Con testimonios policiales como única prueba, el
TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) condenaba el pasado mes
de abril a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa
Serra, a un año y siete meses de cárcel por un
delito de atentado a la autoridad y a dos multas de cuatro meses con
cuota diaria de 10 euros –2.400 euros en total– por un delito de
lesiones y otro de daños, por los hechos sucedidos en enero de 2014
cuando, junto a otros activistas sociales, intentaba parar el desahucio
de una persona con discapacidad en el barrio madrileño de Lavapiés.
La
defensa de Serra ha denunciado que los hechos probados de la sentencia
se apoyan sólo en la declaración de policías que sostienen una versión
de los hechos contraria a la de la portavoz de Unidas Podemos y otros
testigos, y que por ello la condena constituye una degradación
de la presunción de inocencia, pues concede un plus de credibilidad a
esos policías con respecto al resto de testigos, contraviniendo
así la jurisprudencia del Tribunal Supremo. “Se está negando mi
presunción de inocencia, porque se está dando un plus de credibilidad a
la palabra de tres policías que a la de cualquier ciudadano, y en este
caso a la mía. De hecho, la sentencia sólo se basa en la palabra de esos
agentes, frente a todas las pruebas, que son contrarias a las
acusaciones de esos policías”, explica Serra a este diario.
“Es
tremendo que nosotros aportáramos más vídeos y más fotografías de las
que se aceptó ver en el juicio, y sin embargo el argumento que utiliza
la sentencia es que los vídeos son insuficientes porque no muestran toda
la realidad de lo que pasó en todo el desahucio, durante todas las
horas. Es un poco perverso: primero te retiran las pruebas que estás
aportando y no las incorporan y después, sobre las que han aceptado, te
dicen que son insuficientes. Además, el momento en el que se me ve en un
vídeo se utiliza contra mí para decir que estaba en el lugar donde
posteriormente se produjeron altercados, es decir que no sólo no
lo incorporan para mostrar que yo tenía una actitud pacífica, sino que
encima lo poco que incorporan es solamente para culparme”, denuncia.
La
defensa de Serra recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo “en
cuanto se habiliten los plazos para hacerlo”, que han estado suspendidos
por la pandemia de coronavirus. “El Supremo no tiene por qué volver a
valorar las pruebas, es una decisión que tiene que tomar él y puede
hacerlo o no; para mí es fundamental que lo haga, porque toda la prueba
documental, en la que hay 115 vídeos en los que se ve perfectamente qué es lo que pasa en ese desahucio,
cambia radicalmente si la ves a si no la ves, y de hecho eso es lo que
la sentencia despacha en dos líneas pero es lo fundamental para
nosotros. De hecho, salgo en una actitud muy tranquila y
cuidándome de la situación: había cargas policiales…; se me ve dos
minutos, pero es que estuve muy poco, los policías dicen que estuve
desde las siete de la mañana pero la realidad es que llegué a las once y
media, y media hora después me fui”, explica.
Esos policías son
de la UCS (Unidad Central de Seguridad), la brigada antidisturbios de la
Policía Municipal de Madrid. “Un cuerpo específico que creó Ana Botella
y que posteriormente el Ayuntamiento de Manuela Carmena, con Javier
Barbero como responsable del área de Seguridad, trató de disolver –por
cierto, hubo una campaña muy fuerte por parte de algunos sindicatos
pidiendo que no se disolviera…–; son los mismos que han participado en
este juicio y que me acusan a mí”, denuncia.
Preguntada sobre si
considera el suyo un caso de persecución policial y judicial, Serra
asegura: “es muy evidente una persecución por parte de los agentes que
me acusan, no por ser de Podemos –que no lo era todavía–, sino por ser una activista social;
se fue a detener a quienes se nos conocía por estar en movimientos
sociales”. Y añade: “que yo ahora sea una cara conocida de Podemos ha
estimulado en el mal sentido la decisión judicial, porque este proceso,
tan público, podría haber servido para que se dieran todas las
garantías, pero ha sido todo lo contrario, y es que el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid es un tribunal politizado, varios de sus jueces
son elegidos por la misma Asamblea de Madrid, donde la mayoría es del
PP”.
Una “persecución política”
Fuentes de Unidas Podemos
enmarcan el caso de Serra en una “persecución política” tanto hacia el
activismo social como hacia la propia formación y lo ponen en relación
con otros, como el que afectó a Yolanda Díaz, Rafa Mayoral, Antón Gómez-Reino y Ángela Rodríguez,
que el pasado mes de septiembre eran citados a declarar por una juez de
Madrid por un supuesto delito de atentado contra la autoridad durante
las movilizaciones que trabajadores de las fábricas de Alcoa, en A
Coruña y Avilés, llevaron a cabo en marzo de 2019 frente al Congreso, en
defensa de sus puestos de trabajo, y que se saldaron con un trabajador
detenido.
Mayoral, abogado además de diputado de Unidas Podemos,
denunció entonces que “todo el atestado” era “irregular” y aseguró que
hay unidades policiales dedicadas “a la persecución de representantes políticos”.
“Esto en el fondo no deja de ser una amenaza para la gente que quiera
participar en política, porque si defienden a la clase trabajadora y se
enfrentan a las multinacionales, las ‘cloacas del Estado’ actuarán”,
alertó. Díaz, actual ministra de Trabajo, negó que agredieran a policías
durante la movilización y denunció que, por el contrario, varios de los
manifestantes sí fueron “duramente golpeados”. “Decir que he arengado a
las masas y que he roto las vallas y que he golpeado a la autoridad es
incierto y preocupante”, señaló.
Sólo después de que Díaz,
Mayoral, Gómez-Reino y Rodríguez se querellaran contra la juez por
supuestas irregularidades en la instrucción del caso, esta
decretaba “el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes
actuaciones” tanto contra ellos como contra la mayoría de los
trabajadores de Alcoa encausados, reconociendo que “las manifestaciones”
de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía –como en el caso de
Serra, las acusaciones se basaron únicamente en las declaraciones de los
policías– describían hechos “inconcretos, vagos genéricos y sin entidad suficiente” para seguir con el caso abierto.
Volviendo
a Serra, la parlamentaria autonómica asegura que su caso constituye “un
mal precedente para la movilización social, porque se me está aplicando la doctrina ‘masa de acoso’”
–doctrina que permite declarar la coautoría de un acusado de un delito
grupal violento, como una agresión llevada a cabo en situaciones de
superioridad numérica, aunque ninguna prueba lo incrimine directamente–,
“que hasta ahora se había usado únicamente para peleas callejeras”. “Se
entiende que hay coautoría cuando hay varias personas pegando a otra en
el suelo, pero aquí se aplica contra una persona por ejercer su derecho
a estar en una manifestación, culpándome y responsabilizándome de todo
lo que pudo pasar en la paralización de ese desahucio; es un precedente
muy malo para las movilizaciones sociales y para el derecho de
manifestación”, insiste.
Fuente → laultimahora.es
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