El anuncio de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una
investigación relacionada con las cuentas de Juan Carlos y Felipe de
Borbón es el último punto y seguido de una decadencia lenta pero segura
de una monarquía ultraprotegida y sin embargo, cada vez más deteriorada.
Impunidad absoluta en la monarquía constitucional
El pasado domingo 7 de junio las grietas que recorren la corona
española volvieron a gemir bajo el peso de la opinión pública. La
televisión autonómica vasca emitió un reportaje en el que se denunciaban
las presuntas maniobras de acoso y amenaza que el servicio secreto
español habría realizado contra la amante del rey Juan Carlos, Corinna
Larsen, a causa de sus tejemanejes económicos vinculados a la
corrupción.
Unas horas después, el lunes, la fiscalía del Tribunal Supremo de
España anunciaba que se disponía a abrir una investigación sobre un
posible “sobrecoste” de 100 millones de euros que la monarquía absoluta
saudí habría pagado a Juan Carlos como premio a su intercesión en las
negociaciones del AVE entre las ciudades de Media y La Meca.
Los hechos habrían ocurrido en 2008 y parecen estar suficientemente
documentados para darle credibilidad: el rey aún recibió entonces “un
regalo” (en forma de transferencia de 100 millones de dólares) con
origen en el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, con el aval del
embajador saudí en Washington, Adel al-Joubeir, ante Arturo Fasana,
gestor de las cuentas de Juan Carlos y de algunas otras fortunas
asociadas a casos de corrupción.
Según parece, ese dinero se guardó en un banco suizo del que se
retiraban cantidades regularmente hasta que, en el año 2012, Juan Carlos
habría retirado los 65 millones que aún quedaban para ponerlos a nombre
de su amante Corinna en un banco en las Bahamas. Esto se habría
producido, precisamente, en el momento de su aparatoso escándalo en la
cacería de Botsuana. Después de que se hicieran públicas las palabras de
Corinna dirigidas al ex comisario Villarejo hablando de la fortuna real
y su presunto origen, el bando suizo en el que se encontraba depositada
comenzó una investigación sobre el origen del dinero, en el año 2018.
Al mismo tiempo se abre otra investigación en España relacionada con el
“Caso Villarejo” pero es inmediatamente cerrada al considerarse que Juan
Carlos no puede ser investigado debido a su inviolabilidad.
Pero el Estado no había abandonado la pista. Bien movida por afán de
justicia o bien para conocer la gravedad de la situación de Juan Carlos,
en 2019 la Fiscalía Anticorrupción se interesó por la información
recabada por la investigación paralela suiza y llegó a interrogar a
Corinna Larsen. Es entonces cuando la amante del rey saca a la luz por
primera vez las presuntas amenazas del Estado contra ella por
“revelación de secretos” (3 de marzo de 2020) y anuncia que denunciará a
Juan Carlos en un tribunal británico (5 de marzo). Exactamente un año
antes, los abogados de Corinna habían informado a Felipe VI de que su
nombra aparecía vinculado a una de las fundaciones con las que,
presuntamente, su padre blanqueaba dinero negro.
El 14 de marzo un diario británico hace pública esa vinculación
económica entre Felipe y su padre y 24 horas después la casa real hace
público un comunicado en el que Felipe dice renunciar a la herencia de
Juan Carlos, que le retira la manutención y que no tenía conocimiento de
su vinculación a las presuntas tramas de corrupción de Juan Carlos I
antes del 5 de marzo de 2019, pese a que después de conocidos los
presuntos hechos, tomó medidas legales en los meses de marzo y abril de
2019 para protegerse de cara a futuras acciones judiciales relacionadas
con aquellas cuentas y fundaciones.
Volviendo al momento actual, la anunciada investigación de
Anticorrupción se centra exclusivamente en saber si alguno de los
delitos presuntamente cometidos por Juan Carlos está fechado después del
momento de su abdicación (junio de 2014) y poder así proceder
judicialmente, dando por hecho que todos los que pudieran haberse
cometido anteriormente están a salvo de la justicia dada la impunidad
absoluta de nuestra monarquía constitucional.
Por supuesto, todo apunta a que la causa será archivada, bien por
estar prescritos los delitos, por situarse cronológicamente dentro del
periodo de impunidad real…. O cualquier otra causa legal que permita
dejar el asunto morir en la memoria. Felipe VI puede estar tranquilo
pues aunque su nombre apareciese vinculado (como parece estarlo ya) a
los negocios sucios de su padre, pues la misma impunidad absoluta que ha
protegido a Juan Carlos I durante más de 40 años (heredada directamente
de la impunidad del régimen franquista) le protegerá legalmente de
cualquier amenaza. Perro no come perro.
Fuente → noticiasmostolesespana.wordpress.com
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