputados de su país un cambio de forma de
Estado, con el hoy rey emérito como postulante a la Jefatura. Ahí acabó
la entrevista.
Pero es de la marquesa de Casa Fuerte de quien quiero hoy escribir, y
de su persistencia en posibles injurias y calumnias hacia el padre del
vicepresidente segundo del Gobierno, con esas acusaciones de vinculación
con el terrorismo, y no para afearle su falta de conocimiento de la
reciente historia de España, si no para situar a la diputada popular
ante su propio espejo, puede que traído de la mansión familiar
bonaerense, y que también le sirve para recrear y acrecentar su ego,
corregido y aumentado desde que empezó a recibir grandes elogios de toda
la caverna mediática, y fue entronizada, nada menos que como portavoz
del principal partido de la oposición en el Congreso de los Diputados. A
continuación, no ha parado de llamar vende patrias y malos españoles a
todos aquellos que no son afines al PP o a VOX, lo que no deja de llamar
la atención en una persona que solo tiene DNI desde el año 2008, y que
el resto de su vida, nada menos que 34 años, ha sido argentina, y, según
ella misma pregona, lo sigue siendo por derecho. Eso sí, aquí le ha
cundido más el patriotismo y ya ha hecho su capitalito, no como la
mayoría de los inmigrantes latinos, que no les da el sueldo ni para
pagar el alquiler del piso, y tienen que acudir a los comedores
sociales; doña Cayetana ya tiene piso en propiedad en
Madrid, un apartamento en París y otro en Buenos Aires, incluso una
finca rústica en Toledo tiene la noble señora.
Ahora vamos con el debate suscitado en torno a los últimos años del
franquismo, y a los grupos políticos que, como el FRAP entre ellos,
decidieron acelerar la caída de aquella dictadura criminal del general Franco,
mediante atentados que tenían por objeto debilitar a un régimen que ya
hacía aguas por todas partes. Lo primero que hay que decir que no hace
falta acudir al viejo Marx, para justificar la violencia como respuesta a la ejercida por los tiranos. Mucho antes, el jesuita padre Juan de Mariana, natural de Talavera, expuso en su obra De rege et regis institutione (Toledo,
1599), que el rey debe de subordinarse a la ley moral y al Estado, y
que puede estar justificada la revolución, y la ejecución por el pueblo
del monarca si éste es un tirano. El libro fue solemnemente quemado en
París, al declararlo subversivo el parlamento, tras el asesinato de Enrique IV de Francia. Juan de Mariana había escrito este libro a instancia del preceptor de Felipe III, el también talaverano García Loaísa. En España fue considerado Mariana como influenciado por Erasmo de Rotterdam, y, pronto la Compañía de Jesús tomó distancias con el gran teólogo e intelectual.
Es decir, no es lo mismo, con sus aciertos, errores, e incluso
crímenes, un grupo armado que lucha contra un régimen fascista y
clerical, como lo era el franquismo, que un grupo armado que, en un
régimen democrático de libertades, asesina a militares, policías, e
incluso a representantes políticos de las instituciones del Estado, y
que es lo que ha continuado haciendo ETA hasta el final. A partir de ahí
hay muchos matices a tener en cuenta, como lo es el de aquellos que,
militando en un grupo político, como lo era el FRAP, extensión armada
del Partido Comunista de España (Marxista Leninista) y que hoy es una
organización legal, no tuvieron otro papel que el de estar adscritos a
alguna de las organizaciones afines, como lo eran colectivos feministas,
sindicales o culturales. Tal y como se ha recordado en algunos medios,
este grupo tuvo el raro privilegio de contar entre los suyos a tres de
los últimos fusilados por el régimen franquista, en septiembre de 1975,
tras un juicio militar sumarísimo, sin garantía procesal alguna y sin
posibilidad de aportar pruebas o testigos. Por lo demás, este y otros
grupos, salvo el GRAPO y ETA, abandonaron pronto la lucha armada e
iniciaron otras vías políticas. Hay que recordar, por la parte que toca a
los equidistantes del PSOE, que el FRAP tuvo como fundador y
presidente, desde 1973 hasta su fallecimiento en 1975, al exministro
socialista exiliado don Julio Álvarez del Vayo. De otra
parte, la existencia del FRAP fue efímera en el tiempo y con escasa
actividad violenta, apenas seis atentados mortales, pero que tuvo una
respuesta brutal del régimen, con detenciones y encarcelamientos,
torturas, algunas horrorosas, como las sufridas por el joven Cipriano Martos,
al que la policía hizo tragar ácido sulfúrico y gasolina, para verle
morir dos días después, y así distraer los ratos de ocio de los
torturadores de la célebre y siniestra BPS.
Quienes no abandonaron el crimen político, y esto conviene
recordárselo a la señora marquesa, fueron las cloacas del Ministerio del
Interior y grupos paramilitares a su servicio, que siguieron asesinando
de manera impune a lo largo de toda la “modélica” transición, hasta más
de doscientas víctimas, la mayoría con cobertura de impunidad absoluta.
Pedazos de aquella misma manzana podrida del Ministerio del Interior
fueron el Batallón Vasco Español, y su continuación el GAL, cuya vida se
alargó hasta 1987.
Muchos de quienes militaron en organizaciones de la llamada extrema
izquierda, incluso del citado FRAP, se incorporaron años después a
partidos políticos constitucionales, como el PSOE, el PCE, Izquierda
Unida, o incluso el Partido Popular, en el que recalaron destacados
miembros del grupo Bandera Roja, como las exministras Celia Villalobos y Pilar del Castillo, y también del propio FRAP, como el exconseller valenciano Rafael Blasco;
otros ex miembros del citado grupo republicano han realizado destacadas
y brillantes carreras en el mundo empresarial, en el alto funcionariado
o en el periodismo, sin que jamás, hasta ahora, nadie les haya llamado
terroristas, entre otras cosas porque ni habían matado a nadie ni
habían realizado actividad violenta alguna. Otros grupos de la extrema
izquierda de entonces, como eran los maoístas PTE y ORT, fueron un
auténtico vivero de cuadros políticos, descubierto por Alfonso Guerra, y que es de donde proceden Francisca Sahuquillo, José Sanroma Aldea
y otras muchas personas más o menos conocidas que han ocupado altos
cargos en la Administración, como también es el caso del padre de Íñigo Errejón, con gobiernos del PSOE y también del PP.
Espero que a partir de ahora y con la misma vara de medir, la
marquesa de Casa Fuerte, cuando se encuentre con compañeros o compañeras
de partido con ese pasado político, utilice por ejemplo para el saludo:
“buenos días estalinista”, “buenos días maoísta”, “buenos días
terrorista” o “amigo de terroristas”. No se me ocurre ahora como
tendrían que llamar en el PP a los afiliados o dirigentes que son hijos o
nietos de jerarcas de la dictadura. Consideraciones de otro tipo se han
hecho estos días por eminentes constitucionalistas, acerca del alcance
de las leyes y acuerdos realizados entre los años 1976 al 1978, como la
Ley de Amnistía, el recorrido en dos direcciones que tuvo, y la ruptura
con aquello que puede suponer la actual deriva virulenta del discurso de
la derecha española.
Pero para tratar de entender los retruécanos y arcanos de la
complicada cabeza de la portavoz popular, vayamos a su país,
precisamente a los años en que la futura marquesa aún no había nacido o
era bebe. Fue en 1973 cuando se produjo el regreso del general Perón
de su confortable exilio madrileño, y también el inicio de un periodo
de violencia que tuvo como protagonista inicial a la Triple A, un grupo
terrorista, auspiciado por el ministro de Bienestar Social, López Rega
(a “el brujo”), y que fundamentalmente se dedicó a asesinar a miembros
del propio Partido Justicialista, que se habían desviado hacia la
izquierda en ausencia del fundador, como era el caso del grupo
Montoneros y también sindicalistas y estudiantes de la izquierda
peronista. Se calcula que hubo más de mil víctimas de aquel terrorismo
de Estado, bajo del mandato de la viuda de Perón, María Estela Martínez, previo al del general Videla y sus secuaces.
Después vino el golpe de los militares de marzo de 1976, para
completar el mapa de un continente, en el que la CIA norteamericana
había auspiciado sangrientos cuartelazos, como había sido el llevado a
cabo en Uruguay en junio de 1973, o el de Pinochet en
Chile en septiembre del mismo año. Aquello ocurría durante la Guerra
Fría, pero no solo para aupar a generales fascistas al poder, si no para
imponer a sangre y fuego un modelo económico neoliberal, con Chile como
laboratorio para Milton Friedman y sus Chicago Boys.
Si en Chile el diario El Mercurio había sido el principal diario que animó y apoyó el golpe de Estado, en Argentina ese papel siniestro lo cumplió La Razón, el diario conservador propiedad de la familia materna de Cayetana Álvarez de Toledo, los Peralta-Ramos, con el tío Patricio de director desde 1972 a 1986. Apenas asentado el gobierno del general Videla,
con fuertes apoyos desde este lado del Atlántico, incluso con asesores
militares y policiales, sucedió un episodio que aún hoy se debate, cual
fue la extraña muerte del empresario David Graiver, en
un accidente de avión, y a continuación secuestros y torturas de
familiares del mismo, y todo para que tres rotativos, entre ellos La Razón,
se hicieran con el control de Papel Prensa, en una operación muy
económica y siniestra apoyada por los militares. Precisamente, justo el
día antes del golpe militar, y como si de una señal convenida se
trátase, La Razón titulaba su editorial en portada: “Es inminente el final. Todo está dicho”.
El papel de la prensa argentina, durante aquellos años -singularmente
de los grandes medios-, fue de total complicidad con la dictadura, con
las excepciones conocidas y con varios centenares de periodistas
desaparecidos. Inicialmente hubo un sistema de censura previa, pero
después, fue tal el entreguismo a la Junta militar, de diarios como Clarín, La Nación o La Razón,
que no hizo falta mantener aquella oficina centralizada; se impuso la
autocensura, y solo había libertad para los elogios a tal o cual
ministro, como al de Economía, Martínez de la Hoz, para el que pedían todo tipo de homenajes. Otro personaje aplaudido era Jorge Horacio Zorreguieta,
alto cargo de la dictadura y empresario representante de las
oligarquías agrícolas que habían apoyado el golpe de Estado, es decir el
padre de la hoy reina de Holanda y de la que dice ser amiga la portavoz
del PP, porque ya lo eran de siempre sus familias.
La “lucha antisubversiva”, es decir los asesinatos, las torturas, las
desapariciones forzadas o la existencia de campos de exterminio, no
tuvo eco en la prensa. Solo había hueco, de vez en cuando, para las
notas que daba el propio régimen acerca del apresamiento o muerte de
algún “peligroso terrorista”. Todo era una balsa de aceite, si se leían
los diarios; no era distinto el panorama en la radio o televisión. Tal y
como en los tiempos de la dictadura franquista en España solo algunas
emisoras o medios de comunicación extranjeros se hacían eco de lo que
pasaba en el interior del país. La dictadura argentina tuvo la
complacencia de los gobiernos españoles de la transición, -con visitas
de Estado de los Reyes- y también la anuencia de Felipe González,
que ni facilitó ayuda a exiliados que llegaban huyendo de la muerte, ni
quiso escuchar las denuncias que hacían los familiares de desaparecidos
de origen español, y que eran varios centenares. La Iglesia católica
tuvo también un papel destacado, primero en la gestación del proceso que
llevó al golpe de Estado, y después como legitimadora del nuevo orden,
en lo que consideraban, en especial el Nuncio de la Santa Sede, Pio Laghi,
una guerra necesaria contra el comunismo en América Latina; con roles
siniestros, como el de confortar y tranquilizar a los militares de los
“grupos de tareas”, y que eran los que realizaban los tristemente
célebres vuelos de la muerte.
Entre los argentinos que llegaron a España al poco tiempo del golpe,
huyendo de la Triple A, se encontraban dos hermanos, periodistas, que
habían nacido en Talavera de la Reina poco antes de la guerra civil,
hijos de un médico español, Fernando Mas Robles, exiliado en Argentina. Este viaje, de Fernando y Luis Mas Fernández-Sanguino,
a un doble exilio fue ya sin retorno. Los dos hermanos tuvieron en
España trayectorias profesionales muy destacadas, y comprometidas con la
defensa de los Derechos Humanos. Precisamente fue Fernando, que ocupó el cargo de Jefe de Internacional de la revista Cambio16, quien denunció la presencia en España de Roberto Almirón,
un comisario de policía argentino, jefe máximo de la Triple A, y que
encontró trabajo en nuestro país como Jefe de Seguridad y escolta de Manuel Fraga. Alianza Popular lo defendió, y, incluso le puso a uno de sus mejores abogados, Alberto Ruiz-Gallardón. La impunidad del asesino duró hasta el año 2008, en que fue extraditado por el gobierno de Rodríguez Zapatero, más sensible que los anteriores a los reclamos de las víctimas de aquel genocidio.
El momento cumbre de aquel país, para la propaganda de la Junta
Militar, fue el Mundial de Fútbol de 1978, con asistencia de todas las
selecciones del mundo, a pesar de que hubo una intensa campaña de boicot
de organizaciones de Derechos Humanos. Dentro del reparto de poder
entre las distintas facciones del Ejército, fue finalmente la Marina la
que se llevó el gato al agua de la organización del acontecimiento, con
un desmesurado presupuesto, con reparto de prebendas para amigos, y con
sumas importantes para corromper a políticos y periodistas de medio
mundo. Mientras se jugaban los más importantes partidos en Buenos Aires,
a menos de un kilómetro del estadio, en la Escuela Mecánica de la
Armada (ESMA), se seguía torturando y asesinando, con la paradoja de que
precisamente fue en este centro siniestro en el que el gobierno militar
instaló una oficina de prensa para combatir a la prensa extranjera que
publicaba noticias y opiniones contrarias a aquel régimen criminal.
Aquella información domesticada era la que publicaba el diario La Razón, de los Peralta-Ramos.
En aquel gabinete de comunicación fueron obligados a trabajar unos
cuantos presos políticos con perfil universitario. Un acuerdo comercial
entre las dictaduras de Perú y Argentina incluyó que la selección
argentina debía de ganar el Mundial, lo que a la postre ocurrió, con un
resultado de 6-0, todo ello bajo la supervisión de Henry Kissinger, que incluso visitó en el vestuario a los jugadores peruanos acompañado de Jorge Videla.
Del papel del periódico de la familia Peralta-Ramos en aquellos años, el profesor Marcelo Borrelli, de la Universidad de Buenos Aires y gran autoridad en la Historia de la prensa argentina, tiene escrito lo siguiente:
La Razón, cuyo paquete accionario estaba en manos del
Ejército, no tenía un espacio dedicado a los editoriales, pero desde sus
titulares de tapa fue un vocero abierto del golpe de Estado, apoyó con
ahínco las acciones militares “antisubversivas” y no escatimó las
noticias triunfalistas y sensacionalistas en favor del régimen. A su
manera, reprodujo y amplificó el discurso militarista, destacándose los
titulares apologéticos y que transmitían complacencia con la nueva
situación posterior al golpe de Estado.
La pesadilla argentina acabó de mala manera; tras el desastre de la
derrota militar del ejército ante la marina británica en las Islas
Malvinas, y el proceso de transición y unas elecciones que llevaron al
poder a la Unión Cívica Radical de Raúl Alfonsín, un
abogado del sector más socialdemócrata de su partido, de origen gallego,
y que hizo lo que ningún otro mandatario en América Latina tras el
final de una dictadura, y que fue procesar y encarcelar a los golpistas,
y someterles a juicio, y dio con ello una lección de dignidad a la
humanidad, al no aceptar las presiones internacionales para hacer una
ley de amnistía que “pacificase” al país, tal y como le aconsejaban
algunos “amigos” de la Internacional Socialista, como Felipe González, por entonces con gran predicamento en Buenos Aires, México o Caracas. Aquel juicio, que tuvo como Fiscal a Julio Strassera, un discípulo del gran penalista español Luis Jiménez de Asúa,
puso en evidencia, de manera descarnada, la existencia de los centros
clandestinos de detención, tortura y asesinato, así como todo el
entramado organizado para aquella política de exterminio de una parte de
la población, para la implantación de un modelo económico depredador,
con un país arrodillado, sin sindicatos ni fuerzas políticas que
opusieran resistencia. Aquel proceso se había cobrado cerca de treinta
mil desaparecidos, según las cifras que manejan los organismos de DDHH,
si bien es cierto que muchas de estas víctimas no se han podido
documentar, en parte por la política de eliminación de pruebas que
realizó la dictadura en sus últimos meses de existencia.
Nadie se atreve en Argentina a llamar terroristas a los
desaparecidos, ni a los militantes de grupos de izquierda que
sobrevivieron al genocidio, aunque algunos eran miembros de grupos
guerrilleros. Es conocido, además, que al día de hoy se sigue
enjuiciando y persiguiendo en Argentina a responsables, en mayor o menor
grado, de aquellos delitos de lesa humanidad, y que, la pretendida
teoría de los dos demonios, lo que aquí se llama equidistancia, si nos
referimos a la Guerra Civil y el franquismo, fue desterrada del discurso
político, y ha quedado asentada una doctrina jurídica en Derechos
Humanos de las más avanzadas del mundo.
La señora Álvarez de Toledo no se atrevería a llamar
terrorista en Buenos Aires a un diputado o ministro hijo de un
desaparecido, o de un ex miembro de las organizaciones que combatieron a
aquella criminal dictadura. Un amigo argentino, destacado jurista y
activista de DDHH, que sufrió exilio durante aquellos años, al que he
consultado en estos días por la posibilidad de una actuación parecida de
un diputado en Argentina, me comentaba: “creo que si aquí a algún
funcionario o legislador, hijo de desaparecido, que los hay, alguien le
dijera que es hijo de terrorista la repulsa sería generalizada”. Es
decir, es muy posible que las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo, junto con las de familiares de detenidos y desaparecidos, se
movilizarían para pedir una reprobación de todas las instituciones del
Estado, sin perjuicio de las iniciativas de carácter penal que se
cursarían con seguridad. Sin duda hay diferencias entre los procesos de
construcción de la memoria democrática de España y Argentina. En Buenos
Aires el principal centro de detención y tortura, la citada ESMA, es hoy
un centro-museo internacional de referencia en la preservación de la
dignidad de las víctimas de una dictadura, aquí la cárcel de Carabanchel
fue derruida, y el edificio de la antigua Dirección General de
Seguridad, donde Billy el niño y demás tropa de la BPS
torturaban, no tiene siquiera una placa que recuerde a quienes fueron
sus víctimas. Como dijera aquel lema del Ministerio de Información y
Turismo de Manuel Fraga: Spain is different.
Fuente → eldigitalcastillalamancha.es
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