“Dirty war”
El término “guerra sucia”, que aparece en el informe de la CIA del 19
de enero de 1984, era usado por la agencia estadounidense en referencia
a operaciones de terrorismo de estado en todo el mundo en la década de
los 80. Reflejando que “el gobierno ha adoptado una estrategia poco
ortodoxa”, el informe recoge entre espacios censurados que “González ha
aprobado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el
Ejército, para combatir por fuera de la ley”.
Las operaciones del GAL comenzaron tres meses antes de la redacción
de este informe, con el secuestro y ejecución de Lasa y Zabala, aunque
en enero de 1984 todavía no era público ni su asesinato, ni la
existencia del GAL. Sin embargo, la CIA ya estaba al corriente, no sólo
de la creación de este cuerpo parapolicial, sino de los anteriormente
utilizados por la “joven democracia española”, como Anti Terrorismo ETA
(ATE), la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) o el Batallón
Vasco Español.
Este tipo de bandas fueron llamadas “grupos incontrolados” en la
Transición y fueron uno de los caminos abiertos desde los cuerpos
represivos franquistas hasta las nuevas cloacas del estado, pero también
el lugar de paso de mercenarios internacionales. Esta práctica fue
probada en el juicio en Lisboa al subcomisario Amedo, por contratar
sicarios con fondos del Estado español para atentar en el sur de
Francia, pero también lo expresa el informe al señalar que “los
mercenarios no tendrían por qué ser necesariamente españoles”.
"Creían que no nos íbamos a atrever"
Por otra parte el informe recoge ya en 1984 algunas de las líneas de
represión utilizadas más adelante por el Gobierno, como la “autoridad
para disolver partidos políticos”, la “previsión de cerrar medios de
comunicación” o “eliminar restricciones a la policía”.
Estas medidas serían tomadas en la década del 2000 en casos como los
de Egin, Egunkaria o los múltiples partidos políticos ilegalizados a
través de la Ley de Partidos, mientras la “guerra sucia” continuaba por
parte del Estado, con ejecuciones extralegales y más de 3.000 casos de tortura denunciados en Euskadi después de 1978.
Las conexiones entre el terrorismo de Estado y el gobierno quedaron
más que demostradas con la condena al exministro de Interior José
Barrionuevo y el secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.
Ambos recibieron la cordial visita en prisión del expresidente González y
tres meses después serían indultados por el gobierno de José María
Aznar. Entre 1983 y 1987 se les identificaría como ejecutores de 27
víctimas mortales, varios secuestros y decenas de casos de torturas,
todo ello con el visto bueno y el sueldo a cargo del gobierno de Felipe
González.
Por consiguiente...
Sánchez ya justificaba el terrorismo de estado cuando se destapaba el asunto.
Iglesias pasaba de denunciar la responsabilidad del PSOE en la creación
del GAL, calificándolo como el “partido de la cal viva”, a convertirlo en socio de gobierno.
Mientras tanto, el “Gobierno más progresista de la historia” sigue
vigilado por Felipe González desde el yate en el tiempo libre que le
dejan los consejos de administración de las grandes eléctricas.
¿Qué implicaciones podría tener esto? Mientras continúa la batalla de
“tirones de la manta” entre la revelación de las millonarias comisiones
cobradas por la monarquía y la publicación de los papeles de la CIA, no
parece cercano algún intento de juicio serio ni al expresidente ni al
rey emérito. El Gobierno, la justicia y la prensa a coro continúan en
modo “circulen, aquí no ha pasado nada”, toda una tradición del Régimen
del 78’ cuando el olor de las cloacas es demasiado fuerte.
Fuente → izquierdadiario.es
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